El fiscal que decidió aquel archivo -que no practicó ninguna diligencia encaminada a esclarecer los hechos presuntamente delictivos y que no permitió ni siquiera al denunciante ver el expediente- es el señor Leandro Flores que integra -junto a su compañera Salinas Odorisio- una de esas infelices unidades fiscales que de tanto en tanto se inventan en Salta, y que ahora investiga las circunstancias en que se produjo la desgraciada muerte del joven Matías Ruiz, ocurrida hace unos pocos días en el centro de Salta.
El caso es que el señor Flores es uno de los que ha decidido enviar a prisión a cuatro trabajadores del SAMEC, imputados del homicidio culposo del joven Ruiz, que posteriormente fueron puestos en libertad por el Juez de Garantías competente en el asunto, a pesar de la injustificada insistencia del Ministerio Público Fiscal para que permanecieran en rigurosa prisión.
Ha sido en el contexto de estas diligencias penales que alguien ha insinuado que en la protesta laboral de los compañeros de los detenidos se podría haber cometido algún delito, por el hecho de que en las marchas convocadas se han exhibido las ambulancias del SAMEC.
Alguna mente perversa, de las que abundan en ciertas oficinas de color gris en la zona norte de la ciudad, entiende que los trabajadores que han protestado en las calles podrían haber incurrido en una indebida utilización de «bienes del Estado», con resultado de peligro para los enfermos que pudieran haber necesitado el traslado en ambulancia.
Pero da la perfecta casualidad, de que se trata de las mismas mentes que en su momento exculparon a Urtubey, al entender que su desparpajado abuso de las aeronaves del Estado no merece ningún reproche penal.
Es como si las aeronaves del Estado salteño hubieran sido propiedad del señor Urtubey y no «bienes del Estado», y también como si los desplazamientos del exmandatario y de su familia para asistir a conciertos, a partidos de fútbol o a su segunda residencia en el norte del Gran Buenos Aires, no hubiesen dejado a pie a ningún enfermo con derecho a utilizar el transporte aéreo.
Claro, Urtubey y los miembros de su familia no se desplazan en ambulancias, ni llegan a los partidos de Los Pumas haciendo rugir las sirenas. Tal vez sea por eso que los fiscales han dicho que no ha cometido delito alguno. Pero sí los tabajadores del SAMEC.
Al fiscal señor Leandro Flores le acompañará por mucho tiempo la sombra negra de un trato de favor hacia el Gobernador saliente. También será recordado por haberle negado al diputado provincial Héctor Martín Chibán, autor de la denuncia contra el exmandatario, su derecho a examinar las actuaciones.
Quizá algún día alguien tenga la valentía de descubrir una placa en honor de quien archivó a la velocidad del rayo una de las denuncias penales por corrupción mejor fundamentadas y documentadas de la historia reciente de Salta, y de quien parece sostener que el uso de las ambulancias en una protesta laboral pacífica y completamente legítima es un grave delito contra el decoroso orden público provincial.