Casi nadie sabe cómo afectará la futura reforma el ejercicio de sus derechos ciudadanos y el disfrute de sus libertades. Los ciudadanos no han sido consultados de ningún modo y no está previsto que se les consulte, ni antes ni después de la sanción de la nueva Constitución.
De la forma más autoritaria posible, a los ciudadanos y ciudadanas de Salta se les ha negado cualquier participación en el proceso constituyente, y se ha hecho de este modo no con otra intención que la de beneficiar a unas estructuras partidarias a las que los legisladores provinciales han concedido todos los poderes, aun a sabiendas de que nuestros partidos están completamente destruidos, que no sirven para lo que servían y que ya no representan lo que representaban antaño.
Aunque el gobierno de Gustavo Sáenz ha hecho (fuera de la ley, por supuesto) esfuerzos notables por instalar en la agenda pública la necesidad de reformar la Constitución, la tarea de informar a los ciudadanos sobre el proceso de reforma, sobre sus protagonistas y sobre los proyectos de cada uno sigue corriendo por cuenta de los partidos y de los líderes políticos, de los mismos que un día sí y otro también se mezclan y se separan, se besan y se repudian, en los sinuosos e incomprensibles frentes que conforman y deshacen con la misma naturalidad que una persona cambia de ropa interior.
Pero estos líderes de cartón piedra, más preocupados por conformar imposibles alianzas, desesperados por evitar que sus ocasionales antagonistas les pisen el poncho, y claramente empeñados en sumir a los ciudadanos en la más profunda de las confusiones, le han dedicado a la reforma constitucional un espacio muy pequeño en sus discursos. El tamaño de este espacio es proporcional a la importancia que el Tribunal Electoral provincial ha dado a la elección de constituyentes en la sucesión de pantallas del nefasto y tramposo voto electrónico.
De hecho, el que ha salido beneficiado por esta visible renuncia de los políticos es el gobierno provincial, que llevará a la asamblea constituyente un proyecto ya elaborado de antemano por leguleyos sin ningún vuelo intelectual que, además, arrastran las pesadas cadenas de un pasado cargado de gestos antidemocráticos. En la formulación de este proyecto no ha habido ninguna participación ciudadana, ninguna consulta previa a los partidos, líderes u organizaciones sociales concernidas. El secreto no puede estar mejor guardado.
¿Qué significa reducir los mandatos? Los candidatos a constituyentes que apoyan esta idea no lo han explicado en absoluto. Que el gobierno tenga en el futuro más controles tampoco quiere decir que esos controles vayan a ser independientes y eficientes, o que vayan a ser ejercidos por los ciudadanos o por sus representantes. ¿Qué se pretende hacer con los jueces de la Corte de Justicia? Salvo blindar los privilegios de la oligarquía judicial, no hay nada que explique racionalmente la reforma de un artículo que coloca a buen recaudo todos los poderes que ejerce un tribunal que desde hace bastante tiempo se ha convertido en un auténtico peligro para las libertades democráticas.
La indiferencia ciudadana frente al proceso reformador puede ser buena para los objetivos que persigue el gobierno (y algunos de los partidos políticos que lo apoyan) pero muy mala para los salteños en general, puesto que la ignorancia de hoy se traducirá en la falta de control de mañana. Y una asamblea constituyente sin control ciudadano, sin rendición de cuentas, sin debates abiertos, amplios y participativos es lo peor que puede pasarle a los ciudadanos de nuestra Provincia en estos momentos.
Los candidatos a constituyentes, absorbidos por las inacabables disputas internas, concentrados en la defensa numantina de sus microparcelas políticas e incapaces (por falta de vocación y de sinceridad) de asumir compromisos de ninguna naturaleza, son los principales derrotados en esta instancia. No son los únicos, pero sí los más importantes.
Hablar de derrota antes de que el partido haya comenzado a disputarse es de por sí muy grave, y más de uno debería reaccionar.
Pero lo peor es que ya no hay margen de maniobra para cambiar esta situación. En veinte días no se resuelve un problema de esta naturaleza. Muchos le echarán la culpa a la pandemia, pero se lo podrían haber pensado mejor antes de convocar a una reforma que nadie pidió en medio de una emergencia sanitaria tan grave y complicada como la que vivimos.
Ahora solo toca esperar y cruzar los dedos para que la reforma constitucional de 2021 no acabe en un fiasco mayúsculo y termine siendo políticamente más inconveniente y técnicamente más deficiente que las de 1998 y 2003, que en su día nos llenaron de vergüenza y deshonor.