El coronel Juan Manuel Pulleiro, Ministro de Seguridad del gobierno provincial que preside Gustavo Sáenz, ha ejercido hoy su derecho a no declarar en la audiencia de imputación que los fiscales han organizado -a medida- para él.
En las últimas tres décadas se han vivido en Salta escandalosas situaciones de corrupción y se han ejecutado vendettas políticas e ideológicas de las más variadas ante los tribunales de justicia; pero estos hechos siempre han tenido por protagonistas a personas que, de algún modo, se habían alejado ya del poder o se encontraban fuera del centro de la escena política. El caso del coronel Pulleiro -un ministro todavía con mando en plaza- es, pues, inédito.
En su imputación, sin embargo, no hay ningún elemento que haga presumir la existencia de un compromiso fiscal con la transparencia democrática y con la regularidad de los procedimientos en un Estado de Derecho. Antes al contrario, lo que parece más o menos evidente es que estos fiscales le están haciendo pagar al coronel la osadía de haber puesto el grito en el cielo por la «persecución» de que son objeto los policías provinciales por la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga alguno de sus excesos.
Lo que la agitación de la superficie no permite ver es que los excesos y abusos policiales (incluidas las torturas) tienen su origen en la filosofía autoritaria y liberticida que desde hace muchos años se encuentra en la «base operativa y funcional» de los uniformados salteños. Y que el autoritarismo policial no puede ser combatido por medio del autoritarismo fiscal, y mucho menos aún por magistrados y magistradas que, un día sí y otro también, hacen ostentación mediática de sus poderes, así como de su nulo respeto por las libertades de los ciudadanos y los comportamientos democráticos.
Es muy evidente que sustituir la brutalidad de unos por la brutalidad de otros no es la solución para erradicar el autoritarismo y maltrato policial. Ni en Salta, ni en ninguna parte del mundo.
Pero en lo que aquí nos interesa, nos debemos preguntar cuál es el criterio de los fiscales acerca de los deberes de los funcionarios públicos y, en especial, de los ministros del gobierno cuando tienen que vigilar que no se produzcan desastres.
Si Pulleiro es o puede ser responsable de un delito penal por «no haber impartido órdenes» a los policías para atajar los desmanes de la noche del acto de Güemes (que no ha prodcido consecuencias más graves que algún que otro disgusto político), qué queda entonces para la gravísima omisión de la exministra Cintia Pamela Calletti, única y última responsable de la seguridad de las cárceles provinciales, cuando el 5 de enero de 2017, un preso de la cárcel de Villa Las Rosas, a quien el gobierno le permitía recibir visitas personales en su celda, apuñaló hasta la muerte a la jovencita que acudía a visitarlo.
En cualquier país, medianamente civilizado, un hecho como este -que además no era el primero que protagonizaba el preso- le habría costado la cabeza al ministro encargado de la administración penitenciaria. La razón es muy sencilla: el crimen se produjo en el interior de una instalación de seguridad del Estado, que debió estar adecuadamente vigilada pero no lo estaba.
Pero no en Salta, en donde la exministra Calletti, a pesar de estar incursa entonces en una muy clara culpa in vigilando, fue protegida por sus padrinos políticos, que se encargaron de endosar la muerte de la joven visitante del preso al mal funcionamiento del «sistema carcelario».
La exministra -hoy asesora del gobierno de Gustavo Sáenz y candidata a convencional constituyente sin haber renunciado a su cargo en el gobierno- insinuó en su momento que la culpa de su mortal apuñalamiento era de la propia joven visitante, que dejaba en este mundo a una hija pequeña y una familia destruida, a la que el mismo ministerio -en un gesto sarcástico- acudió en su «ayuda», proveyéndole de pañales, leche en polvo, chapas y colchones.
Nadie entonces se preocupó por exigir ninguna responsabilidad a Calletti. El «sistema» se cebó con los guardiacárceles y con los cuadros inferiores de la administración penitenciaria. Pero la ministra siguió ejerciendo su cargo, sin que ningún fiscal la inquietara.
Si fue justo que los fiscales no actuaran entonces, sería justo también que Pulleiro no fuese imputado por los hechos del Monumento a Güemes. Pero si mantenemos la imputación al Ministro de Seguridad, y cargamos sobre él la responsabilidad de cuanto irresponsable circule por las calles de Salta sin observar las normas impuestas para frenar la pandemia, tendremos que concluir que en enero de 2017 se cometió en Salta una enorme injusticia al alejar precipitadamente la responsabilidad por el asesinato de la joven Andrea Neri de la órbita ministerial.
Una forma de hacer justicia, por supuesto, es no votar a la señora Calletti como convencional constituyente en las próximas elecciones.
Definitivamente, una justicia que funciona de un modo para unas y otros, cuando las situaciones objetivas y subjetivas son similares, no es justicia. Cuando los fiscales imputan y dejan de imputar según la cara del cliente, nos alejamos de la ecuanimidad del Estado de Derecho y nos situamos de cara a un aparato discriminador empeñado en convertir el principio de legalidad en un vistoso adorno y a la presunción de inocencia en un mero «detalle de la historia».