En realidad, el ministro don Juan Manuel Pulleiro demuestra con sus apresurados juicios muy poco conocimiento del funcionamiento de la Policía bajo su mando.
Decir que cuando la fiscal señora Verónica Simesen de Bielke afirma que hay un «mal procedimiento» de la Policía hay también un «mal procedimiento» de los fiscales, puesto que «los policías trabajan bajo las órdenes de un fiscal», constituye una exageración notable. Es realmente extraño que un militar de carrera, como lo es el coronel Pulleiro, no acierte a distinguir ciertas cosas relacionadas con las «órdenes» que reciben los integrantes de una fuerza de seguridad del Estado.
El ministro se equivoca de largo, ya que, como se desprende de la regulación que contiene la propia ley orgánica de la Policía de Salta, los uniformados en nuestra Provincia disfrutan de un ancho espacio de discrecionalidad en orden a la restricción de la libertad ambulatoria de las personas y de otras libertades, mucho antes de dar cuenta de sus actuaciones a un fiscal.
La Policía en Salta ejerce además numerosas e importantes funciones comunitarias, que no debería ejercer, pero en cuyo ejercicio se pueden también producir excesos y abusos que deben ser investigados por los fiscales y sometidos a la autoridad judicial.
Es decir, que no siempre la Policía ejecuta órdenes judiciales ni adopta comportamientos en el marco de un proceso penal en curso.
Desde luego, cuando la misma Policía se dedica a maltratar o a torturar a los detenidos en las comisarías, o cuando un suboficial descarga su arma reglamentaria contra el cuerpo de su mujer o de un vecino, muy difícilmente lo haga en cumplimiento de una orden fiscal. Estos magistrados suelen meter la pata muy a menudo, pero a ninguno -incluso al que se graduó con la peores calificaciones- se le ocurriría mandar a un comisario a que torture a un preso o a un agente a que muela a palos a su esposa.
Lo que normalmente (y no siempre con la eficacia y el rigor que sería deseable) investiga la señora Verónica Simesen de Bielke son precisamente los excesos y abusos que cometen los Policías, tanto cuando obran en el espacio reglado que la ley prevé que se encuentre exento de un control fiscal ex ante, como cuando cumplen, sin observar los recaudos legales ni respetar las garantías procesales, las «órdenes» de los fiscales.
Es decir, que no siempre el fracaso de la Policía es un fracaso de los fiscales, como temerariamente lo afirma el coronel, que al parecer no tiene quien le escriba.
Pero hay una diferencia. Y esta es que mientras que los Policías (los canitas quiscudos que todos conocemos) experimentan a diario la húmeda sensanción del aliento de un bulldog en el cogote, cuando son los fiscales los que sacan los pies del tiesto, a ellos nadie los persigue. Los policías no están preparados para una tarea de semejante calado.
El hecho, cierto y comprobado, de que los fiscales cometen errores de procedimiento y de otro tipo (por más que la señora Verónica Simesen de Bielke presuma que ni una sola de sus resoluciones ha sido anulada por los jueces de Garantías), está confirmado por el tuit que esta activa fiscala, tan amante de los focos como su jefe, ha publicado hace algunas horas para refutar las absurdas afirmaciones del ministro Pulleiro.
En su comeback la señora Simesen de Bielke, tal vez por las prisas de la ocasión, ha insertado un hashtag (obviamente dirigido a Pulleiro) en el que escribe textualmente #bastadehipocrecia.
Tal vez lo que quiso decir es #bastadealopecia, pero una declaración de semejante magnitud en boca de una fiscal de derechos humanos podría ser interpretada como un arrebato de calvofobia, y esto no forma parte (o no debería) de su idiosincracia (en realidad es idiosincrasia, pero, ya se sabe, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Sin embargo, así como la fiscal defiende su trabajo con ferocidad maternal, debería de vez en cuando darse una vuelta por el Diccionario, para advertir que hipocresía se escribe con ese y no con ce.
A saber lo que debe estar pensado el señor Pusheiro de este grave error ortográfico.