El titular en cuestión da a entender que la «apertura» del debate sobre la reforma constitucional corresponde al gobierno, cuando lo cierto y verdad es que -en la medida de que la Constitución es de todos- el gobierno no puede apropiársela ni decidir cuándo «abrir» o cuándo «cerrar» un debate sobre su reforma.
Que el gobierno tiene indudable interés en la reforma es una verdad que apenas puede ser puesta en cuestión. Que su opinión es importante (habida cuenta de que controla la mayoría en la asamblea legislativa y ha diseñado la defectuosa ley que declara la necesidad de la reforma) es igualmente innegable.
Pero el debate sobre la reforma de la Constitución de Salta está en la calle, no en los despachos ministeriales.
Si la opinión del gobierno es necesaria -aunque no la única ni la más importante- lo que puedan decir los jueces y magistrados sobre la reforma de la Constitución debe ser siempre escuchado con atención.
Pero esto no significa inmediatamente que el estatuto judicial a nivel constitucional deba ser decidido por los propios jueces interesados. Si estos se acercan al debate, deben hacerlo con plena conciencia de que serán los ciudadanos de Salta los que decidirán cuál sea el lugar que corresponda ocupar a los jueces en nuestro entramado institucional.
Cualquier intento de «atar acuerdos» con las corporaciones de jueces para la reforma de la Constitución debe ser denunciado inmediatamente, por corporativo, por opaco y por antidemocrático.
La misma tacha de corporativismo afecta a las consultas al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Nuestra Constitución no le pertenece a los letrados, como no le pertenece a los ingenieros y a los odontólogos. Todas las profesiones tienen derecho a opinar y participar en el proceso de reforma. La de los abogados es solo una más de todas las que existen.
El gobierno no puede seleccionar a su arbitrio quiénes serán los «especialistas» a los que se les consultará sobre la reforma. Los expertos seleccionados por el gobierno no tienen por qué tener más influencia en el proceso que los que no han sido seleccionados. La obligación de los juristas expertos es la de adoptar una posición equidistante y neutral en relación con las tensiones políticas que enfrentan al gobierno con los sectores que reniegan de su iniciativa reformista. Cobrar un sueldo para sentarse en una mesa (o en la asamblea constituyente) y justificar reformas improcedentes o antidemocráticas es un acto inmoral para cualquiera que haya sido llamado en calidad de «especialista».
Estamos en 2021, no en 2003 ni, menos, en 1998. Salta es mucho más plural y diversa de lo que lo era hace 18 o 23 años. Los ciudadanos de Salta tienen hoy mil veces más información y mejores comunicaciones que la que tenían en aquellas épocas. Hay muchísimos más estudiosos que antaño; ellos son más jóvenes, más inteligentes y mejor preparados, a pesar de que muchos puedan sentirse atrapados -y de que algunos de hecho lo estén- en las redes de la ideología y de la «militancia». Nada ya es como lo era antes y, por supuesto, una reforma constitucional ya no se puede hacer con el mismo desparpajo mayoritario con que se pudo hacer antaño.
El primero que debería saberlo es el gobierno provincial de Salta y asumir que su papel en este asunto ha de ceder ante la ebullición social que ellos -los gobernantes- se empeñan en negar, cegados por la falsa ilusión de su omnipotencia.