Hace cuatro años, cuando era ministra del gobierno de Urtubey, la señora Cintia Pamela Calletti se vio obligada a abandonar la manifestación que habían convocado las mujeres para celebrar su día internacional. A grito pelado, las bravas féminas de Salta la echaron de la marcha, la hicieron llorar a pie de calle y dejaron bien claro quién defiende en Salta a las mujeres indefensas.
Era el comienzo de una lenta caída, que había comenzado unos meses antes, cuando siendo Calletti la máxima responsable política del control de la seguridad en las cárceles provinciales, un interno acabó con la vida de la joven Andrea Neri, a la que la entonces ministra culpabilizó de lo que llamó «su propia irresponsabilidad», por haberse metido en la celda de un delincuente que ya había matado a una mujer en un lugar y en unas circunstancias parecidas.
No solo no hizo nada Calletti por cuidar de la seguridad de la joven Neri, sino que hizo todo lo posible para eludir las responsabilidades políticas y administrativas que estaba obligada a asumir por el luctuoso hecho. A ella se atribuyen también las maniobras judiciales para reducir significativamente la indemnización que el gobierno debía pagar a la joven Vanina Yapura Alderete, cuya madre y hermanos habían sido ultimados por un padre violento, previo abandono de la vigilancia por parte de la Policía provincial.
A pesar de sus sonoros fracasos, el entonces Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, nunca la soltó de la mano. Comenzó por intentar -con dinero de todo los salteños- pulir el modesto título de abogado que colgaba de las paredes de Calletti pagándole carísimos cursos de posgrado en el extranjero. Todo ello hasta el punto de que muchos de sus colegas de profesión han expresado su disgusto porque la carrera de esta funcionaria ha sido al final sufragada, casi en su totalidad, con recursos públicos, que son de todos los salteños.
Por su parte, la beneficiada por la generosidad de un Gobernador que nunca dejó que se cayera, procuró devolverle los favores prestando sus servicios letrados (por supuesto, rentados) en la defensa de algunos asuntos judiciales en los que se encontraban comprometidos los intereses del fisco salteño. Entre ellos, el juicio ventilado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por los lotes 55 y 14, que se saldó a la postre con una estrepitosa derrota del Estado provincial salteño y de su letrada.
A comienzos de septiembre de 2019, Calletti pasó también dos opíparas semanas en París, en donde se dice que asistió, en nombre de la Provincia de Salta, a una audiencia señalada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a raíz de la demanda que en su día interpuso contra el Estado Salteño la corporación Casinos Austria, propietaria de Enjasa y concesionaria de juegos de azar hasta agosto de 2008 en nuestra Provincia. Si bien el asunto, en el que están en juego unos 70 millones de dólares, excluyendo intereses y costas, aún no ha sido resuelto, buena parte de los operadores jurídicos concernidos coinciden en que la defensa ejercida por Calletti del fisco salteño fue, cuanto menos, tercermundista.
Hasta que llegaron las vacunas
En su renovado carácter de «asesora jurídica personal» del gobernador Sáenz, a Calletti se le atribuye un protagonismo decisivo en la formulación y redacción de algunas importantes normas de gobierno.Buena parte de las resoluciones del Comité Operativo de Emergencia designado por Sáenz para la pandemia han pasado por su pantalla, y pocas dudas caben acerca de que la inexperta letrada ha dejado su huella en el deficiente proceso de reforma de la Constitución de Salta.
Hoy, después de que el gobernador Gustavo Sáenz decidiera hacer pública la lista de funcionarios vacunados irregularmente, el nombre de Cintia Pamela Calletti aparece entre los primeros.
Si alguien debió saber que la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 estaba disciplinada por normas legales y reglamentarias imperativas, que reducían a cero la discrecionalidad gubernamental, ese alguien era Calletti, en su carácter de asesora jurídica del COE.
Calletti no tiene siquiera posibilidades de escudarse -como otros lo han hecho- en la «alta exposición» de su cargo. Tampoco entra, ni antes ni después de la resolución 712/2021 del MS federal, en la categoría de «personal estratégico».
Sea que ella haya pedido ser vacunada o sea que le hayan ofrecido ser pinchada, en cualquiera de los dos casos su vacunación ha sido en provecho propio o beneficiándose de su posición.
Por ningún motivo Calletti puede seguir asesorando al COE, ya que una enorme pared de incompatibilidad moral se ha levantado en pocas horas entre ella y el organismo excepcional al que Sáenz ha encargado que defina el «universo estratégico», el procedimiento para su vacunación y la publicidad del mismo.
Por no poder ser, Calletti no podrá ser tampoco candidata en las próximas elecciones mid term. Su deber es renunciar al empleo en el Estado, porque por activa o por pasiva, ella ha dejado sin vacuna a alguien que pudo haberla necesitado, a alguien que incluso pudo haber muerto esperando a ser vacunado.
Conviene no olvidar que la vacunación irregular es considerada, a nivel internacional, un acto de corrupción política.
No se puede alegar ahora el desconocimiento de un hecho notorio a nivel mundial cual es el de la insuficiencia de las vacunas disponibles y serios los problemas de abastecimiento que enfrentan casi todos los países. Esa defensa no solo es inverosímil en los tiempos de hiperinformación en los que vivimos, sino que es especialmente indigna en boca de alguien que, hasta aquí, asesoraba al gobierno en estas materias.
A Calletti solo le cabe armar las maletas y marcharse en silencio por la puerta de atrás, si no quiere que el asunto escale y la ola de insatisfacción rompa contra la puerta del despacho del mismo Gobernador que la rescató del olvido y que intentó tender sobre sus errores pasados un generoso manto de indulgencia.