La noticia aclara que esta intención de los tres gobiernos provinciales ha sido puesta de manifiesto con ocasión de la firma del acta de constitución de la llamada Mesa del Litio, en las que los señores Gustavo Sáenz, Gerardo Morales y Raúl Jalil (gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, respetivamemte) han dejado patente su intención de «promover la competitividad regional a través de estrategias comunes» que impulsen el sector de la minería, que ellos consideran clave para el progreso de la región.
Pero la seguridad jurídica y la previsibilidad no son valores que se puedan diseccionar en sectores. O hay seguridad jurídica para todos los ciudadanos y operadores económicos de una región determinada, o no hay nada. Es decir, no solo puede haber seguridad jurídica para los inversores extranjeros que quieran extraer litio, sino también para el que quiere plantar lechugas en el barrio Limache y los que desean participar en la reforma de la Constitución.
Si un inversor extranjero desea saber cuáles son las condiciones jurídicas que va a encontrar en el lugar de destino, seguramente no va a ir a ver lo que dicen los gobernantes sobre el asunto sino que van a revisar minuciosamente la calidad de las leyes y de las regulaciones, su nivel de cumplimiento, su estabilidad y, por sobre todas las cosas, la ecuanimidad y la independencia con que los jueces del Poder Judicial protegen los derechos de las personas y de las corporaciones.
¿Qué seguridad jurídica pueden encontrar entonces los inversores extranjeros en Salta? La verdad es, quitando las buenas intenciones de su Gobernador, muy poca.
No es bueno salir a ofrecer a los inversores «seguridad jurídica» como quien ofrece energía eléctrica, cuando al mismo tiempo se está intentado reformar la Constitución, sin que nadie conozca cuáles son las intenciones del gobierno que la impulsa. Un buen favor a la «seguridad jurídica» consistiría en saber si en la primavera/verano de 2021 tendremos en la Corte de Justicia jueces que duren 6, 9, 12, 18 o más años, y no esconder el propósito que se persigue.
Los inversores extranjeros, en minería o en cualquier otro sector, estarán tan interesados en saber cómo se van a proteger sus inversiones en los tribunales como en saber si hay carreteras, energía, transporte, bancos o mano de obra cualificada en el lugar de destino.
La «seguridad jurídica» no es decirles a los coreanos, a los chinos o a los canadiensen «vengan nomás que el dinero que inviertan aquí estará más seguro que en ningún otro lado» sino que para ellos y sus inversiones regirán las mismas garantías que para todos los demás que se deciden a arriesgar su dinero en Salta.
Pero es imposible hacer algo como esto, cuando «el resto» (todos los demás que no son chinos, ni coreanos ni canadienses, pero que se juegan el cuello todos los días para sobrevivir en la injusta Salta) tiene que soportar la tenaza de un poder político monocolor, absorbente y enemigo de la democracia, asociado con unos jueces designados por periodos larguísimos no para otra cosa que, para garantizar la impunidad de los malos gobernantes, cuando su misión debería consistir en cuidar de los derechos y libertades de todos: de nativos y de extranjeros.