Desde hace casi dos años, el Ministerio Público Fiscal de Salta ha entrado en una espiral de peligrosa confusión entre su obligación de dar a conocer públicamente su trabajo (un deber innegociable) y la peregrina creencia de que los fiscales pueden decir o publicar lo que se les ocurra sobre los procesos que instruyen, sobre las pandemias o las injusticias del mundo en el que vivimos, sin reparar en los daños que se puedan provocar al propio proceso, a las personas involucradas en los hechos que se investigan, o al mundo.
Una desviación muy frecuente de la actividad fiscal (presidida por el principio de legalidad) consiste en que, cada vez que tropiezan con un obstáculo, cada vez que alguien les lleva la contraria (especialmente cuando lo hacen con derecho), cada vez que se ven en aprietos o se sienten incómodos, los fiscales penales de Salta, en vez de utilizar los remedios que la ley pone a su disposición para que las decisiones judiciales injustas o contrarias de Derecho sean corregidas por un tribunal superior, recurren a los medios de comunicación, a fin de que sea la opinión pública la que les dé la razón y les sobe la espalda.
Los fiscales se están acostumbrando, de una forma peligrosa y antijurídica, a ventilar y discutir sus asuntos fuera de los estrados judiciales. Lo hacen ahora en la prensa, en donde generalmente las personas y las entidades afectadas por sus conclusiones sesgadas y sus temerarios enfoques tienen mucho menos posibilidad de defenderse frente a una acusación injusta, sobre todo cuando el ataque se dirige a su honrabilidad o a su derecho a la presunción de inocencia.
Esta tarea parece estar a cargo de su hiperdesarrollado (y por ello mismo, inútil) aparato de prensa. Una estructura, cuyo diseño, presupuesto y objetivos lo asemejan más a los de los órganos de propaganda política de la extinguida Unión Soviética que a un servicio público que se presta en democracia para satisfacer el derecho que tiene todo ciudadano a recibir información relevante y de calidad de parte de los poderes públicos.
Ser fiscal -lo mismo que ser juez o mecánico chapista- no significa estar en posesión de la verdad. Muchos menos en los procesos penales, en los que hay casi siempre más de una versión sobre los mismos hechos y la percepción de la criminidad no es la misma según la posición que se ocupe en el proceso. Solo por el hecho de ser instructores, los fiscales no están señalados de antemano por la ley como infalibles perceptores y escudriñadores de la realidad. Los fiscales se equivocan como todo el mundo y, hasta cierto punto, es bueno que lo hagan; pero sería mucho mejor que tuvieran conciencia de sus equivocaciones.
Llama la atención, por supuesto, que un conocido diario de la ciudad de Salta publique evidencias críticas sobre la responsabilidad penal de las personas, que afectan generalmente el derecho a la intimidad de las víctimas y de sus familias, sin mencionar el origen de estas pruebas. Como la profesión periodística tiene sus reglas y sus protecciones específicas, sin la cual su ejercicio sería casi imposible, hay que pensar que otras profesiones como las de investigador fiscal y la de policía están regidas por normas que impiden filtrar a la prensa las pruebas que se obtienen en el curso de las investigaciones.
No es posible que a menos de 24 horas de que se produzca la detención de un sospechoso de homicidio, un diario publique fotografías y vídeos del mismo sospechoso en momentos en que entraba al edificio en donde se perpetró el crimen. Es evidente que aquí no hay tanto acierto periodístico como filtración por parte de unas autoridades públicas que debieron custodiar la prueba e impedir que cayera en manos de quienes podrían darla a conocer públicamente. Estas autoridades deben ser las primeras en reparar en el enorme perjuicio que supone la filtración y el hecho de vulnerar con ella derechos fundamentales muchísimo más importantes que el derecho a informar como lo son el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de las personas, especialmente cuando estas son víctimas de delitos muy graves.
Es necesario que alguna autoridad intervenga aquí y esa autoridad no puede ser precisamente la que está sospechada de ser la autora de las filtraciones. El asunto debe llegar a conocimiento de un juez imparcial e independiente a través de un mecanismo transparente que impida que el corporativismo fiscal cierre filas en torno a «uno de los nuestros» para que nunca se conozca la verdad y para que nunca nadie se haga responsable de los daños que ha provocado.
Los fiscales deben aprender que los medios de comunicación están para informar de lo que hacen y no para defenderse ellos mismos de los ataques que reciben. El Ministerio Público Fiscal no puede ni debe controlar los medios de comunicación a voluntad, puesto que un control de esta naturaleza atenta contra las libertades públicas fundamentales de las personas en una democracia. Si ya es malo que la información pública venga ya masticada y semidigerida por el gobierno, mucho peor es que la misma información sea volcada en los medios de comunicación supuestamente independientes tal cual como los fiscales quieren que aparezcan. Para hacer proselitismo están los partidos políticos, no las oficinas fiscales, en donde se juegan los derechos y la libertad de las personas.
Los fiscales, como cualesquiera otros magistrados del Estado, están sometidos a la crítica y al escrutinio público, tanto por lo que hacen, por lo que dejan de hacer y, sobre todo, por la forma en que lo hacen. Jurar como fiscal no significa haber ascendido a los cielos, así como desempeñar la máxima responsabilidad en la estructura fiscal tampoco supone que la persona señalada para esta responsabilidad deba comportarse como un moderno Leonid Brezhnev.