El caso es que Gustavo Sáenz, enojado más con su propia tropa que con la dispersión mental ajena, ha salido a decir -como Diego en la Bombonera aquel 10 de noviembre de 2001- que algunos (no ha dicho quiénes) quieren «manchar» la reforma de la Constitución.
¿Cómo? Pues contándole a los ciudadanos que el gobierno no es sincero en su propósito de «limitar el poder», puesto que quiere (y no se anima a decir que quiere) aumentar sustantivamente el tiempo de mandato de los jueces que integran la Corte de Justicia de Salta.
Como Diego con la inmanchable pelota en los pies, Sáenz también ha recurrido a un truco. Y este truco consiste en hablar de «perpetuidad» y no de «aumento del tiempo de mandato».
Sáenz dice que no tiene intención de hacer «perpetuo» a nadie; que está en contra de la «perpetuidad». Pero no dice si es partidario o no de aumentar o disminuir el tiempo que duran en sus cargos los jueces de la Corte de Justicia.
Si él (y nadie más que él) habilitó la reforma de los párrafos 1 y 3 del artículo 156 de la Constitución (los que regulan el mecanismo de designación y los límites temporales de los jueces de la Corte), ¿por qué no explica el motivo por el cual considera que es necesario reformar estos dos preceptos?
Los antecedentes
Antes de que el D10S Sáenz enviara a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la necesidad de reformar este y otros artículos, habían sucedido en Salta algunas cosas que no conviene olvidar.1) En agosto de 2017, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, amparado en el peregrino argumento de que los jueces de la Corte de Justicia de Salta son los únicos del país que no viven en un paraíso de estabilidad, remitió a la Legislatura un proyecto de ley, al que llamó «régimen de continuidad» y que tenía por objeto -nada menos- que los gobernadores que a él le sucedieran se vieran obligados a aceptar los mismos jueces que él iba a dejar.
La ley diseñada por los cerebros jurídicos de Urtubey (y probablemente también por él mismo) contemplaba un mecanismo infantil para lograr un resultado frontalmente contrario a la Constitución: obligar a los gobernadores sucesivos a solicitar de forma automática el acuerdo para los actuales jueces. Se privaba de este modo a los futuros gobernadores de su derecho a designar a los jueces de su elección.
Felizmente, en noviembre de aquel mismo año, el gobernador Urtubey, ante la ola de protestas que había levantado el asunto, retiró el proyecto de la Legislatura, pero hasta entonces el obediente Senado provincial ya había hecho sus deberes (que no son otros que cumplir con los deseos y caprichos del jefe) y, sin que este les avisara a tiempo de que iba a retroceder en su embestida, el inconstitucional proyecto de inamovilidad de los jueces de la Corte ya había sido votado afirmativamente por los despistados senadores, que son -para mayor curiosidad- los que deben pronunciarse sobre la idoneidad política de los que han de administrar justicia en Salta.
2) Con el mismo argumento de la «falta de estabilidad» y lagrimeando por la «falta de independencia» que tal inestabilidad se supone que acarrea, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Salta, a través de su entidad federativa nacional, acudió presuroso a la Suprema Corte de Justicia federal para que declare contrario a la Constitución Nacional el artículo de la Constitución de Salta que limita temporalmente el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.
Como la Corte Federal les dio un rapapolvo (y dijo que si algo raro había allí eso se debería decidir dentro de nuestras propias fronteras provinciales y con nuestras reglas domésticas), rápidamente la Asociación de Jueces creada por el actual presidente de la Corte de Justicia recogió el testigo, y registró en la propia Corte, al mejor estilo Juan Palomo («yo me lo guiso, yo me lo como») una acción popular de inconstitucionalidad con la pretensión de que una sentencia de la propia Corte interesada en la extensión de su poder declarara inconstitucional el artículo 156.3 de la Constitución de Salta.
A finales de marzo de 2019, y por los mismos motivos que Urtubey se vio obligado a retirar su proyecto de ley, los impulsores judiciales de esta barbaridad anunciaron el desistimiento de su acción.
Con estos mimbres...
Primero lo intentaron por ley, luego por una sentencia. Fracasaron en los dos intentos porque desde la Loma hasta el cerro 20, desde Vaqueros a la recta de Cánepa resonó un clamor que decía: «Lo que ustedes quieren hacer solo puede hacerlo una convención constituyente».Y estos buenos señores, que no son sordos, tomaron buena nota del clamor popular y se pusieron manos a la obra para convocar una convención constituyente.
Ahora bien. ¿Tenemos que creer que estos ambiciosos señores ya no persiguen el mismo propósito antidemocrático de antes? ¿Hay motivos para pensar que se han dado por vencidos? ¿Y pensar así solo porque lo diga Sáenz?
La reforma constitucional que está en marcha, impulsada por el gobierno y que responde a «la palabra empeñada» por el gobernador Sáenz es un pequeño caballo de troya (más bien un pony de Las Costas), preñado de densos nubarrones institucionales y sediento de poder.
Manchar lo que se dice manchar una reforma constitucional se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es obrar con absoluta falta de sinceridad.
Si en 48 horas el Gobernador, su Secretario General, su «asesora jurídica personal» o «personal trainer», o su atribulado Ministro de Gobierno, no salen a decir cuál es la redacción que proponen para el artículo 156 de la Constitución, tendremos que entender que el que está manchando la reforma es el mismo tintorero encargado de limpiarla y que la misma reforma, sin necesidad de que nadie se oponga a ella, ya nació manchada por la falta de sinceridad de quienes se proclaman campeones de la transparencia y de las buenas intenciones.