Aunque algunos no quieran admitirlo, las libertades públicas y el Estado de Derecho no asisten inmóviles e impasibles al recorte de derechos, como el de la libre circulación de las personas.
Por razones graves -como el avance de la pandemia- toleramos que algunas de nuestras libertades más básicas sufran una limitación, pero, a cambio, el Estado (y los gobiernos) deben tolerar que los ciudadanos ejerzan con más intensidad otros derechos que no comprometen en absoluto la lucha contra la enfermedad, como el derecho a la libertad de expresión o el de acceso a la información pública.
Las vacunas contra la COVID-19 son un bien escaso. Su escasez justifica que quien la administra a los ciudadanos lo haga con criterios objetivos de justicia y equidad, previamente definidos.
Las vacunas contra la COVID-19 son también un recurso estratégico. Si en una guerra -que esperamos no ocurra jamás- el aire o el agua fuesen intencionadamente contaminados por el enemigo y confiásemos al gobierno la misión de adquirir las máscaras o los filtros para salvar la vida de nuestros semejantes, sería impensable que el gobierno las suministrara preferentemente a sus amigos o a sus partidarios, sin informar las razones ni justificar de ningún modo esta preferencia.
Con las vacunas pasa lo mismo. La información puntual sobre las personas que han sido vacunadas (su identidad, su localización y la fecha de la inoculación) tiene un evidente interés público, que no sería tan intenso ni evidente si la situación epidemiológica fuese menos grave.
Solo este interés público reforzado justifica que una información que en situaciones normales no debería ser suministrada por la autoridad sanitaria sino en términos meramente estadísticos deba ser sustituida por una información puntual de inexcusable publicación.
Es absurdo e inadmisible el argumento del gobierno provincial de Salta que dice que la existencia de una investigación penal sobre las vacunas les impide dar la información que se le solicita sobre la vacunación.
Es absurdo no solo porque el sumario penal -que se sepa- no ha sido calificado como secreto en ningún momento y porque, de prosperar este criterio ocultista, bastaría con promover una investigación penal y en hacerla eterna para que cualquier asunto de interés público sea sustraído del escrutinio ciudadano.
El gobierno de Salta debe informar a quién ha vacunado, simplemente porque los ciudadanos tienen derecho a saberlo y el gobierno ningún derecho a guardarse para sí esta información.
Las vacunas han sido adquiridas por el Estado federal, con dinero de todos los ciudadanos. No son un regalo de nadie, ni cuando se someten al control de la autoridad sanitaria provincial pasan a ser propiedad de estas.
En la situación que estamos atravesando, nadie puede alegar ni defender su discrecionalidad en materia de vacunas, aun a falta de una normativa concreta que imponga un seguimiento personalizado de las dosis inoculadas.
Así como la pandemia justifica o ha venido justificnado el avance del Estado sobre las libertades ciudadanas más básicas, también justifica que los ciudadanos ejerzan con más fuerza su derecho a estar informados.
Es este y no otro el momento de exigir al gobierno que informe con el máximo detalle posible a quién ha vacunado y que se nos diga, en todos los casos, por qué se lo ha hecho.