El propio Sáenz no parece demasiado convencido del paso dado. No porque no piense que la Constitución deba reformarse -asunto sobre el cual hay una amplia coincidencia- sino porque se está dando cuenta de su capacidad para volar sin necesidad de que otros agiten sus alas y que, en tales condiciones, una reforma inoportuna y mal hecha puede comprometer seriamente su futuro político.
Lo que está claro, en cualquier caso, que son Romero y Urtubey los que quieren reformar a cualquier precio. Y ambos, por razones parecidas.
El principal objetivo es lograr que los actuales jueces de la Corte de Justicia de Salta duren en sus cargos lo suficiente para que prescriban las acciones penales que pudieran llegar a entablarse contra los dos anteriores Gobernadores de Salta. Es que da casi igual que el futuro artículo 156 de la Constitución diga que los jueces de la Corte de Justicia durarán en su cargo hasta que cumplan la edad legal de jubilación, a que digan que dejarán sus cargos una vez que Romero y Urtubey no puedan ser perseguidos por la justicia penal de Salta.
Limitar los mandatos consecutivos del Gobernador (artículo 140 CS) es también un objetivo compartido por Romero y Urtubey, pues ya no son solo ellos, sino que ahora son sus hijos y nietos (en el caso de Romero) y sus hermanos, hijos y sobrinos (en el caso de Urtubey). Los árboles torcidos también producen frutos.
Ellos buscan que haya «alternancia», pero entre parientes y amigos; de modo que mantener en la Constitución los mandatos largos equivaldría a señalar como preferido a un pariente en desmedro de otros o a repartir la herencia de un modo desigual. Mejor, toda la vida, que compitan entre sí.
Así de paso, Romero y Urtubey pasarán a la historia como los Gobernadores que más tiempo han sujetado el bastón de mando en la Provincia. Algo así como diez veces más que Güemes y Ragone juntos. No serán los nietos de los sultanes los que los superen, al menos en duración.
Impeachment
El segundo juicio político entablado contra Donald Trump ha puesto sobre la mesa de debate la posibilidad del enjuiciamiento (o para mejor decir, la condena) de políticos que han dejado sus responsabilidades de gobierno.Romero y Urtubey podrán -con la ayuda de los jueces Duracell- esquivar los embates judiciales, pero difícilmente puedan eludir el impeachment popular, que puede (para algunos, debe) acarrearles una condena perpetua a no volver a ocupar jamás un cargo público.
La razón es muy sencilla: fueron ellos los que impulsaron las reformas constitucionales de 1998 y 2003, que extendieron irrazonable y antidemocráticamente el número de mandatos consecutivos del Gobernador, y son ellos los que ahora impulsan y justifican la reforma del mismo artículo, para retroceder la innovación y hacer que todo vuelva a ser como antes.
¿Qué nombre o qué adjetivo merece esta actitud?
Es necesario someterlos a juicio. Y si la famosa crisis de representatividad hace que las instituciones diseñadas para juzgar la responsabilidad política de los gobernadores ejercientes hace dudar seriamente de su ecuanimidad (piénsese solamente en el hecho de que el Senado juzgador/destituyente debe ser presidido por el titular de la Corte de Justicia), son los ciudadanos de Salta los que deben asumir la responsabilidad de efectuar este juicio, dándole a los acusados las más amplias posibilidades de defenderse.
Responsabilidad moral
La superficial agitación que en estos días se verifica en ciertos sectores políticos a causa del precipitado anuncio del nuevo gobierno provincial sobre una próxima reforma de la Constitución de Salta, no permite por el momento que los salteños reflexionen con la debida profundidad sobre este asunto.Pero nos encontramos frente a una enorme inmoralidad, que demanda de la ciudadanía de Salta una reacción inmediata y contundente.
Los dos ciudadanos que se han beneficiado personalmente de las descaradas manipulaciones constitucionales de 1998 y 2003, y que, al amparo de unas normas que fueron alteradas con la inocultable intención de blindar su poder personal (político y económico) y en abierto desafío a la razón jurídica y moral consumieron entre los dos seis mandatos consecutivos sin interrupciones, reclaman ahora que quienes ocupen el mismo cargo que ellos han ocupado duren menos tiempo en él.
La responsabilidad de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey en la alteración caprichosa de las reglas del juego de la política de Salta es todavía más grave e intensa, por cuanto ellos no solo han sido beneficiarios de la modificación interesada y antidemocrática de las normas fundamentales sino que han sido sus convencidos arquitectos y sus entusiastas impulsores.
Romero lo fue en 1998 y Urtubey lo fue en 2003, para beneficiar al primero, a quien cuatro años antes había llamado «sembrador de progreso» en un empalagoso libro de triste memoria, y, posteriormente, para beneficiarse a sí mismo.
Ninguna operación de reforma constitucional puede llevarse a cabo en Salta sin denunciar previamente la responsabilidad moral que a los dos anteriores Gobernadores cabe por la manipulación de las normas fundamentales para su beneficio personal.
Ninguna reforma del artículo 140 de la Constitución provincial será éticamente posible, y su razón jurídica nacerá herida de muerte, si antes los reformadores no declaran por escrito y en un documento redactado de forma clara y sincera, que aquel mismo precepto fue objeto de una inaceptable manipulación en las convenciones constituyentes de 1998 y 2003, para beneficio de un sector político que obró en todo momento en perjuicio del resto de la ciudadanía.
Ni Romero ni Urtubey pueden defender ahora que la limitación de los mandatos consecutivos del Gobernador de Salta era beneficiosa cuando ellos la consiguieron para sí y que es perjudicial ahora, cuando ellos ya se han alejado -al menos nominalmente- del poder.
No basta tampoco que uno de ellos, o los dos al unísono, entonen ahora un sonoro mea culpa y reconozcan su «error» en las reformas de 1998 y 2003.
Las razones que hoy aconsejan limitar los mandatos consecutivos del Gobernador de Salta ya existían y eran lo suficientemente poderosas en el pasado para que ninguno de los dos pudiera haberlas ignorado entonces. Aun así, los dos propiciaron, irresponsablemente, de espaldas a la ciencia y en contra del sentido de la historia, la extensión de los límites constitucionales, sin reparar en las consecuencias.
La ciudadanía debe exigir ahora sin dilaciones la responsabilidad moral tanto de Romero como de Urtubey, y no quedarse en el plano de las declaraciones meramente testimoniales o simbólicas. Es decir, se debe avanzar en un proceso social y político que concluya con la censura más rotunda a los dos comportamientos (el de antes y el de ahora, inadmisibles los dos) y se traduzca en medidas concretas de responsabilidad política o, incluso, de responsabilidad civil, a la luz de las novedosas regulaciones que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia.
Salta no puede darse el lujo de ignorar la gravedad de estas conductas, porque atentan contra la buena salud de nuestro sistema democrático, convierten a las libertades civiles en juguetes en manos del poder político y reducen significativamente nuestra credibilidad y nuestro prestigio como pueblo amante de la Ley y respetuoso de los Derechos Humanos. No podemos pasar de puntillas sobre un tema de semejante envergadura, so pena de que Salta como provincia y los salteños como sociedad seamos considerados poco serios, políticamente volubles y portadores de una moral meramente instrumental y selectiva.
En Salta, como sucede en otros lugares del mundo, la responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión pública, sobre todo cuando la atribución de la responsabilidad jurídica a través de los tribunales es insuficiente para cerrar satisfactoriamente escándalos de corrupción económica ligados al ocultamiento de cifras en la contabilidad de empresas, financiamientos ilegales de campañas y episodios de corrupción política.
Los salteños no pueden pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, que de las acciones contradictorias de Romero y Urtubey emerge un tipo específico de responsabilidad que se relaciona con su valor moral.
Sea que se juzguen los acontecimientos desde una ética consecuencialista o se los enfoque desde la perspectiva de una ética deontológica (tanto Romero como Urtubey son políticos profesionales), ninguno de ellos puede proclamarse ahora ajeno a las consecuencias de sus acciones, pasadas o presentes.
Sus decisiones no solo han provocado un daño cierto y cuantificable a individuos, a grupos y a la sociedad entera, sino que también, con independencia de sus consecuencias concretas, se deben juzgar como incorrectas desde la perspectiva de un sistema compartido de principios y de juicios que se desprenden de las creencias culturales, religiosas y filosóficas de los salteños.
Si los salteños no concentramos nuestros esfuerzos en denunciar la responsabilidad moral de Romero y de Urtubey, no quedará otro remedio que investigar cuidadosamente en qué bando estuvo cada uno y qué postura adoptó cuando el poder personalista y omnímodo de los anteriores Gobernadores buscaba afanosamente acomodar la legalidad constitucional a sus deseos y conveniencias. Y denunciar, en consecuencia, a todos los que cooperaron, con su actividad o su silencio cómplice, a que se consumara uno de los mayores fraudes contra la soberana voluntad del pueblo y el constitucionalismo moderno de que se tenga memoria en la historia institucional de Salta.