Si esto realmente es así -es decir, si son los legisladores provinciales los que deben decidir un asunto tan delicado- ya podríamos empezar por encomendarnos a la Virgen del Perpetuo Socorro.
La razón es muy sencilla: si la reforma de la Constitución depende de unos señores y unas señoras que no están capacitados ni para entender su propio rol institucional (dicho sea con los debidos respetos y en estrictos términos de censura política), es que estamos prácticamente perdidos.
Mientras en Salta se debatía con intensidad la conveniencia de reformar nuestra Constitución provincial en un año tan agitado como este 2021, en la Legislatura se conocía la noticia del cambio de bando del diputado provincial por Santa Victoria, señor Osbaldo Francisco Acosta, electo en las listas del teóricamente opositor Frente para la Victoria, que ahora se ha convertido en un sólido aliado del gobierno provincial y flamante miembro del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción.
Aunque la palabra tiene en Salta unas connotaciones algo dramáticas -por no decir desdorosas- lo que ha consumado el diputado Acosta en un acto de transfuguismo puro y duro. Sus razones para convertirse en un tránsfuga parlamentario son bastante simples: «Siendo opositor no me aprobaban ni un solo proyecto».
La verdad es que si el señor Acosta se siente más cómodo en el grupo parlamentario más cercano al gobierno, no se le puede reprochar su decisión.
Habría que ver, por supuesto, cuántos proyectos ha presentado antes de dar el salto y, sobre todo, de qué trataban estos proyectos. Una vez hecho, habría que comparar si su nueva escudería política realmente le ha facilitado las cosas y aquellos proyectos que antes le acostaron ahora se levantan y se convierten en ley de la Provincia.
Pero fuera parte de esta «necesidad» de que las cosas se le pongan de cara, lo que sorprende de este acto de transfuguismo es que el diputado que lo ha protagonizado dice que se ha incorporado a otro bloque «porque necesito conseguir beneficios para el Departamento como mejorar la infraestructura caminera y creo que trabajando con el Gobierno provincial es la mejor forma de lograrlo».
Esta breve frase demuestra que el señor Acosta, y muchos de sus pares, no entienden muy bien para qué fueron electos diputados provinciales.
Si lo que una persona que se dedica a la política quiere es «conseguir beneficios para su Departamento», desde luego la Legislatura provincial no es el lugar adecuado para ello. Quizá el señor Acosta se equivocó de ventanilla a la hora de presentar su candidatura, o tal vez piense que los diputados están para hacer aparecer, por ley, caminos y puentes que antes no había, con solo invocar en el artículo 2º de su proyecto que los gastos que demande la construcción de tales artilugios serán imputados «a rentas generales».
Permítaseme decir que a ningún diputado provincial se lo elige para que mejore la infraestructura caminera de su pueblo, de su comarca, de su municipio o de su departamento. Sencillamente, no es cosa de él.
Lo que preocupa, y mucho, es que esta idea del diputado como «gestor oficioso de obras», «embajador» de su departamento en la capital de la Provincia, o como «operador» de los intendentes municipales de su región está muy extendida. Pero no deja de ser peligrosa.
Si un diputado o un senador no entienden bien para qué están sentados en la Legislatura y cobran el sueldo que cobran ¿es seguro o conveniente confiarles a ellos la decisión de reformar o no reformar nuestra Constitución?
Se puede ser tránsfuga, en la medida que alguien asuma los costes políticos que en algún momento deberá pagar. Lo que no se puede ser es un ignorante o un ingenuo soñador con el progreso local, a costa de una representación que excede notablemente el acotado ámbito de su circuito electoral. Porque una vez elegidos (aunque sea por los habitantes de un solo departamento) los diputados son representantes del conjunto del pueblo de la Provincia, sin distinción de lugares, de orígenes o de pertenencias.
Habría que ver si el señor diputado Acosta (o los que piensan como él) han intervenido activamente en la elaboración de las leyes importantes o si simplemente se han limitado a levantar la mano, con la ilusión de que su voto en asuntos de interés general termine «beneficiando con obras» a sus postergados departamentos.
La decisión del diputado Acosta deja en pésimo lugar al gobierno provincial y al bloque parlamentario que lo apoya, pues de los argumentos con que justifica su «fichaje» por el oficialismo se deduce, bien que el gobierno «perverso» mantiene aislado de puro gusto al Departamento de Santa Victoria, o bien que lo hace para forzar el salto mortal de su diputado, al que alguien le ha dicho: «Antes, cuando eras del bando contrario, no te dábamos nada; ahora que sos de nosotros, podemos pensar en ayudarte».
Es de suponer que el bloque gubernamental ha recibido con alegría en su seno al tránsfuga y ha dado por buenos sus motivos, lo que nos confirma que tampoco ellos -los que están más cerca del gobierno- entienden cuál es el rol institucional del Poder Legislativo.
Puede parecer una crueldad, pero si el señor Acosta quiere trabajar activamente para mejorar la infraestructura vial de Santa Victoria, que se apunte a un curso de ingeniero de caminos, que se candidatee a Director de Vialidad de la Provincia o que se calce el casco y se ponga a manejar una motoniveladora. Porque como diputado esperamos de él mucho más que una pasión enfermiza por los caminos que pasan cerca de su casa. Un legislador está para resolver asuntos más importantes que la infraestructura vial y debe demostrar en todo momento que está capacitado para hacerlo.
Si no lo está, la salida no es cambiar de bloque sino presentar una discreta y honrada renuncia a su cargo, que es lo que sus vecinos agradecerán, si es que de verdad su intención es la de servirlos y no condenarlos a la superficialidad, a la intrascendencia y al ridículo.