Lo demuestra el hecho de que dos de los más activos (sería mejor decir más visibles) operadores políticos -el Ministro de Gobierno y el Secretario General de la Gobernación- han salido a las redes sociales y los medios de comunicación a ventilar su indignación (producto seguramente de su herida narcisista) por lo que ellos consideran un «déficit de comprensión» por parte de la ciudadanía, que -a su juicio- impide ver y valorar las «verdaderas intenciones» que persigue el gobierno.
Decir que los demás no comprenden a dónde queremos ir y que a nuestros objetivos -con suerte- solo los comprendemos nosotros son argumentos clásicos del manual ilustrado del autoritarismo vallisto.
Ambos razonamientos no sirven para mejor cosa que para dinamitar el consenso que se necesita para sacar a flote una operación tan delicada como la reforma constitucional y, si acaso, como forma de ablandar el terreno y convertir al proceso de reforma en una contienda pasional en la que los ciudadanos pierdan de vista el meollo del asunto y se entreguen a la tarea de construir una mayoría que aplaste a los «incomprendidos» y castigue su insolencia.
Esta actitud, entre ingenua y prepotente, es útil sin embargo para que los que no comprendemos ni justificamos el furor reformista nos demos cuenta de la aguda carencia de recursos intelectuales, técnicos y políticos de los que propician esta reforma.
Es verdad: cualquiera puede reformar una constitución. Basta con mover una coma de lugar para consumar una reforma hecha y derecha.
Pero ese no es el punto. La Salta de 2021 (los salteños de este siglo) ya no son los mismos de 1986, de 1998 o, incluso, de 2003. Hemos cambiado bastante, la mayoría de nosotros.
Por eso es que resulta muy llamativo que quienes impulsan esta reforma constitucional tan poco ambiciosa, tan plagada de lugares comunes, tan huérfana de sustento filosófico y tan «legislativa» sean aquellos que han cambiado menos en los últimos 35 años.
Es evidente que quienes han aprovechado todo este tiempo para evolucionar y convertirse en mejores ciudadanos (más críticos, más atentos y más participativos) hoy rechazan esta reforma constitucional y piden a gritos que el gobierno desista de su propósito y que convoque a todos, a los evolucionados y a los menos evolucionados, a discutir de forma pública y abierta qué forma y qué contenidos debe tener nuestra futura Constitución.
El gobierno habla magnánimamente de diálogo y de consensos, pero si alguna de estas cosas realmente llegase a existir, su existencia solo se podría verificar en mesas secretas, ocultas al escrutinio ciudadano y decididamente recortadas en cuanto a su participación. He puesto antes dos ejemplos de «operadores políticos», pero podría poner más para demostrar que ninguno de ellos tiene la capacidad y la sensibilidad políticas que son necesarias para ponerse al frente de una empresa tan crítica como esta.
Una reforma constitucional que parta del poder (del propio poder al que la Constitución está llamada a limitar) es algo muy parecido al enfermo que decide inyectarse él mismo la anestesia y, una vez dormido, toma el bisturí para operarse de la vesícula.
Y lo que es peor: se opera a sí mismo cuando podría solucionar su problema biliar tomando un simple té de yuyos.
A estos «operadores políticos» de tan poca consistencia no se les puede hablar ni de filosofía, ni de política, ni de derecho, pues solo entienden el lenguaje del número. Es decir que si me pongo a contar mis apoyos y advierto que en nuestras filas hay un solo individuo más de los que tiene el contrario, no hay discusión posible: todo el poder viene para mí.
Proporcionalidad y cerebro
Por eso es que resulta inútil hablarles de la importancia de la proporcionalidad a la hora de adoptar decisiones políticas de impacto constitucional.Es verdad que el principio de proporcionalidad es una construcción jurídica relativamente reciente, pero ello no quiere decir que no deba ser tenido en cuenta en un proceso de reforma constitucional como el que se ha puesto en marcha en Salta.
El principio de proporcionalidad es un principio vinculado a la dignidad de la persona e inherente al Estado de Derecho, que impone al Estado (al gobierno, como sujeto activo del poder estatal) la obligación de hacer un uso moderado de tal poder. Más concretamente, el principio al que me refiero implica la proscripción de todo sacrificio de la libertad que sea inútil, innecesario o desproporcionado. Por esta razón, los poderes públicos están obligados a adecuar el peso y la medida de los instrumentos que lícitamente pueden utilizar a las circunstancias de cada caso concreto, recayendo sobre ellos la carga de justificar los medios empleados.
Es decir, que si la intención del gobierno es la de reformar la Constitución para limitar las reelecciones sucesivas de gobernadores e intendentes, la solución menos gravosa -la que impone la aplicación del principio de proporcionalidad- es el acuerdo político y no la reforma constitucional.
Es muy evidente que si el gobierno insiste en la reforma, sin explorar siquiera la posibilidad de un pacto entre fuerzas políticas, es porque la reforma esconde calculadamente otros propósitos que no se quieren revelar por miedo a que un debate intenso y extenso sobre ellos termine haciéndolos imposibles.
Antes de reformar la Constitución, es obligación de los ciudadanos y también del gobierno ponerse a buscar remedios alternativos que no produzcan tanta agitación social y requieran de tanta movilización de recursos. Es decir que si aceptamos que la iniciativa parta del gobierno (lo cual, como he dicho, va contra la naturaleza de las cosas) el mismo gobierno está obligado a hacer un cuidadoso y exhaustivo balance entre costos y equilibrios de su actuación. En materia constitucional no cabe aplicar las reglas tradicionales que se aplican a la formulación y reformulación de las normas legales ordinarias.
Lo que quiere este gobierno es reformar la Constitución de Salta como si fueran los estatutos del club Juventud Antoniana o la resolución que declara de interés parlamentario la profesión de peluquero. Es nuestro deber denunciar esta «superficialidad ejecutiva».
Debe comprender el gobierno -y no tanto el Gobernador como sus operadores- que el proyecto de hacer vitalicios a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, aunque no sea presentado de esa manera, es una medida restrictiva de las libertades ciudadanas. Aquí cobra capital importancia la proporcionalidad, por cuanto esta se erige en la prueba que debe superar cualquier medida restrictiva de un derecho constitucional.
No hay que hilar muy fino para relacionar el mandato indefinido de los jueces con la restricción de las libertades individuales, pues para comprender bien este asunto basta con tener presente que cualquier aumento o incremento del poder estatal (la conversión en vitalicios de unos jueces que son temporales claramente lo es) supone automáticamente y sin admisión de prueba en contrario una contracción proporcional del ámbito de las libertades ciudadanas.
Si el poder de los jueces de la Corte (especialmente el de su presidente) hoy ya es enorme, cualquiera -incluso los que impulsan la reforma- puede comprender que hacer que estos poderes eternos será un paso en falso de nuestra precaria democracia, que solo nos abocará a un escenario de mayor y más incontrolado autoritarismo.
Ponerse a discutir con funcionarios poco experimentados y vacunados con una sobredosis de dogmatismo es una tarea casi inútil. Pero la responsabilidad ciudadana nos impulsa a acometerla, aun calculando que la impenetrabilidad de la piedra hará que muchas de las argumentaciones sensatas caigan en saco roto.
Sin embargo, es preciso que los entusiastas reformadores nos digan, primero, si la reforma es o no imprescindible; es decir, si no hay otras medidas menos restrictivas de la esfera de libertad de los ciudadanos. ¿Es la reforma constitucional el medio más suave y moderado entre todos los posibles? ¿Es «proporcional» en sentido estricto? Es decir, ¿es «ponderada» o equilibrada por derivarse de aquélla más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades?
En cualquier decisión pública el medio ha de ser idóneo en relación con el fin. Debe, además, ser necesario en sentido filosófico; moderado, respecto de todos los medios útiles y proporcionado a la ecuación costes-beneficios.
En vez de ladrar, de baladronear y de presumir de mayorías búlgaras, los partidarios de la reforma constitucional deben explicarnos todo esto. Los ciudadanos debemos exigirles que lo hagan. Si no lo hacen, cualquier persona con un mínimo sentido de la responsabilidad cívica puede encontrar en este escrito las razones para una negativa tan peligrosa.