Pero la Constitución de Salta, en su redacción actual, no obliga a nadie a gobernar durante doce años seguidos. Es solo una posibilidad -no muy democrática que digamos- pero que en definitiva depende de la voluntad de quienes ejercen el poder.
Una reforma constitucional como la que el gobierno ha propuesto en Salta no puede tener como principal atractivo la reducción del número de mandatos consecutivos que puede ejercer un Gobernador electo. Para limitar las reelecciones sucesivas es suficiente que políticos convencidos -como Sáenz, por ejemplo- se comprometan solemnemente ante la ciudadanía a ejercer un solo mandato de cuatro años; o dos, en casos extremos.
Al actual Gobernador de Salta se le debe reconocer el mérito de haberse opuesto con fuerza a las dobles candidaturas, a las maniobras partidarias distorsivas de la voluntad popular y a los mandatos eternos. Para oponerse con éxito a todas estas travesuras nunca ha necesitado de una reforma normativa. ¿Por qué habría de necesitarla ahora?
Pudiendo haber sido reelegido Intendente Municipal de la ciudad de Salta varias veces, o senador provincial por el Departamento de la Capital, Gustavo Sáenz renunció voluntariamente a las reelecciones, poniendo por delante su responsabilidad y su decencia, sin hacer mucho ruido y sin pedir complicadas reformas constitucionales y legales.
Si ahora quiere hacer lo mismo -lo que sería por supuesto muy bueno- ¿por qué habría de necesitar una reforma de la Constitución?
Si el Gobernador de Salta quiere que sus potenciales competidores lo imiten, antes que propiciar una enmienda constitucional, lo que debe hacer es sentarse con todos los que aspiran a ocupar el mismo cargo y acordar con ellos que ninguno gobernará más de ocho años seguidos, aun cuando la Constitución les permita gobernar doce.
En las actuales circunstancias políticas parece bastante sencillo lograr este acuerdo. Lo que debemos preguntarnos es por qué Gustavo Sáenz no lo intenta y por qué prefiere reformar la Constitución sin antes darle una oportunidad al pacto.
Alternancia, pero no para los jueces
Si la alternancia en los cargos públicos es una virtud democrática, ¿por qué se habría de limitar los mandatos consecutivos del Gobernador, del Vicegobernador y de los intendentes municipales y al mismo tiempo se busca hacer eternos a los jueces de la Corte de Justicia de Salta? ¿No estamos ante una flagrante contradicción del discurso reformista?Las razones que justifican la temporalidad de los cargos ejecutivos son exactamente las mismas que tornan obligatoria la limitación del ejercicio de los magistrados que ejercen el gobierno del Poder Judicial.
Los jueces que controlan estrechamente la administración electoral, los que juzgan la constitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas, los que deciden en última instancia sobre la tutela de derechos fundamentales, los que intervienen activamente en la designación del resto de los jueces (a veces sin serlo ellos mismos), los que propician su destitución, los que vigilan su desempeño, los que dictan normas procesales invadiendo las soberanas facultades de la Legislatura, los que sancionan acordadas de contenido laboral, sin sujeción a ninguna ley, los que supervisan el trabajo de los escribanos, y ejercen otras importantes funciones administrativas y políticas jamás pueden ser vitalicios. Deben desempeñarse durante un tiempo limitado -a ser posible, breve- como sucede en casi todo el mundo.
Si es sincero el propósito de limitar el poder, no hay razón que justifique que se incremente el poder de los jueces de la Corte de Justicia, que además hoy lo ejercen sin controles democráticos de ninguna naturaleza, tal y como ha quedado demostrado después de que los actuales jueces se negaran a revelar la cuantía de sus sueldos públicos.
Que el Poder Judicial de Salta necesita de reformas profundas no es un asunto que se pueda discutir. Casi todo el mundo sabe que nuestra justicia funciona muy mal y que mucha culpa de ello la tiene su deficiente diseño institucional. Hay que ponerse a trabajar en la reforma de este diseño y no soñar con la posibilidad de instalar en los despachos a jueces vitalicios que nadie necesita.
Necesitamos un referéndum
Si Gustavo Sáenz realmente pretende diferenciarse de sus antecesores, debe someter la cuestión de la reforma constitucional a un referéndum vinculante en el que se puedan expresar con la mayor libertad todos los ciudadanos de Salta.Con todos los respetos que se merecen las cámaras de la Legislatura, los 83 señores y señoras que ocupan escaños en ellas no tienen ya la capacidad necesaria ni la representatividad adecuada para decidir un asunto tan crítico y complejo como este. La sociedad ha cambiado, la política ha cambiado, la participación creciente ha puesto en crisis a la representación parlamentaria. ¿Es legítimo seguir actuando como si nada de esto ocurriera?
¿Teme acaso el gobierno que el pueblo de Salta diga que no al proyecto de reforma constitucional? ¿Qué es más democrático: dejar que la decisión la tomen los legisladores (casi todos ellos políticos profesionales, atados en su mayoría por compromisos que limitan su libertad) o permitir que sean los ciudadanos los que se expresen directamente y sin intermediarios sobre la pretendida reforma?
Gustavo Sáenz ha demostrado ser valiente al defender posiciones contrarias a la extensión abusiva de los poderes del Estado. ¿Qué razón tendría para dejar de ser tan valiente y recelar del pronunciamiento de los mismos ciudadanos que han confiado en él y lo han convertido en Gobernador?
Cualquier reforma que el gobierno acometa teniendo en frente a una parte importante de la ciudadanía nacerá herida de muerte. La Constitución que resulte de este proceso de reforma parcialmente resistido será una Constitución ineficaz, débil y de difícil cumplimiento, pues será vista como producto de la imposición de una minoría más numerosa sobre otra menos numerosa.
Lo que debemos preguntarnos todos es si esto es lo que realmente quiere el gobernador Gustavo Sáenz.