Se trata de una decisión sorpresiva, sorprendente y desaconsajable en muchos sentidos y por varios motivos.
En primer lugar, salta a la vista que las circunstancias que hicieron imposible el año pasado el tratamiento legislativo del mismo proyecto (la emergencia sanitaria y la crisis de las finanzas provinciales, entre otros problemas graves) no solo no han desaparecido de nuestro horizonte sino que se han agravado. Por tanto, es absurdo que el gobierno insista en hacer algo que antes no pudo hacer a causa de dificultades que aún no ha sido capaz de superar.
En segundo lugar, la reforma de la Constitución -esta y cualquier otra- requiere de una activa participación de la oposición política. Probablemente no existe ningún asunto político en el que la intervención de los discrepantes sea tan decisiva y necesaria. La decisión del gobierno provincial llega en un momento en que tal oposición política no existe o en el mejor de los casos se encuentra dispersa y desarticulada; de modo que impulsar una reforma en estas condiciones no es sino un gesto oportunista del gobierno que vuelve a caer en el error de vincular la Constitución, sus regulaciones y sus equilibrios, con una competencia gubernamental, cuando en realidad la Constitución es un asunto de todos.
En tercer lugar, la reforma de la Constitución -esta y cualquier otra- debe ser siempre el punto final de un largo y sostenido proceso de reformas, de cambios institucionales y de prácticas políticas más o menos relevantes. No se puede acometer la reforma de la Constitución sin haber intentado antes una sola reforma. En todo el tiempo que lleva el nuevo gobierno en la oficina, no solo no se ha preocupado por llevar a cabo las reformas más imprescindibles y urgentes sino que ha hecho esfuerzos visibles por mantener el statu quo vigente desde hace más de un cuarto de siglo.
Ahora que están de moda las comparaciones con las enfermedades humanas, se puede decir que reformar la Constitución sin antes haber hecho una sola reforma relevante y seria es como intentar curar a un paciente que padece varias patologías empezando por practicarle un transplante de cerebro, antes de intentar devolver el oxígeno a sus pulmones, restaurar la función renal o parchar su hígado maltrecho. El gobierno no solo ha hecho algo parecido a esto sino que además le ha encargado la operación al último médico de Maradona.
Tal y como están hoy las cosas en el mundo, el gobierno es el menos indicado para tomar la iniciativa de reformar la Constitución. En poco tiempo, los gobiernos han pasado de ser sujetos activos del proceso constitucional a ser sujetos pasivos de las demandas sociales de mayor libertad y menor intervencionismo. Las constituciones han dejado de ser instrumentos al servicio del poderoso para reafirmarse en su papel de diques de contención del poder y de sus arbitrariedades anejas. Si el gobierno provincial de Salta tuviera, de veras, la intención de autolimitarse (extremo ciertamente dudoso) debería dejar que la iniciativa reformista parta de la sociedad a la que sirve y no ponerse a la cabeza de la reforma.
El clickbait más vergozoso de esta reforma es la tentadora promesa de reducir de tres a dos los mandatos consecutivos del Gobernador de la Provincia. ¿A quién le amarga un dulce, verdad?
Pero la cortina de humo que oculta las verdaderas intenciones de la reforma supone sancionar el derecho eterno de los poderosos de Salta a adelantar y atrasar a voluntad el reloj de nuestra democracia.
Porque -no nos engañemos- los que quieren vendernos gato por liebre con esta limitación del poder son exactamente los mismos que en 1998 y 2003 derribaron todas las barreras lógicas y los obstáculos morales que ya entonces hacían desaconsejable extender de uno a tres los mandatos de los gobernadores de Salta. ¿Es que los salteños debemos sonreír o sentarnos de brazos cruzados frente a un intento tan burdo de manipular las normas que son de todos en beneficio de unos pocos?
Por supuesto que la inamovilidad de los jueces es buena. ¡Quién puede oponerse a eso! Lo que se debe aclarar es que nuestros jueces ya son inamovibles, desde el más alto al más bajo de todos ellos. Es decir que sus cargos -una vez designados- nunca han sido disponibles libremente ni por el Gobernador ni por otros poderes. A ningún juez de la Provincia se lo puede cesar antes del tiempo fijado en la Constitución para su ejercicio; ni cuando pierden la confianza del poder que los ha designado. El que algunos jueces tengan mandatos temporales y otros ejerzan de por vida no quiere decir que unos y otros no disfruten de la misma inamovilidad garantizada por la Constitución.
Mientras no se reformen sus competencias y sus atribuciones no se repartan en cinco o seis órganos independientes diferentes, los jueces de la Corte de Justicia no pueden ser jamás vitalicios, pues el poder enorme y desproporcionado que ahora mismo ejercen -y se podría decir también que detentan- se convertiría automáticamente en un poder antidemocrático y monstruoso, calculadamente sustraído de la periodicidad y temporalidad de las magistraturas republicanas.
Si la Constitución se reforma para hacer vitalicios a unos jueces que, por las funciones políticas y administrativas que ejercen, deben ser temporales, jamás habrá justicia independiente en Salta. La Corte de Justicia de Salta es hoy el órgano constitucional más opaco y refractario a los controles democráticos de todos los que existen.
Antes de que se apruebe la ley que declara la necesidad de la reforma, ningún gobierno puede señalar una fecha para la elección de convencionales constituyentes. El señalamiento de esta fecha a solo cinco meses vista comporta una inadmisible presión al Poder Legislativo, cuando no una sutil extorsión a los partidos políticos, cuya opinión sobre la convocatoria electoral no ha sido consultada. Las elecciones regulares/periódicas y las constituyentes no deberían mezclarse jamás. Si alguien lo hace o lo permite, es porque quiere aprovechar la coyuntura política para sacar ventajas que de otro modo no podría obtener.
Si el gobierno ha incluido su proyecto de reforma constitucional en la convocatoria a sesiones extraordinarias, sin consenso, sin conocimiento de la oposición y sin siquiera avisar a sus principales socios políticos es porque no tiene ninguna intención de dialogar. Al contrario, lo que el gobierno quiere es imponer sus razones por la fuerza del número, en una convención constituyente que será elegida por el mismo sistema electoral distorsivo y tramposo por el cual hoy, con solo el un tercio de los votos, un partido consigue controlar más de tres cuartas partes de los escaños de la Legislatura provincial. ¿Es eso realmente lo que queremos los salteños?
¿Qué pensaría Montesquieu si alguien le susurrara en su tumba que en Salta las leyes y las constituciones se reforman alegremente sin que a nadie le tiemble la mano? ¿Qué valor puede tener para los ciudadanos -qué significado para su convivencia- una norma que se puede modificar con tanto desparpajo y facilidad? ¿No se merece la Constitución un respeto aun mayor que el que nos inspiran las instituciones que ella ha creado? Si ellos, los que gobiernan, no respetan la Constitución, seamos nosotros los que la hagamos respetar.
Contribuyamos a afirmar el papel moderador de nuestra Constitución oponiéndonos civilizadamente a esta iniciativa y reclamando que el gobierno se haga a un lado. Inundemos la Legislatura de cartas y peticiones para que nuestros representantes se nieguen a votar una ley con la que antes debiéramos estar de acuerdo todos o casi todos. Sepamos oponer razones y argumentos a los avances sibilinos de un sistema de gestión del poder que en los últimos veinticinco años ha mostrado su cara más siniestra, que solo nos ha inundado de miseria, de atraso y de impunidad y que ha condenado a nuestros hijos a vivir en una sociedad más injusta y aun menos democrática que la que vivimos sus padres, que ya es mucho decir.