Según la información oficial del sitio web de los fiscales penales de Salta, el señor Cornejo ha pedido (sic) que se corra vista con carácter de urgente «a la o el» fiscal que por turno corresponda, «para que determine si existe algún tipo de connivencia entre la actuación de auxiliar fiscal del Apolinario Saravia, Sergio Dantur, y los efectos institucional y procesalmente devastadores que produjo el fallo de la Sala I del Tribunal de Impugnación».
Podríamos empezar por señalar que la mentada connivencia, de existir, se verifica siempre entre personas y no entre un auxiliar fiscal y unos «efectos devastadores».
Lo que quiso decir el señor Cornejo, pero se cuidó bien de no decir, es que, según la información que posee, probablemente exista una confabulación más o menos oculta entre el auxiliar Dantur y el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación que pronunció una sentencia a favor de Dantur y contraria a su discípula Simesen de Bielke.
Pero para que se corra vista no basta con que haya connivencia o una sospecha de acuerdo más o menos espurio, sino que este sea al mismo tiempo criminal; es decir, claramente encaminado a la comisión de un delito. En cualquier otro caso, los fiscales penales nada tiene que hacer.
Lamentablemente, en su enredo conceptual, don Abel Cornejo no da la más mínima pista de cuál pueda ser este delito, así como tampoco dice quién pudo haberlo cometido. Y esto es exactamente lo que hizo el juez Luciano Martini Bonari en relación con Simesen de Bielke, con la diferencia que el juez sí señaló a la fiscal con nombre y apellido.
Sin embargo, lo más irritante es que la primera acepción del Diccionario para la palabra connivencia es la siguiente: «Disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven».
Es decir que la connivencia es, en primer lugar y antes de ser una confabulación, un trapicheo entre un superior y uno o varios subordinados cuyo objeto es que el primero esconda, disimule o tolere las violaciones a las normas que han cometido los segundos. Esto lo dice el Diccionario, el mismo libro del que el señor Cornejo saca palabras como «irrefragable» o «lacerante».
Entonces, lo que cabe es preguntarse quién es superior de quién. ¿Es Martini superior de Dantur? ¿Lo es Dantur superior de Martini? ¿O es más razonable pensar que entre los únicos que puede haber connivencia en sentido estrictamente académico es entre el señor Abel Cornejo (jefe) y la señora Verónica Simesen de Bielke (subordinada)?
Lo que viene a decir Cornejo, sin decirlo abiertamente, es que Dantur y Martini estaban in cahoots; o sea compinchados, conjuntados en alianza, puestos de acuerdo para desarrollar entre los dos una actividad conspirativa no necesariamente buena o dirigida a un fin noble.
Recordemos que el señor Dantur se encuentra suspendido de sus funciones en el Ministerio Público Fiscal, pero que el señor Martini no tiene procesos disciplinarios a la vista y que salvo el peso en su conciencia por haber mandado perpetuamente a la cárcel a un inocente que previamente había sido absuelto, no tendría por qué dormir mal. Si fuese este el caso, las insinuaciones de connivencia efectuadas por Cornejo son mucho más graves de lo que a simple vista parecen.
No estamos ni frente a un conflicto de poderes ni frente a interpretaciones diferentes de un mismo orden normativo. Estamos frente a un choque de egos bastante visible y evidentemente muy ruidoso, que no puede ser resuelto, como parece pretender el Procurador General, diciéndole al contrincante «y tú más» o amenazando a los jueces con abrirles diligencias penales. Esto no es Titanes en el Ring.
A los fiscales penales se les «corre vista» para que investiguen delitos y no «connivencias» más o menos innominadas, complots mal descritos o sospechas de simpatías debajo de la mesa. Es evidente que aquí alguien ha metido el garfio hasta el ombligo y las responsabilidades deben aparecer, pero no en las redes sociales ni en artículos elaborados con las vísceras. Es necesario que se pongan a trabajar, y ya mismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por un lado, y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Salta, por el otro.
No es posible que estos egos desbordados hayan convertido a las instituciones de la justicia de Salta en la vidriera irrespetuosa del siglo XXI, en la que, herido por el sable sin remache del Procurador General, veamos llorar lágrimas de sangre al tironeado Código Procesal Penal de Salta junto, en este caso, a una PlayStation 3.