Según denuncia la dirección de Nuevo Diario de Salta, la fiscal penal señora Ana Inés Salinas Odorisio, invocando dos preceptos del Código Proecesal Penal provincial que permite a los fiscales instructores requerir «datos de interés» para una determinada investigación preparatoria, ha requerido a la dirección de este periódico una información cuya reserva se encuentra protegida por normas supraconstitucionales y que, por tanto, el medio requerido no está obligado a suministrar ni a los fiscales ni a ninguna otra autoridad.
Evidentemente, el nombre o los datos de filiación de un periodista crítico no constituyen ni pueden constituir en ningún caso «datos de interés» para la investigación fiscal de un presunto suicidio, de modo que el requerimiento para revelar la identidad del comunicador solo puede tener por finalidad la de imponer abusiva y arbitrariamente la autoridad fiscal al libre ejercicio de la profesión periodística. Esto no sucede en ningún Estado democrático de Derecho, ni aun en aquellos en donde los fiscales tienen reconocida la potestad de instruir las causas criminales.
Todo esto ha ocurrido, al parecer, antes de que la señora Salinas Odorisio se declarara incompetente para investigar el presunto suicidio del señor Solá Torino, por considerar -en palabras del sitio web de los fiscales penales de Salta- que el asunto es de «competencia netamente federal».
Dejando a un lado el hecho de que la competencia para investigar delitos no puede ser parcial ni aproximada (y que, por tanto, no hay cuestiones «ligeramente» o «netamente» federales o provinciales), el requerimiento fiscal representa un peligro para las libertades públicas garantizadas por nuestra Constitución y una clara y abusiva extensión interpretativa de los artículos 365 y 366 del Código Procesal Penal de Salta.
Desde que el Procurador General Abel Cornejo inaugurara la discutible costumbre de responder con querellas criminales personales y denuncias administrativas a quienes no están de acuerdo con sus decisiones, los fiscales que de él dependen no encuentran obstáculos para hacer lo mismo y ahora responden en un plano personal las críticas que les son dirigidas por sus actuaciones desviadas de la legalidad.
Para nadie es un secreto que los fiscales penales de Salta tienen en sus manos la libertad personal de los ciudadanos que residen en el territorio y que últimamente utilizan el poder que le confieren las leyes, no para los fines que las mismas leyes han previsto, sino para amedrentar, generalmente de forma arbitraria, a ciudadanos que discrepan abierta y públicamente con su forma de trabajar, sin importar que los descontentos sean legisladores, abogados ejercientes o comunicadores públicos; es decir, sin tener en cuenta en lo más mínimo la inviolabilidad personal de que disfrutan los legisladores cuando opinan sobre un determinado asunto, los abogados cuando patrocinan o defienden a sus clientes, o las garantías constitucionales e internacionales que protegen el ejercicio de la profesión periodística.
Pero además de lo que sucede en la superficie, desde que el señor Abel Cornejo se ha hecho cargo de la jefatura absoluta del Ministerio Público Fiscal, se ha comprobado el aumento de las «operaciones de prensa» contra aquellos que se muestran contrarios a la orientación, política y procesal, impresa por el señor Cornejo a la institución que dirige.
Así, el propio Nuevo Diario de Salta denuncia que «el mundillo del periodismo –como en el de la mayoría de las actividades- es pequeño y siempre hay amigos o conocidos que pasan datos o verdades que lamentablemente no se pueden certificar. Esto viene a colación a raíz de que en ese semanario (se refiere a un medio de comunicación gráfico y digital de Salta), con una prosa muy técnica en lo judicial, escribiría un alto magistrado de la Justicia provincial, obviamente bajo distintos seudónimos, uno de ellos Rodolfo Bayer, es el autor del 'escrache' –infundado y falaz por cierto- al Director del diario chiquito».
Demás está decir que casi todo el mundo sabe en Salta quién se esconde detrás del pseudónimo acetilsalicílico y quién es el perpetrador de estos ataques mediáticos, que generalmente no hacen mejor cosa que desnudar la aguda impotencia de los fiscales para restañar su imagen dañada cuando los mecanismos represivos a los que tienen acceso -que son muchos- no resultan suficientes para acallar ciertas y determinadas voces discrepantes.