La explicación más simple -y más superficial desde luego- es la de que a poco de comenzar a gobernar, Gustavo Sáenz se encontró de frente con problemas que ni el más pesimista de sus asesores esperaba. Primero fue la retahíla de muertes de niños en el norte de la Provincia, por desnutrición o por enfermedades relacionadas con la falta de agua potable. Poco después hubo que lidiar con la pandemia del coronavirus, que aún no se ha podido controlar.
A todo ello se suma el dramático estado de las cuentas públicas de un Estado provincial que el anterior gobernador Juan Manuel Urtubey endeudó a voluntad, sin controles y sin rendición de cuentas, mientras duplicaba la planta de agentes de la Administración del Estado, con la cínica complicidad de legisladores y de intendentes municipales de cortas miras pero de una ambición descontrolada.
Se podría decir que los problemas son tan complicados que no dejan margen ni tiempo para la política, pero es que sin política no es matemáticamente posible que aparezcan las soluciones a esos mismos problemas.
Pienso que la razón que explica este año perdido para el futuro de Salta es el abandono calculado de la política.
Lamentablemente, una cantidad importante de salteños identifica la política con el proselitismo, por lo que es bastante difícil hacerles entender que la política debe practicarse siempre y no solo en épocas cercanas a unas elecciones.
Gustavo Sáenz se convirtió en Gobernador de Salta solo porque su figura aparecía como la mejor garantía de una ejecución limpia y discreta del pacto de impunidad recíproca firmado por los exgobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey a finales de 2015. De alguna forma, Sáenz es también Gobernador de Salta por su conocida oposición al kirchnerismo nacional, pero el tiempo ha desmostrado que esta era solo una cualidad pasajera.
Los movimientos de Gustavo Sáenz, especialmente aquellos relacionados con las designaciones en la Corte de Justicia de Salta, confirman que aquel pacto de impunidad sigue vivo y que Sáenz es su fiel ejecutor. Los coqueteos con el gobierno de Alberto Fernández hacen pensar que los tiempos de Sáenz como duro opositor al kirchnerismo son cosa del pasado.
Para que aquel pacto pueda tener la utilidad que sus partes signatarias han previsto, no se necesita solamente blindar las mayorías automáticas en la Corte de Justicia: se requiere también echar un cepo a la política y castigar la libertad de opinar.
En este último terreno, el gobierno de Sáenz ha sido implacable, aunque ha tenido un éxito solo parcial, puesto que tanto la política como la libertad de expresión son fieras bastante difíciles de domar. Y si ni Romero ni Urtubey, con el poder exorbitante que lograron acumular a lo largo de más de un cuarto de siglo, pudieron anularlas del todo, ¿alguien podría pensar que lo iba a hacer Sáenz?
Para calibrar el abandono programado de la política habría que redefinir el concepto de oposición política, puesto que en Salta esta es una idea sumamente volátil.
El gobierno (y así lo viene haciendo desde Romero en adelante) entiende por oposición política al conjunto de sus simpatizantes que no están formalmente encolumnados detrás del Partido Justicialista de Salta. Y si no, que le pregunten a los legisladores provinciales: que digan a quiénes han designado para ocupar aquellos cargos que la Constitución de Salta reserva para los «opositores» o las «minorías».
O que se lo pregunten al diputado nacional Andrés Zottos, presidente del que fuera la mayor fuerza política de oposición al Justicialismo, que hoy no solo es un legislador «peronista», sino que sucesivamente fue aliado de Urtubey, candidato a senador nacional por la oposición a Urtubey, nuevamente aliado de Urtubey para ser diputado nacional, y ahora férreo aliado del gobernador Sáenz.
Pero si entendemos por oposición política lo que esta categoría describe y significa en cualquier país democrático del mundo, se podrá decir sin miedo a la equivocación que Gustavo Sáenz, al igual que sus dos antecesores, ha ignorado a su oposición. No se ha sentado a dialogar con ella. No ha negociado políticas, no ha sondeado su opinión en asuntos que son de interés de todos y no ha hecho nada para darles el lugar que debe ocupar en nuestro diseño institucional.
Si por «opositor» entendemos al «diferente», está bastante claro que Sáenz está todavía muy lejos del objetivo de reconstruir la política en Salta.
Pero este no es solo un problema del gobierno. También es un problema de la oposición.
En Salta, muchos de los que no están de acuerdo con el gobierno se dedican a conspirar y no tienen una voluntad genuina de cooperar a la gobernabilidad de la Provincia. Carecen de programas alternativos de gobierno, se encierran en sectas estériles o en pequeñas tribus, mantienen ideas fijas sobre una realidad que cambia vertiginosamente y cuando se deciden a dar el salto a la arena pública lo hacen, bien para despotricar nostálgicamente, bien para proponer alguna «ocurrencia» sin forma ni rigor políticos.
En tales condiciones, el trabajo del gobierno se simplifica mucho. A un gobierno autoritario y expansivo -el de Sáenz lo es- le conviene una oposición encerrada, conspirativa, nostálgica y desorganizada. De eso caben muy pocas dudas.
Se podría pensar que no es tarea del gobierno ayudar a la oposición a salir de su encierro y a corregir su deriva onírica, pero la forma republicana de gobierno que nos hemos dado exige valorar la contribución de las minorías al bienestar general y es por esta razón que los que ejercen el poder tienen que comprometerse en la tarea de forjar una oposición seria, atenta y responsable. Mañana les puede tocar a ellos ser la oposición y es casi seguro que no les gustaría ser tratados de esa manera.
Si Sáenz quiere distanciarse de sus antecesores -esta es solo una esperanza- su deber es remover todos los obstáculos para que la oposición política pueda hacer su trabajo, aunque este no sea grato para el gobierno.
Si Sáenz quiere protagonizar una ruptura histórica del relato político en Salta, debe comenzar por lo más grande, que no es otra cosa que quitarle el poder de interpretar la Constitución provincial a la Corte de Justicia. Para ello hace falta, por supuesto, una reforma constitucional. Pero aunque esta reforma fuese breve y concisa y no tuviese más propósito que democratizar los poderes que actualmente ejerce la Corte de Justicia, el esfuerzo estará siempre justificado.
Durante sus años como concejal y senador provincial, Gustavo Sáenz destacó como un sólido defensor de la limitación temporal del poder, como un enemigo de las dobles candidaturas y como un adalid en la lucha contra los mandatos excesivamente largos. No es suficiente con que él se aplique el cuento y que nos diga que va a gobernar menos tiempo que sus antecesores. Lo que se necesita es que Sáenz abandone su papel de ejecutor del pacto de impunidad Romero-Urtubey, que se desmarque a tiempo de ellos, y que dé los pasos necesarios -omitidos de forma calculada por sus antecesores- para recuperar la política para los salteños y para asociar a la oposición en el juego democrático, aun a riesgo de perder con ellos.
Si, con pandemia o sin ella, Gustavo Sáenz hubiese dedicado su primer año de gobierno a este empeño, si hubiera denunciado con nombre y apellido los atropellos de Urtubey y hubiera señalado al exgobernador como el responsable directo del pésimo momento que vive la Provincia, esta es la hora que estaríamos respirando otro aire en Salta. Pero un año perdido es un año perdido, y si el Gobernador de Salta no espabila a tiempo, su lugar en la historia será tan pequeño, tan marginal y tan intrascendente como el que, con sus errores y sus delirios, se han ganado a pulso Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, dos hombres que en nombre de la democracia han jugado con las ilusiones de cientos de miles de hombres y mujeres y sembrado la simiente de la destrucción de la república y de sus libertades.