La obsesión por el protagonismo mediático ha vuelto a jugarle una mala pasada a don Abel Cornejo, nuestro polivalente pero inflexible Procurador General.
Seguramente animado por la amplia tolerancia social a sus injerencias en cuestiones que son de exclusiva competencia de otros poderes del Estado, el señor Cornejo ha opinado con la convicción que le caracteriza sobre una materia que el artículo 176 de la Constitución provincial de Salta reserva a los municipios: los cementerios.
Quizá lo más llamativo de la opinión del Procurador General sobre el tema no sea su oposición frontal al cementerio suplementario que los cerrillanos han decidido instalar en un terreno relativamente céntrico, sino el hecho de que el opinante ha dicho haberse «enfurecido» con tal decisión.
Algunos -quizá no tantos como los que son necesarios para que el asunto cobre más actualidad- recuerdan que el señor Cornejo no es lo que se llama un magistrado totalmente legítimo. Su designación para el cargo que actualmente ocupa no ha sido del todo regular, pues al Gobernador que lo ha puesto allí no le correspondía designar a un nuevo fiscal general ni a otro juez de la Corte de Justicia, y sin embargo lo hizo forzando la renuncia de dos personas para intercambiar tramposamente sus puestos.
Pero legítimo o no, a los funcionarios a los que el Estado les paga un sueldo no los mantenemos para que saquen a pasear su furia o su indignación sino para que cumplan -sosegada y racionalmente- con la ley que todos nos hemos dado para poder convivir y evitar determinadas situaciones «furiosas».
En este caso no debemos preocuparnos, pues ya en otras ocasiones la «furia» del Procurador General no llegó demasiado lejos; al menos no tan lejos como en su momento hacían presumir sus resonantes y pomposas palabras. En la memoria de todos están todavía sus declaraciones de mediados de junio de 2019, en las que prometió que habría «anuncios espectaculares» y «giros dramáticos» en la investigación fiscal del asesinato de la señora Jimena Salas. Un año y medio después, la única noticia relevante es el paso de la causa por las manos de seis fiscales, ninguno de los cuales ha acertado a señalar un culpable directo del crimen.
Probablemente el señor Cornejo conoce Cerrillos solo por el olfato, y no mucho más allá de su calle principal. Quizá no sepa que el viejo cementerio (donde ya no cabe un solo hueso) está a muy pocos metros del hospital Santa Teresita, y que casi nunca los cerrillanos se han quejado de ello, como no se quejan los salteños que viven en aquellos monoblocks de color negro que lindan con el antiguo cementerio de la Santa Cruz, que, por cierto, no está muy lejos de la Plaza 9 de Julio.
El problema es, por supuesto, de ordenación urbanística; pero no son los fiscales sino los ciudadanos los que tienen que reclamar de las autoridades municipales la formulación de un plan coherente que proyecte un emplazamiento adecuado para los cementerios. Lo que pretende Cornejo con su idea de un «consorcio metropolitano» para la gestión de un cementerio común es nada menos que escamotearle a los cerrillanos (a los vaquereños, a los salteños y a los mercedeños) sus competencias constitucionales exclusivas en esta materia, como ya ha sucedido con el transporte.
Nuestro Procurador General no solo es un «shadow governor» (un gobernador en las sombras) sino que es también un magistrado «fast and furious», como Donald Trump, pero sin esa tupida cabellera matizada por el betacaroteno.
Si Cornejo quiere gobernar (que ganas no le faltan), que se presente a las elecciones. Porque -para qué vamos a engañarnos- en una de esas hasta consigue ser electo. Ahora que mientras le dura la encomienda que le hizo el gobernador Urtubey «por afuera» de la Constitución, sería prudente que nuestro furioso magistrado se tome un buen té de tilo (o aquella benzodiazepina que un presidente de la Corte de Justicia ya fallecido le pedía a «palomita») y que antes de indignarse por el olor a cadáver descompuesto que según él «reciben» los cerrillanos que viven cerca del cerro, y que antes de mostrarse partidario de «sepultar con métodos nuevos», se enfurezca por todos los espantosos asesinatos que, como fiscal general del Estado y jefe absoluto de los investigadores, no ha sido capaz de resolver.