De su mensaje se rescata el significativo acortamiento de la medida (de los 21 días anunciados por el COE a los 14 anunciados anoche por el Gobernador) y el pedido a los ciudadanos para que eviten realizar marchas y manifestaciones en las que se produzca concentración de personas.
Pero lo que ha levantado polémica -y no poca- es el anuncio de que el Gobernador ha donado su sueldo del mes de septiembre (y ha pedido a sus funcionarios que hagan lo mismo) para «ayudar al sector gastronómico y del comercio».
La exhortación de Sáenz ha caído como una bomba en Salta, en donde tres cuartas partes de la población vive en situación de pobreza y el equipamiento de los hospitales, aun en medio de la grave crisis sanitaria, sigue siendo deficitario y mejorable.
Los críticos se preguntan si en estos momentos es razonable ayudar con donaciones de sueldos públicos a los empresarios de un sector de la economía provincial que se ha caracterizado siempre por protagonizar abusos contra los derechos de los consumidores y usuarios y que se relacionan corporativamente con el gobierno a través de grupos de presión caracterizados por una profunda insolidaridad social.
Nadie duda de que comerciantes y propietarios de bares y restaurantes van a sufrir significativas pérdidas a causa de las medidas anunciadas por el gobierno. Pero si la reacción de los perjudicados consiste exclusivamente en presionar al gobierno para que los ayude con dinero público, el enfoque de la cuestión cambia radicalmente, puesto que en Salta hay muchos trabajadores y muchas familias en crisis a causa de la pandemia y de las restricciones impuestas por razones sanitarias.
No parece razonable, ni justo, ni legal que el gobierno acuda en ayuda de unos empresarios que mantienen a más del 60% de sus empleados en negro, sin derecho a protección social, sin cotizar para la jubilación, la enfermedad o los accidentes de trabajo. Además de este «perdón» gubernamental todavía quieren más.
¿Por qué los funcionarios no donan también su sueldo para ayudar a estas personas? ¿Por qué se ha de ayudar de este modo solo a un grupo de comerciantes con capacidad de presionar al gobierno? ¿No es un indicador de debilidad que Sáenz haya cedido a estas presiones? ¿Cuando los propietarios de bares y restaurantes reciban la ayuda, seguirán cobrando por dar de comer en sus establecimientos o darán de comer gratis a la gente pobre?
Por otro lado, y considerando que tanto el comercio como la hostelería de Salta tienen, como cualquier otro, derecho a que el gobierno les ayude en esta situación excepcional, el pedido del gobernador Sáenz para conformar un «fondo» a partir de las donaciones graciosas de funcionarios, es el reconocimiento implícito de que el gobierno carece de recursos o de políticas efectivas de protección a los sectores más vulnerables de la economía local.
La ayuda directa a partir de dinero recaudado en virtud de una donación compulsiva (una ley de la Legislatura «obligará» a la entrega) deja al desnudo también la ausencia de cualquier plan racional de ayudas económicas, fiscales y laborales (de aplazamientos, de moratorias, de rebaja de las cotizaciones sociales, de ayudas a la adquisición de elementos de protección sanitaria, de créditos a fondo perdido, de mejoras en los programas de salud laboral, etc.).
Ni el gobierno ni la patronal que agrupa a los comerciantes de Salta (una pequeña oligarquía cuyos mayores talentos son los de ser un cliente privilegiado del gobierno y un elusivo sujeto de imposición fiscal) tiene planes serios que permitan mantener a flote una actividad cuyo libre despliegue, ahora mismo, se ha convertido en un peligro mayor para la salud pública de los salteños.
Ese déficit no se puede enjugar con donaciones de sueldos de este tipo, que dan a entender que el salario que perciben los altos funcionarios del Estado es injustamente cuantioso en relación con el que perciben otros servidores públicos.