Inspirado en la mentalidad medieval y corporativa de algunos altos magistrados del Estado cuyo nombre no merece la pena citar aquí, aquel titubeante COE ha dejado paso al engendro creado por la ley 8206, que no solo suprime la presidencia del Ministro de Salud Pública sino que también «incorpora» al seno del COE a legisladores y magistrados que integran otros poderes del Estado.
A poco de andar, el poliédrico nuevo COE, bajo la presidencia de un urtubeysta de pata negra, se ha estrenado con una resolución que solo debió haber adoptado el Gobernador de la Provincia al amparo de las facultades que, de forma exclusiva, le reconocen los artículos 140 y 144 de la Constitución Provincial.
La resolución del COE, que ordena el regreso a la fase inicial del confinamiento en toda la Provincia de Salta, es la decisión más grave -no solo desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de vista político y de las libertades ciudadanas- que se pudo haber adoptado para hacer frente a la pandemia.
Si el pasado mes de marzo, cuando en Salta no habían ni contagiados, ni internados, ni muertos, el Gobernador decidió confinar a la población, él salió en persona a anunciar la medida, asumiendo de este modo toda la responsabilidad política de su decisión.
Seis meses después, el mismo Gobernador ha desaparecido de la escena. Su último tuit, del pasado viernes 18 de septiembre, es para saludar el año nuevo judío. El Gobernador no se olvida de esta celebración religiosa, como no se olvidó del Día del Profesor; pero guarda silencio frente a la gravísima situación sanitaria, como no lo hizo el pasado mes de marzo, cuando la misma situación sanitaria no era tan grave como ahora.
En el momento en que el nuevo COE anunció su decisión de confinar, Gustavo Sáenz no solo no estuvo presente sino que tampoco fue mencionado en ningún momento por las personas que anunciaron públicamente la medida, como si el Gobernador no existiera o su decisión no contara para nada.
La autoridad de Sáenz ha sido desplazada y sustituida de hecho por el COE, integrado en su mayoría por hombres y mujeres que responden a los intereses de los exgobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.
La ausencia y el silencio de Sáenz han sido interpretados como la confirmación del golpe de Estado blando perpetrado y consumado en contra de su legítima autoridad.
Pero también es probable -dicen algunos- que Sáenz, siguiendo el ejemplo del presidente Alberto Fernández, no haya querido poner la cara para anunciar una decisión de semejante calado, no solamente por miedo a la impopularidad, sino por el cálculo político que aconseja a un gobernante no exponerse públicamente cuando la realidad (en este caso, los dramáticos números de la pandemia) le resulta claramente desfavorable.
Las decisiones del COE, por votación
Nacido como un apéndice del Gobernador y sujeto a su exclusiva autoridad, el COE ahora es una especie de institución Frankenstein, emancipada de quien le dio vida.Si en condiciones normales, el Gobernador adopta sus decisiones sin necesidad de que las mismas sean sometidas a votación de sus colaboradores, las del COE deben seguir la misma suerte.
A diferencia del procedimiento de elaboración de las leyes, el de la elaboración de los decretos y resoluciones administrativas no requiere ni deliberación ni debate público de ninguna naturaleza. Ningún órgano administrativo sometido a la autoridad única del jefe de la Administración adopta sus decisiones por votación, como lo ha hecho el Comité Operativo de Emergencia de Salta.
Más que hablar de una decisión «democrática», la votación en el seno del COE nos habla de la consumación de un golpe de Estado contra la autoridad del Gobernador de la Provincia, cuya voluntad ha sido formalmente excluida del proceso decisional y sustituida por la «democrática» decisión de once personas, que carecen de cualquier legitimación popular (puesto que han sido elegidas sin ninguna intervención del pueblo soberano), que funcionan de hecho como un cuerpo colegiado cuando la ley que les da vida no prevé en ningún caso un funcionamiento de tal naturaleza. Y que sesionan bajo la presidencia de una persona que carece absolutamente de responsabilidad política y que tampoco tiene autorización constitucional para comparecer ante las cámaras legislativas e informarles de la marcha de los asuntos sometidos a su competencia.
La medida más grave de todas las tomadas por el gobierno de Salta en toda su bicentenaria historia ha sido anunciada públicamente por dos sujetos enmascarados en una puesta en escena propia de las ruedas de prensa de los grupos clandestinos. Dos enmascarados que si mañana se les ocurriera circular sin máscara por las peatonales de Salta nadie podría reconocerlos como los autores de la decisión más trascendente y al mismo tiempo más impopular de los últimos 180 años.
¿Quién juzga la inconstitucionalidad de las decisiones del COE?
Un órgano eminentemente ejecutivo y sujeto al exclusivo mando del Gobernador de la Provincia no puede integrar en su seno, en ningún caso, a «autoridades» del Poder Judicial y del Ministerio Público. El principio de la separación de poderes lo impide de forma absoluta, salvo por supuesto, que se entienda que el COE (como las juntas militares de antaño) tienen atribuida la suma del poder público.Primero porque (en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público) hablar de «autoridad» es un oxímoron. Ninguna persona relacionada con estas instituciones ejerce su poder con autoridad, entendida esta como prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.
Pero aun en el caso de que las personas designadas por estos poderes del Estado para ocupar un asiento en el COE tuviesen la autoridad mínima que requiere una encomienda de esta envergadura, su integración en un órgano administrativo que adopta decisiones críticas para la salud y la libertad de los ciudadanos y para la marcha de la economía y la vida social, es frontalmente incompatible con la misión del control de constitucionalidad de las normas que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen atribuida por los artículos 153 y 166 de la Constitución de Salta.
Es decir que si a la Corte de Justicia (vértice del Poder Judicial del Estado) le corresponde conocer y decidir las acciones sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución; y si el Ministerio Público tiene encomendada la misión de velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales, y en tal sentido dispone de una amplia legitimación para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, actos, contratos o resolución de cualquier autoridad pública provincial o municipal, el que estas dos instituciones tengan un asiento asegurado en el Comité Operativo de Emergencia anula de hecho cualquier posibilidad de control constitucional de sus decisiones.
El paso en falso de Sáenz
El Gobernador de la Provincia no solo debe explicar a la ciudadanía por qué motivo el COE ha usurpado su autoridad. Es decir, debe aclarar si él, como Gobernador, está utilizando a este comité operativo como un escudo protector contra las críticas políticas, o si, por el contrario, han sido sus dos antecesores los que le han construido a su alrededor un corralito político del que no puede evadirse.En cualquier caso, sea que Gustavo Sáenz tenga o no éxito a la hora de explicar su inexplicable espantada del 19 de septiembre, todavía adeuda a la ciudadanía una explicación razonable de por qué cerró a cal y canto las fronteras provinciales durante cuatro meses y medio, porqué impidió y sigue impidiendo por la fuerza el regreso de muchos salteños a su lugar de origen, por qué puso más celo en las operaciones policiales que en el refuerzo de los hospitales, por qué sus decisiones destruyeron la economía mucho antes de que en Salta hubiesen motivos serios para preocuparse o, en fin, por qué alrededor de 600.000 salteños que estudian han perdido todo un año sin que nadie en el gobierno se hubiese planteado seriamente la necesidad de reanudar las clases.
Finalmente, Sáenz deberá explicar por qué ha decidido crear un COE «autónomo» o por qué considera que el COE es el «quinto poder del Estado» y ejerce ahora como órgano supremo que desborda y excede su autoridad como Gobernador y que se da el lujo de presentar a la sociedad sus decisiones como adoptadas por votación democrática, en una rueda de prensa de enmascarados, exactamente de la misma forma «democrática» en que la banda terrorista ETA anunciaba sus condenas de muerte.
En suma, que los salteños tienen derecho a saber por qué Sáenz es ahora menos Gobernador de lo que era hace solo cuarenta días atrás.
¿Quién o quiénes están detrás de este silencioso pero efectivo golpe de Estado?