Gustavo Sáenz, Gobernador de Salta, ha seguido la receta a pie juntillas, pues en el momento en que decidió remodelar el Comité Operativo de Emergencia (creado el pasado mes de marzo para enfrentar la pandemia) convocó a la «fuerzas vivas» de la sociedad pero no a la oposición política al gobierno, que permanece marginada de las decisiones fundamentales que hoy se necesitan en Salta. Desde el pasado mes de marzo, Salta acumula más de 8.000 casos positivos de COVID-19, con una incidencia acumulada de casi 600 contagios cada 100.000 habitantes. Los países que han alcanzado esta cifra tan crítica han puesto en marcha medidas estrictas de control con bastante más rapidez de lo que lo ha hecho Salta.
Es preciso recordar que las medidas más duras -incluido el nefasto Decreto 255/2020- fueron adoptadas por el gobierno de Sáenz y por el COE cuando la incidencia acumulada de la enfermedad era solo de 0,07 casos.
Entre mediados de marzo y mediados de agosto el gobierno provincial y el COE creyeron mantener a raya la pandemia a golpe de decretos represivos. Durante todo este tiempo se pensó que los enfermos no llegarían a colapsar los hospitales y es por esta razón que en Salta no se dio al equipamiento hospitalario la importancia que se le dio en otros países.
Bien es verdad que el gobierno de Sáenz, iniciado en diciembre pasado, recibió una red hospitalaria destruida y un sistema de salud agudamente debilitado, no solo por la falta de inversión sino por la falta de cualificaciones suficientes del personal sanitario. La realidad indica que el Gobernador debió gastar el dinero para poner los hospitales en las mejores condiciones posibles y no desplegar costosísimos operativos policiales que no han dado el más mínimo resultado sanitario y que han supuesto un enorme retroceso en nuestro sistema de libertades.
Recientemente los salteños hemos tenido que sufrir que el gobierno disponga un prolongado feriado bancario por razones religiosas, que tranquilamente se pudo haber evitado. La decisión lanzó a la calle a miles de ciudadanos que no habrían formado peligrosas aglomeraciones en el centro de la ciudad si el COE hubiese prudentemente decidido mantener la atención bancaria durante el triduo del Milagro.
Es como si el COE decidiera cerrar por cinco días las estaciones de servicio. ¿Acaso alguien puede pensar que los automovilistas no harán colas larguísimas frente a los surtidores para abastecerse de combustible antes de que las expendedoras suspendan el servicio?
El COE, inspirado por las mentalidades más autoritarias que han habido en Salta desde 1976, es muy poderoso, pero frente al poder de la iglesia católica parece que nada puede hacer. La gravísima situación sanitaria aconsejaba no solo el cierre de la Catedral (la prohibición de las misas y los rezos a puerta cerrada), sino que también se debió haber puesto en vereda inmediatamente al Arzobispo cuando este se empecinó en sacar las imágenes a la calle.
Si estuviésemos en guerra y en estado de movilización total, el comité designado para coordinar las operaciones bélicas en Salta estaría integrado solamente por amigos y parientes del Gobernador, pero por ningún miembro de la oposición política. Tampoco la Legislatura sería informada (no digamos ya consultada) sobre las medidas que adopta el gobierno. Y si la aviación enemiga buscara causar el mayor daño entre la población civil, bastaría que el comité de guerra decidiera cerrar los bancos por tres días para convertir a la Plaza 9 de Julio, llena de ciudadanos, en el fácil objetivo para las bombas enemigas.
Regreso al futuro
La decisión de volver a la fase inicial de aislamiento social es, sin dudas, razonable, teniendo en cuenta la gravedad de las cifras de contagiados y fallecidos. Pero aun así, una medida como esta debe ser comunicada debidamente a la oposición política y a la Legislatura provincial.Lo que no es razonable es que -creyendo que así se iba impedir que el virus llegara a Salta- el gobierno temeroso confinara a la población durante cinco meses, cuando apenas si había tres o cuatro casos en toda la provincia y ni un solo fallecimiento.
Esta decisión, que supuso un enorme coste económico para el Estado en policía y medidas de seguridad:
1) evitó que el gobierno pusiera la atención debida en el sistema hospitalario;
2) destruyó nuestra economía y paralizó actividades estatales esenciales, como por ejemplo la administración de justicia;
3) contribuyó a potenciar la falsa sensación en la población de que lo de la pandemia es una falacia, como sostienen los negacionistas;
4) rebajó sustancialmente la confianza de los gobernados en el acierto de los gobernantes.
Es de esperar que, frente a la evidencia incontestable de los errores cometidos, el gobierno provincial ponga ahora más empeño en curar a los enfermos (cuyo número se duplica cada vez con mayor velocidad) que en castigar a los desobedientes. En otras palabras, que gaste más en médicos y en medicamentos que en policías y en balas de goma.