El Gobernador de la Provincia ha pedido al gobierno federal que movilice al Ejército, pero no para convertir a los soldados en agentes sanitarios rastreadores, como han hecho otros países del mundo, sino para cerrar a machete una frontera que cada vez se parece más a una coladera.
Lo mismo se puede decir de los agentes de la Policía provincial, pues frente a la evidencia de que miles de uniformados se han contagiado del coronavirus, el gobierno insiste en el despliegue de retenes, sin reparar en que el contacto humano entre agentes de la autoridad y ciudadanos en las calles (el manoseo del DNI, por ejemplo) o el contacto estrecho entre policías, es mucho más peligroso que el dejar que cada uno vague a su aire por las calles.
Hasta hace unos días, el no llevar bien puesta la mascarilla sanitaria podía traer aparejado -según las propias normas del COE- un proceso penal con la amenaza de los 15 años de prisión previstos en el artículo 202 del Código Penal. Hoy, en virtud de una norma jurídica que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, los residentes en Salta que circulen sin la mascarilla o con la mascarilla mal puesta van a ser sancionados con una cuantiosa multa.
No se sabe muy bien si este «cambio de frente» en el juego del gobierno obedece a que la gente común le tiene cada vez menos miedo al castigo penal (sobre todo al que es absurdo y desproporcionado) o que el gobierno necesita «hacer caja». Quizá el giro tenga que ver con la difundida creencia de que tocándole el bolsillo a la gente la obediencia está mejor asegurada.
Los ciudadanos normales tienden a relacionar «represión» con «policía» (algunos un poco mejor informados la relacionan con los fiscales, que son 'latigueadores encorbatados'), pero en el caso particular de Salta, la represión nace en el propio Comité Operativo de Emergencia, integrado por personas a las que el poder (y una falsa sensación de autoridad) se les ha subido a la cabeza. Son ellos -y no tanto los uniformados- los principales protagonistas de la represión en Salta. El COE ha dictado normas absolutamente contrarias a los Derechos Humanos y ha demostrado que así como antes el autoritarismo liberticida se ejercía en nombre del «ser nacional» o la «unidad de los argentinos», hoy se ejerce en nombre de «la salud de nuestros compatriotas». Para cuidar de ella es que el COE ha sancionado normas que le hubieran hecho temblar el pulso al mismísimo general Videla.
El gobierno de Salta no puede gastar enormes cantidades de dinero para desplegar su aparato represivo y para instalar a la Policía en las calles, como si fuese el día siguiente al 24 de marzo de 1976. Este dispendio debe tener un límite y es hora de que los ciudadanos se lo señalen al gobierno.
Ha quedado demostrado sin posibilidad de contradicción que la «solución» policial a la amenaza del virus no solo es poco o nada efectiva sino que, además, es contraproducente.
Por otro lado, el gobierno -que ha heredado de Urtubey una red hospitalaria en estado calamitoso- no puede pensar que solamente aumentando ambulancias y distribuyendo garrafas de oxígeno va a conseguir controlar la enfermedad.
Lo que se necesita son más y mejores instalaciones hospitalarias, más equipamiento, más médicos, más enfermeros y enfermeras. Pero claro, lo que más abulta son las ambulancias. Un Gobernador no se da un baño de multitudes cuando firma un decreto para designar enfermeros; lo hace cuando «entrega» esas furgonetas apenas tuneadas pero bien pintarrajeadas a las que en Salta se les llama «ambulancias».
Se necesita también que los diputados provinciales que apoyan al gobierno y que están dirigidos por el tristísimo Javier Diez Villa pongan su atención en los asuntos que le son más próximos y no en el espacio sideral ni en la ufología.
Ha llegado la hora de decidirse: o elevamos a Pulleiro o elevamos a Medrano. Es decir, tenemos que elegir entre reprimir a los ciudadanos con la (peregrina) ilusión de que la falta de contacto interrumpa la circulación del virus o nos dedicamos a curar a los enfermos y evitar los contagios por medios menos traumáticos que el control policial omnipresente.
Don Gustavo Sáenz debe elegir, pues, entre la jeringa y la horca.