Lo llamativo es que oficialismo ha preferido debatir algunos asuntos de importancia muy menor, que ponen de relieve hasta qué punto la Legislatura provincial, por decisión de la mayoría gubernamental, ha perdido todo contacto con la realidad política y con los asuntos que preocupan a los ciudadanos.
Si bien es verdad que la decisión de realizar pruebas de coronavirus a los trabajadores sanitarios es algo que, en principio, debe decidir el gobierno y no las cámaras legislativas, negarse a cualquier discusión para privilegiar el tratamiento de proyectos tan intrascendentes y extravagantes, como la declaración de que la cámara «vería con agrado» que el gobierno incorporara al sistema de protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico, regulado por la ley 7418, el terreno del llamado «ovnipuerto» de Cachi.
El mencionado proyecto, suscrito por el diputado Marcelo Oller Zamar apenas si contiene fundamentos. Aunque más llamativo que esto último, es que la descripción del llamado «ovnipuerto» (un amontonamiento de piedras) no encaja en ninguna de las categorías legales. El artículo 3º de la ley 7418 dice que «los bienes que integran el PAUPS, son de carácter histórico, etnográfico, artístico, arquitectónico, urbanístico o paisajístico».
Tal cual aparece descrito en el proyecto del diputado Oller Zamar, el mencionado «ovnipuerto» no es un sitio o lugar histórico (su construcción es de reciente data) y no tiene valor arquitectónico, urbanístico o artístico. Ninguna de estas cualidades ha sido avalada por expertos en ninguna de estas disciplinas.
El «ovnipuerto» tampoco encaja en la definición legal de monumentos: «obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras, que sobresalen por su valor arquitectónico, histórico, social o artístico, vinculado a un entorno o marco referencial, que concurra a su protección».
De igual manera, el «ovnipuerto» no constituye un conjunto o grupo de construcciones, carece de valor como jardín histórico o como espacio dotado de arbolado público y, desde luego, no es ni una plaza, ni un bulevar, ni una costanera o una calle en donde exista homogeneidad tipológica espacial ni edificios de valor histórico ni «uso social pleno», como prevé la ley vigente.
Día del Peregrino
Los diputados del oficialismo salteño, al mismo tiempo que cerraban las puertas al debate sobre la seguridad de los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia, se declaraban partidarios de instituir el 14 de septiembre como el Día del Peregrino.Durante la sesión, ningún legislador afín al gobierno ha explicado por qué motivo los peregrinos que se movilizan durante una festividad religiosa disfrutan o deben disfrutar de una consideración social más favorable a la de los trabajadores y trabajadoras que exponen sus vidas mientras atienden a los enfermos de COVID-19.
Conviene recordar que en Salta el peregrinaje disfruta ya de una extensa protección material (y en menor medida económica) tanto por parte del gobierno como de la Iglesia. En consecuencia, la institución por ley de un día en su honor -un gesto que en principio nada aporta a la efectiva protección del peregrino- se antoja una medida populista cuyo único objetivo es el de congraciarse con un segmento de la población al que, por encima de todo, las circunstancias aconsejan ensalzar y convertir a sus individuos en los nuevos héroes sociales.