Algunos -a decir verdad muy pocos- han reaccionado contra estas medidas por considerar que atacan el núcleo esencial del derecho fundamental de reunión. Pero son todavía menos los que -dando por hecho que el derecho de reunión ha sido gravemente lesionado- denuncian algo que es muy obvio: que el gobierno no se ha tomado la molestia de dar explicaciones convincentes y suficientes para restringir un derecho que es clave para el desarrollo de la vida política.
Lo que acaba de hacer el gobierno en Salta con el derecho de reunión encaja a la perfección con una estrategia de infantilización de la sociedad y la correlativa entronización de los gobernantes en un sitial de privilegio, desde donde ejercen de «padres protectores».
Durante siglos, la historia del pensamiento político ha dedicado un espacio significativo al esfuerzo de numerosos autores de diferentes escuelas que, desde distintas creencias religiosas y contextos culturales, han buscado desentrañar el verdadero sentido de la famosa afirmación de Aristóteles (384-322 a.C.) de que el hombre por naturaleza está destinado a vivir en comunidad.
El filósofo escribió:
«De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre, por naturaleza, es una especie de animal social. Por su parte, del sin ciudad por naturaleza y de aquel que, por su quehacer resulta ciertamente disminuido, o de aquel que es superior a un hombre, escuchamos a Homero vituperarlo por carecer de “fratría, ley y casa familiar”, y que siendo así por naturaleza, tiene por ello una inclinación a la guerra como lo que ejecuta cada pieza aislada en el juego de damas. La razón por la que el hombre es un ser social, más que las abejas o que cualquier otra especie de animal gregario, es evidente: la naturaleza no hace nada en vano. El hombre es, por otra parte, el único que tiene un lenguaje inteligible. El sonido sirve para indicar el dolor y el placer; y eso es común a todos los animales, porque por naturaleza así se transmite la sensación de dolor y de placer. Ahora bien, el lenguaje inteligible sirve además para manifestar el propio interés, así como lo dañino, o lo justo y lo injusto, siendo esto exclusivo del hombre que, así, se diferencia de los demás animales al tener, por ello, el sentido del bien y del mal, el de lo justo y de lo injusto y todo lo demás que le es propio».
Quizá para expresarlo de un modo muy gráfico, se puede decir que el gobierno provincial de Salta ha hecho añicos la polis, al echar abajo, por las bravas, los pilares que la sustentaban.
Un par de golpes de martillo han sido suficientes para dividir a la sociedad humana de Salta en tres:
1) La minúscula e insignificante minoría de hombres y mujeres libres que, de algún modo, contra viento y marea, parecen seguir empeñados en disfrutar de sus derechos;
2) La selecta minoría de hombres y mujeres (los gobernantes y las gobernantas) que viven como dioses fuera de la sociedad humana (y fuera de la realidad), pues ellos mismos se han arrogado el derecho de dirigir la vida de los demás sin voluntad ninguna de someterse a las mismas normas que imponen;
3) La enorme mayoría de hombres y mujeres expulsados de facto de la polis, a los que el gobierno provincial de Salta ha reducido (en terminología aristotélica) al estatus de bestias.
La interpretación más compartida del pensamiento de Aristóteles es aquella que nos subraya que el ser humano, por su capacidad dialógica, por su necesidad vital y por su fuerza intelectual, es un ser que está destinado a cumplimentar el camino entre el simple vivir y el convivir, que es una manera de ser-con-otros. El ser humano es el único animal que busca completar su ser con el ser de los otros; es decir, con el de aquellos que buscan junto a uno la realización social e individual de la polis.
Si pensamos en la pandemia que nos amenaza, parece claro que el ser humano no saldrá victorioso de esta batalla sino gracias a la cooperación entre semejantes. Por eso es que la práctica totalidad de los gobiernos civilizados de la Tierra ha optado por no romper los lazos de convivencia amenazando con castigos penales a los que se reúnan con otros. Las reuniones de los seres humanos -cualquiera sea su finalidad- forman parte de la naturaleza humana y si bien pueden ser restringidas temporalmente por motivos justificados (como el avance de una enfermedad que por el momento no tiene cura) no pueden ser prohibidas de raíz y menos bajo amenaza de castigos penales desproporcionados y extravagantes como los que el gobierno ha propuesto en Salta.
Sin rigor, el gobierno llama «reuniones sociales» a los cumpleaños, a los asados familiares, a las fiestas juveniles y a otras actividades lúdicas. Pero tan «sociales» como estas son las reuniones del gabinete de ministros, las del Comité Operativo de Emergencia, la de los médicos en los hospitales, la de los bomberos en sus cuarteles, las de los senadores y los diputados o la de aquellas personas que necesitan estar cerca las unas de las otras para poder producir y subsistir. A los fines epidemiológicos, el contacto cercano entre personas es tan peligroso en una reunión familiar como en una reunión de gobierno o en una reunión parlamentaria.
Por tanto, no se puede criminalizar los cumpleaños y encarcelar a quienes asistan a ellos sino, más bien, desalentarlos, convenciendo a las personas de que no es conveniente que se celebren mientras exista peligro de difusión masiva de la enfermedad. Pero para eso, el gobierno, las fuerzas de seguridad y los servicios de salud deben admitir que tampoco es conveniente que ellos se reúnan, sobre todo cuando las reuniones no son necesariamente imprescindibles.
¿Qué autoridad puede tener un gobierno para prohibir los asados familiares cuando el Gobernador, su esposa, sus ministros y vaya a saber cuántos más asisten a una ceremonia presencial de entrega de un inmueble trasmitido en donación, que se podría haber aceptado por un double check de Whatsapp, sin necesidad de ninguna pompa?
La gente común que ve al Gobernador de la Provincia exhibirse como si estuviera de campaña electoral, paseando en un sitio y en otros, entregando casas y ambulancias en actos que se pudo haber organizado de otra manera, con mucho menos riesgo epidemiológico, se siente tentada a hacer lo mismo.
El ser humano que sale, se reúne, circula de noche, que es sociable, alegre y conversable no es «un irresponsable» como pretende el Gobernador de Salta. Al contrario, «irresponsable», en el mejor sentido de la expresión, es aquel que pretende quitarle al hombre sociable uno de sus bienes más preciados (su libertad de andar, de decir y de reunirse), pero por la fuerza, sin contar con la voluntad ni con el consenso del hombre libre.
El gobierno no tiene derecho a expulsar a los demás de la polis. Además, a ningún gobierno le conviene hacer algo como esto con carácter general, puesto que la cooperación de unos con los otros es condición sine qua non para luchar contra la enfermedad y para ganar la batalla. Las medidas del gobierno solo conducen a distinguir entre dioses (los que gobiernan y nunca fallan) y bestias (los irresponsables que son culpables de que el virus se extienda). Así no hay sociedad que funcione, pues no habrá ni empatía ni cooperación, que son dos cualidades de la vida social que constituyen las bases mismas de la convivencia entre seres humanos en una sociedad políticamente organizada.
La sociedad no se puede preservar destruyendo los fundamentos sobre los que se sustenta. La promesa de que las restricciones de nuestros derechos tienen por finalidad última la de cuidar de nosotros mismos, recuerda mucho a aquellos comunicados de la dictadura militar en los que se afirmaba que el golpe de Estado, el derribo del gobierno y la aniquilación de la Constitución tenían por objeto «preservar la democracia y asegurar la unidad de los argentinos». Puras mentiras.