Hay que reconocer que, entre la dispersión de la comunidad científica, el carácter imprevisible de la evolución del agente patógeno y la mala información, es fácil para cualquiera confundir el camino hacia las soluciones.
Pero los gobiernos no se pueden equivocar, y mucho menos equivocarse sin hacer el más mínimo intento de reconocer sus errores.
Desde mediados de marzo hasta mediados de julio, el gobierno de Salta creyó que blindando el territorio y colocando sobre los ciudadanos un peso casi imposible de remover (el de la fuerza bruta) se podía mantener a raya a la pandemia. Los resultados acompañaron... hasta que dejaron de hacerlo.
Durante aquellos épicos cuatro meses, el gobierno provincial hizo muchos esfuerzos por mejorar la respuesta penal a la amenaza biológica; pero hizo muy pocas inversiones en materia de salud. No mejoró la dotación de recursos de los hospitales (prueba de ello es que el segundo hospital más importante de la Provincia no tuvo acceso al agua potable sino hasta la semana pasada), no se aumentó significativamente el número de camas en las unidades de cuidado intensivo, no se preparó especialmente a los médicos y enfermeros disponibles, no se hizo ningún esfuerzo por coordinar la respuesta sanitaria con los operadores privados del sector, no se compraron respiradores artificiales, ni equipos de protección individual, y solo se mejoró el tiempo de respuesta para las pruebas diagnósticas.
Ahora, cuando es un poco tarde para empezar a hacer lo que debió ser hecho hace bastante tiempo, el gobierno hace aspavientos por los recursos que está volcando en el tercermundista hospital de Tartagal. Mientras tanto, otros importantes centros poblados de la Provincia de Salta carecen de recursos suficientes para enfrentar un elevado número de contagios simultáneos.
Cuando parece que el gobierno se ha dado cuenta de que con el Código Penal no se curan las enfermedades ni se detienen las epidemias, las consignas fluctuantes han adoptado un sesgo patriótico, como se desprende de la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz a «defender la patria en peligro».
Quizá lo más llamativo de esta última consigna es que la frase que la propicia -atribuida al General San Martín, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy nada menos que 170 años- supone una suerte de puñalada mortal al Estado de Derecho. Es decir, si para defender la patria amenazada se puede hacer cualquier cosa, esto quiere decir que las leyes que nos hemos dado para que nuestros conflictos no se nos vayan de las manos no sirven para nada. El primero que hará cualquier cosa para defender lo que está en peligro será el gobierno de Gustavo Sáenz.
La frase de San Martín, sacada de su contexto histórico, significa en términos futbolísticos que, frente a un peligro de gol inminente, el defensor puede utilizar un hacha y partir en dos al delantero que está a punto de convertir, sin que la acción pueda ser penalizada.
Ni el gobierno, ni la sociedad, ni los ciudadanos individuales pueden hacer cualquier cosa para defender la patria o para defenderse a sí mismos. Vivimos en una sociedad política organizada sobre la base de la limitación de los poderes y debemos respetar esos límites hasta el final, porque después de ellos aparecen otros que están vinculados con el Derecho Internacional.
Para empezar, nuestro Ejército no puede -por razones estrictamente legales- intervenir en la frontera contra los ciudadanos extranjeros sin que exista una hipótesis de conflicto externo validada por el Congreso Nacional. Y si un conflicto de esta naturaleza asomara en el horizonte, lo primero que debe hacer nuestro país -lo que deben hacer nuestros soldados- es respetar escrupulosamente el Derecho Internacional de la guerra. Es decir, que tampoco aquí se puede hacer cualquier cosa.
El gobierno de Salta debe recobrar la serenidad, si es que alguna vez la tuvo. Los funcionarios que se han encaramado a la cresta de la ola para desde allí impartir lecciones a los gobernados, como si estos fuesen todos ignorantes o iletrados, deben apearse de su pedestal y escuchar a quienes no opinan como ellos. Justamente la pandemia y el coronavirus son temas en los que las opiniones están muy divididas y no existen, por el momento, razones o argumentos realmente irrebatibles para desechar cualquiera de ellas.
El gobierno provincial debe abandonar también la línea de las consignas fluctuantes y concentrarse en optimizar los recursos del sistema sanitario, realizando inversiones concretas y tangibles, y no limitándose simplemente a «entregar» ambulancias. Si este enfoque triunfa sobre otros más realistas, mañana, en vez de «entregar» ambulancias, el gobierno «entregará» coches fúnebres. Necesitamos algo que ayude a acabar con el virus y con la enfermedad. No necesitamos gestos populistas, como por ejemplo efectuar un viaje de riesgo para mostrarse durante unas cuantas horas y en unos cuantos lugares con la gente que sufre.
Aun si diéramos por buena la retórica de la guerra, con la que se pretende movilizar la conciencia de los salteños, tendríamos que admitir que el mejor general no es aquel que se bate junto a su tropa sino el que la dirige hasta el final desde un lugar seguro, consciente de que es mejor que a uno lo maten en su puesto de mando mientras dirige las operaciones, que morir peleando en el frente junto al soldado de más baja graduación.