Aunque con menos responsabilidades y una exposición quizá menor, un auxiliar fiscal es un funcionario de pleno derecho, al servicio del Ministerio Público.
Por tanto, la deslealtad de uno de ellos no debe ser vista ni tratada como un problema puntual y aislado, como un asunto ajeno y distante, sino como un problema que corroe los cimientos mismos de una institución que adeuda a la sociedad una profunda autocrítica.
Estigmatizar a un auxiliar fiscal, por su rango, comporta colocar a los fiscales en un nivel moral superior, cuando todo indica que -al igual que lo que sucede en el seno de la Policía- los fiscales, con independencia de su rango, pueden servir mejor o peor al interés general tutelado por la Ley.
El establecimiento de una «escala moral» en el universo fiscal solo beneficia a la cúpula y, en concreto, al Procurador General, que es el jefe de todos los fiscales.
Pero ni el Procurador General ni sus subordinados más activos pueden congratularse de haber pillado en un renuncio a un auxiliar. Más bien deberían lamentarlo, como deberían lamentar también que cualquier otro integrante del Ministerio Público (incluidos los que incurren en el horrible hábito del mal estacionamiento) sigan aportando a la institución.
Desde luego, de comprobarse la cooperación del auxiliar fiscal de Joaquín V. González con un comisario acusado de abuso de poder, la reacción debería ser ejemplar. Pero ninguna reacción lo será lo suficiente si las medidas que se adoptan consisten en apartar a la manzana podrida y cargar sobre ella todas las culpas habidas y por haber.
La defección fiscal es un asunto serio, pero mucho más lo son las condiciones que la propician y facilitan, que siguen ahí, y que seguirán aunque se consiga apartar a todas las ovejas descarriadas.
Nuestros fiscales -todos ellos- están alcanzados por una sospecha de venalidad más que fundada desde el momento en que crímenes atroces, como el cometido en julio de 2011 contra las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, solo provocan en ellos indiferencia y desdén, cuando no miedo.
Son los fiscales (a los que se supone valientes y arrojados) los que deberían salir inmediatamente a buscar a los que violaron y torturaron hasta la muerte a estas dos jóvenes extranjeras. Pero los «moralistas» al comando de Abel Cornejo se parapetan detrás de una montaña de argumentos procesales que lo único que hacen es permitir que el tiempo pase y cada vez sea más difícil el hallazgo de la verdad.
Es decir, más de un fiscal penal de Salta entiende la moral como más y mejor conviene a sus intereses.
Si fuera de otro modo, esta sería la hora en que muchos crímenes horribles cometidos en Salta, en los que se supone que existen fuerzas poderosas que operan para que no se esclarezcan nunca, estarían ya resueltos y sus perpetradores castigados como corresponde.
Si seguimos por esta línea «clasista» de atribución de responsabilidades, no estará lejano el día en que desde el Ministerio Público Fiscal se intente convencernos de que toda culpa es de los auxiliares fiscales y no de los quienen la misión legal de instruir las causas penales hasta el hallazgo de la verdad jurídica objetiva.
Si los fiscales siguen persiguiendo a los pequeños infractores de las normas seudosanitarias del COE y archivando las denuncias por corrupción política (como la que pesa sobre Urtubey por el uso proselitista de los aviones oficiales), así sea enorme el agujero provocado en el patrimonio de todos los salteños, lo que corresponde es extender el manto de inmoralidad también a ellos, empezando por su intocable jefe.
Un auxiliar de fiscal les ha salido rana, es cierto. Pero si así ha ocurrido estamos solo ante la punta del iceberg. Debajo del nivel del agua, donde pocos pueden ver sin congelarse, se tejen y destejen historias de las más variadas, la mayoría de las cuales solo contribuye a dejar el nombre del Ministerio Fiscal en un lugar de decencia más que dudosa.