Tal y como se preveía después de su irregular designación para el cargo, el jefe de todos los fiscales de Salta ha mandado a que uno de los suyos disponga el archivo de la denuncia penal contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey por la utilización ilegal y abusiva de las aeronaves del Estado provincial para su provecho personal y para su frustrada campaña presidencial.
Sin apenas practicar diligencias y sin permitir al denunciante consultar las actuaciones, el fiscal penal de Salta, señor Leandro Flores ha dado carpetazo a uno de los hechos de corrupción política más graves y dañinos de la última década.
¿Se trata de una victoria de Urtubey?
En absoluto. El rápido archivo de la denuncia formulada por el diputado provincial Héctor Martín Chibán confirma sin el menor atisbo de duda que el escudo de impunidad desplegado por Urtubey, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en la Corte de Justicia funciona a la perfección.
Desde este punto de vista, el archivo de la denuncia, más que dar la razón a Urtubey, se la da a quienes sospechan que la corrupción política en Salta está amparada desde las más altas magistraturas del Estado.
Si Urtubey ha ganado el pulso -cosa que está por verse- lo ha ganado de forma antideportiva; es decir, accionando el dispositivo automático que él se encargó de montar para protegerse, pero que amenaza con hacer agua en cualquier momento.
Independientemente de cómo se resuelva en definitiva esta denuncia en la justicia, el archivo sin investigación y sin las certezas que solo puede proporcionar un juicio abierto y contradictorio, representa una victoria pírrica para Urtubey, pues las sospechas de abuso de las aeronaves de la Provincia lo van a perseguir de por vida, por donde quiera que vaya.
A diferencia de las sanciones jurídicas, los castigos morales no necesitan de una prueba contundente. Con esta operación silenciosa sobre los fiscales Urtubey se ha echado la soga al cuello, pues una enorme mayoría de sus comprovincianos seguirá por muchos años convencida de que ha utilizado bienes del Estado para su beneficio personal. Cualquiera, hasta el menos experto en materia de aeronavegación, sabe que los repetidos aterrizajes y decolajes del avión de todos los salteños del aeródromo de la ciudad bonaerense de San Fernando se han debido a los desplazamientos familiares de Urtubey, así como los registros aeroportuarios lo condenan, cada vez que uno confronta la fecha y la hora de los vuelos con la presencia del excandidato presidencial en diferentes ciudades argentinas y de países limítrofes.
Todo ello sin contar con que recitales -como el de Luis Miguel- o espectáculos deportivos -como los partidos de los Pumas o de River Plate- también eran motivo para quemar combustible en los cielos del país.
Las dudas del abuso se reducen, pues, a cero.
En tales condiciones, aunque todo un ejército de fiscales lo exculpe, el castigo moral es inevitable.
Para una gran mayoría de salteños, Urtubey ha traspuesto muchas veces la línea que separa los comportamientos éticos de los políticos de la inmoralidad más absoluta. Y en este terreno se quedará, a menos que se avenga a enfrentar un juicio frente a un tribunal independiente.