Lo que parece increíble es que en el año 2002 y después de llevar siete años al mando de la nave, el gobernador Juan Carlos Romero llevara la secuencia de sus decretos en un cuaderno vulgar y silvestre, con anotaciones hechas a mano y tablas rudimentarias.
Por desgracia, el Boletín Oficial no tiene índices de decretos de años posteriores, por lo que es difícil precisar en qué época estos registros manuales fueron sustituidos por registros informatizados. Por suponer, supongamos que fue en el año 2003, como muy pronto.
Cualquiera que acceda a esta sección tan folklórica del Boletín Oficial podrá comprobar la prolijidad de los gobiernos anteriores a 1983. En aquellos años, las hojas en las que se anotaban los decreto, se le asignaba un número y se consignaba su fecha, estaban foliadas y por el simple hecho de estarlo el instrumento tenía algún viso de seriedad.
Pero los registros de Romero entre 1995 y 2002 son dignos de una libreta del carnicero, sin lugar a ninguna duda.
Pone los pelos de punta saber que buena parte de la seguridad jurídica de los salteños, la vigencia y delimitación de sus derechos estaban confiadas a recursos administrativos tan precarios como los que podría tener el almacén de la esquina.
Lo más grave, quizá, es que ya en 1995 los recursos informáticos en Salta eran abundantes y había computadoras bastante potentes en casi todas las dependencias importantes de la Administración. Es absurdo pensar que un Gobernador hubiera tolerado que sus subordinados llevasen la secuencia de sus decretos de una forma tan rudimentaria y poco prolija.
De todos modos, hay que agradecer al Boletín Oficial que no nos haya ocultado esta realidad tan vergonzosa.
