Antes de entrar a comentar esta opinión del ministro, creo que es conveniente decir que tengo por el ingeniero Villada un respeto absoluto y que es ese mismo respeto el que me impulsa a revisar con agudo sentido crítico cada una de sus intervenciones públicas y cada una de sus decisiones como funcionario con responsabilidad política.
Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero la libertad requiere de responsabilidad individual. No bajemos los brazos ni la guardia, sigamos unidos y cuidándonos.#QuedateEnCasa #Usatapabocas #LavateLasManos #GobiernoPresente pic.twitter.com/rtV6TdnjCF
— Ricardo Villada (@ricardo_villada) July 13, 2020
Dicho lo anterior, añadiré que el tuit de Villada me parece impecable, salvo por un pequeño, pequeñísimo, detalle: el «pero» intercalado entre las primeras dos oraciones.
El empleo de esta conjunción adversativa suele ser muy traicionero. En casos como el del tuit del ministro Villada su utilización revela una conexión un poco tortuosa entre lo que el gobierno «tenía que hacer» y unas supuestas condiciones morales para el disfrute de la libertad.
Podría yo haber levantado el teléfono y llamarlo a Villada para preguntarle qué quiso decir exactamente. Pero no tengo su número, no tengo a nadie que me lo pueda facilitar y la última vez que le envié un mensaje por Twitter (en febrero de 2019, para darle el pésame por el fallecimiento de su madre) el ingeniero no me respondió como solía hacerlo antes.
Es por ello que me he tomado aquí la libertad de interpretarlo.
Evidentemente, no hay dudas de que el ejercicio de la libertad es tanto más legítimo cuanto más seamos conscientes de esa conexión tan estrecha que existe entre nuestros actos «libres» y sus consecuencias.
Sin embargo, en el tuit del ministro Villada se deja entrever un concepto negativo de libertad ya que sus juicios aluden a «lo que teníamos que hacer y se hizo», palabras que evidentemente se refieren a las restricciones de la libertad impuestas por el gobierno, sin pasar por la Legislatura ni antes ni después de ponerlas en práctica.
El «pero» que une o vincula las dos primeras proposiciones viene a decirnos que si los salteños hubiéramos sido más responsables en el uso de nuestra libertad, el gobierno no se habría visto en el predicamento de tener que recortar nuestra libertad.
El «pero» significa también que el gobierno que «hizo lo que tenía que hacer» hará lo mismo o más todavía si en el tiempo que queda para dar por superada la pandemia los salteños no se comportan con responsabilidad.
Pero ¿qué entiende el gobierno por responsabilidad?
Evidentemente, para el gobierno responsabilidad es igual a obediencia. El que no observa los úkases del COE es automáticamente colocado en la casilla de los irresponsables y, por añadidura, en la lista de ciudadanos que no merecen su libertad.
La conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. Sólo cuando somos libres en el sentido positivo de la palabra -es decir, autónomos, conscientes-, nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones y podemos ser responsables.
Lamentablemente, el gobierno se equivoca con sus decisiones tanto como podría hacerlo cualquier ser humano individualmente considerado. Ningún gobierno es infalible y especialmente no lo es el que integra el ingeniero Villada.
Pretender soldar responsabilidad con obediencia es, por así decirlo, una irresponsabilidad en sí misma, muy propia de los gobiernos autocráticos; de las dictaduras si es que a alguien le gusta el empleo de este lenguaje.
No pienso que el gobierno de Sáenz sea una dictadura, pero estoy casi convencido de que a muchos de quienes lo integran la pandemia les ha venido como anillo al dedo para sacar a pasear su vena más autoritaria y liberticida.
Si Urtubey les decía a sus íntimos que le encantaba ser Gobernador porque «decís la primera boludez que se te viene a la cabeza y los boludos aplauden», al que manda no solo le gusta ser aplaudido sino también, y muy especialmente, ser obedecido sin rechistar en sus dictados. El que manda sin ser obedecido es porque carece de autoridad, por muy legítimo que sea el poder que ejerce.
La obediencia, como la responsabilidad, no está reñida con el uso legítimo de la libertad. Pero la obediencia se consigue en base a la fuerza persuasiva de la autoridad, una autoridad que no proporcionan ni los bastones de la policía ni la amenaza permanente de cárcel que brota de los despachos fiscales. Eso es pura fuerza. Se podría decir que es legítima, por aquello de que el Estado la monopoliza. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que en esta situación excepcional la responsabilidad cívica (individual y colectiva) se consigue a fuerza de bastonazos, de decretazos o de imputaciones fiscales.
Si el Salta existiera un Poder Judicial verdaderamente independiente y sus órganos fuesen ecuánimes e imparciales, la desobediencia adoptaría siempre la forma de una acción judicial. Pero como los ciudadanos conocen los bueyes con que aran, la desobediencia buscará forzosamente otros canales de expresión, con el riesgo que ello supone para el equilibrio institucional.
Hay que decir también que nunca, ni en nuestras mejores pesadillas el gobierno hará «todo lo que tiene que hacer». Siempre le faltan y le faltarán cinco pal peso.
Si el gobierno «ha hecho todo» y aun así quedan ciudadanos por convencer, el «pero» nos viene a decir que la próxima estación en la que parará el tren de la convicción será el de la compresión total de la libertad. ¿Es esto lo que quieren Sáenz y Villada para Salta?
Cuando el gobierno de Sáenz y el ingeniero Villada consigan llegar a ese extremo, concediendo a algunos, a cambio de su obediencia, libertades que la Constitución tiene reconocidas y sacralizadas y castigando con la privación de las libertades a los desobedientes e irresponsables, habrá cruzado la gruesa línea que separa a las democracias de las dictaduras.
Yo solo espero que esto no ocurra solo por un «pero» y que el ministro ingeniero, aunque se haya revelado como un mal respondedor de condolencias, reconozca el valor que en democracia tiene la desobediencia e, incluso, la irresponsabilidad, que existen, a mi juicio, para que el gobierno se dé cuenta de que siempre es mejor convencer que vencer con palos, con decretos y con resoluciones del COE.
Ningún gobierno responsable debería aplicar a los irresponsables la fuerza bruta. Esperemos que en Salta prime la sensatez y que la acción de unos y la reacción de otros no lleguen a un extremo en que el regreso de las libertades republicanas se vuelva difícil o imposible.