Tanto, que la primera respuesta «epidemiológica» del gobierno frente a lo que parece ser el comienzo del momento más crítico de la pandemia es el regreso al encierro o, al menos, la vuelta de las restricciones a los movimientos ciudadanos.
La pregunta que se han formular los salteños ahora es si Salta no ha echado el cerrojo muy temprano. Porque es probable que si en vez de decretar el toque de queda en las dos últimas semanas de marzo lo hubiera hecho a comienzos de mayo, el sistema económico de Salta no habría sufrido el menoscabo tan brutal que hoy padece y la situación epidemiológica apenas habría cambiado.
Si las restricciones han vuelto, nada mejor que echarle la culpa a los ciudadanos. Jamás al gobierno, porque se supone que, Sáenz, Posadas, Medrano, Pulleiro, Villada y compañía, como el Papa, son infalibles en cuestiones de virus y en otras un poco menos peliagudas.
El Secretario General de la Gobernación ha salido a prometer castigo para los «irresponsables», refiriéndose siempre a los ciudadanos de a pie que desafían la autoridad del gobierno y no obedecen las normas sanitarias.
Pero ¿quién castiga las decisiones irresponsables de gobernantes como él?
El Gobernador de Salta habla de «relajamieno» y se refiere siempre a los ciudadanos. Nunca da ni dará a entender que el gobierno y la policía también han relajado los controles, algo que es mucho más que evidente.
Porque si el gobierno y la policía no hubiesen aflojado, envueltos en el triunfalismo de «la buena situación epidemiológica», no sería necesario anunciar ahora un «endurecimiento».
Solo se puede endurecer aquellos controles deficientes que no eran lo suficientemente rigurosos. Aun así, la solución final del coronel Pulleiro (vallar el centro de la ciudad), más que una respuesta sanitaria parece un recurso salido de un viejo manual militar.
Sin desprenderse de su autoridad, ni disminuirla, el gobierno tiene que reconocer que muchas cosas se podrían haber hecho mejor. Y reconocer también que muchas otras se podrían haber resuelto rápidamente, sin decretar el confinamiento prematuro ni la abrupta interrupción de la economía. Si algo ha quedado demostrado durante esta crisis sanitaria es que muchas actividades económicas se pueden realizar sin poner en riesgo la salud propia y la ajena en lo más mínimo.
Las decisiones del gobierno -especialmente la de blindar las facultades de la Policía para arrestar a las personas sin proceso- han hecho retroceder las libertades en Salta a un estadio claramente predemocrático.
Si aun así, con estas facultades dictatoriales prácticamente ilimitadas, no se ha logrado controlar la pandemia y el gobierno se ha visto obligado a emplear mano dura para controlar a la población, antes que echarle la culpa a los ciudadanos -que es lo más fácil- lo que hay que hacer es estudiar con detenimiento qué partes del gobierno funcionan mal, porque desde el punto de vista estrictamente sociológico resulta imposible pensar en una ciudadanía enferma de irresponsabilidad y amante del viva la pepa, y un gobierno perfecto, eficaz y rigurosamente sincronizado.
Si fallan los ciudadanos es que también falla el gobierno. Los defectos de unos se trasladan al otro con mayor velocidad con que se transmiten los virus.
Al gobierno de Sáenz no le conviene presumir ahora de su «contabilidad epidemiológica». No le conviene porque los casi treinta casos registrados (mientras las provincias cercanas, excepto Catamarca, triplican esta cifra) se han logrado no con medidas sanitarias sino con medidas militares, como lo demuestra el vallado del coronel Pulleiro o los piquetes de Gendarmería que cortan las rutas del norte para dividir la Provincia más todavía de lo que ya está.
La verdadera capacidad de Salta para enfrentar a la pandemia se podrá medir cuando el sistema dé respuestas genuinamente sanitarias a un desafío sanitario. Es decir, cuando los hospitales respondan a una demanda aumentada, cuando los médicos curen a muchos enfermos al mismo tiempo (no a dos o a tres cada cierto tiempo), cuando el virus desaparezca vencido por los hábitos higiénicos de los salteños.
Matar el virus a cañonazos puede que mantenga baja la cifra de contagios, pero seguirá siendo una medida militar, no una decisión sanitaria.