Paradójicamente, la mejor fotografía del pasado la podemos obtener ahora, en el presente, con solo capturar la pantalla de nuestro teléfono móvil.
Reconocerlo produce tristeza, pero no ha sido el gobierno del coronel Mulhall ni el del capitán Gadea, ni el de su colega Ulloa, ni el del contador Plaza el que ha echado abajo nuestro precario edificio constitucional, el que ha convertido nuestras libertades en antiguallas. Ha sido el gobierno del doctor Gustavo Adolfo Ruberto-Sáenz Stiro, elegido libremente por el voto mayoritario de los ciudadanos de Salta hace poco menos de seis meses.
El Gobernador concernido siempre le podrá echar la culpa de la desgracia que viven hoy los salteños al virus, a la pandemia, a la OMS o al pangolín a la plancha. Pero a medida que las semanas se suceden, una detrás de la otra, con una militarización cada vez más intensa de los controles sobre los movimientos ciudadanos, la excusa sanitaria se antoja cada vez más débil, cada vez menos convincente y efectiva.
Hoy mismo, la situación política y de las libertades públicas en Salta está mil veces más deteriorada que la situación económica y la sanitaria juntas, lo cual dice bastante del pésimo momento que atraviesa la Provincia.
Nos llenamos la boca hablando de «infectadura» y condenamos a los gobiernos eternos como el del incombustible Gildo Insfrán, pero no somos capaces de ver que en Salta hace más de 30 años que nos gobiernan los mismos, con apellidos ligeramente diferentes, pero con una exacta convergencia de intereses y apetitos, que sorprendería hasta al mismísimo doctor Adrian Mallory, el lánguido científico que interpreta brillantemente John Malkovich en la serie Space Force de Netflix.
En efecto, en Salta hay pocos contagios, los hospitales disponen de camas de sobra, y los médicos a los que se le ha subido la bilirrubina policial al cerebro tienen incluso tiempo para pasearse por los antiguos peajes, en busca de posibles contagiados, una tarea que en casi todo el mundo desempeñan trabajadores sanitarios que ni siquiera llegan al grado de enfermeros. Los médicos de verdad, los más valientes, están donde tienen que estar (en los hospitales curando a los enfermos) y no jugando al sargento Rusty en un puesto de control carretero.
Por otro lado, los sectores de la economía que reciben subsidios y no han sido reactivados se enfrentan a un colapso anunciado, el desempleo no crece formalmente (primero por la interdicción general de los despidos y después por la altísima tasa de trabajo en negro que registra Salta y que vuelve a los despidos «invisibles»), y la recaudación tributaria cae en picado al compás del declive general de la economía.
Sin embargo el dispositivo policial y la amenaza fiscal de «juicios rápidos» son omnipresentes, y cada día aumentan en poder y en influencia. ¿Cuántos salteños imaginaban hace solamente un año atrás que pasados unos meses iban a tener que enseñarle a un suboficial de la Policía el ticket de lo que habían comprado en el supermercado? ¿Cuántos hubieran pensado que el jefe de los fiscales, en vez de visitar la cárceles para comprobar si se respetan los derechos humanos, iba a decidir recorrer las góndolas para saber si lo que se respeta es el precio máximo de la yerba con palo?. El finado Jorge Rafael Videla debe estar retorciéndose de risa ahora mismo en su ilocalizable sepulcro.
Pueblos enteros cerrados, como en la alta Edad Media, ciudadanos apaleados por no llevar correctamente colocado el barbijo, personas denunciadas, detenidas y demoradas en cada esquina, en nombre de un ‘protocolo’ que nadie conoce, porque no ha sido publicado o porque cambia según el humor de los funcionarios. Persecuciones políticas feroces y organizadas, como la que en estos días se ha ejercido contra el diputado Héctor Chibán, convertido en portavoz accidental de una oposición silenciada y menospreciada, han acaparado el centro de la escena mediática, como nunca antes en toda la historia de la democracia de Salta.
A todo esto hay que sumarle que un policía, que fue electo diputado provincial, será juzgado por torturas, cuando casi todos creíamos que los abusos policiales eran parte de lo más oscuro del pasado. Los diputados, por su parte, todos modositos y republicanos, amenazan a sus pares con una purga staliniana, como hace décadas que no se ve en los parlamentos democráticos del mundo.
Por revivir no ha quedado sin su inyección de vitalidad el regreso a los primeros planos de las «plumas eruditas» que, desde diferentes plataformas y sin sacudirse la caspa de la sotana, llaman al gauchaje a acabar con los «irresponsables», con los enemigos declarados de la «institucionalidad», con los rebeldes que reivindican privilegios, con los que destruyen nuestra inveterada nacionalidad y abjuran de nuestra idiosincrasia; contra los ateos, los agnósticos, contra los negacionistas de la gloria de Güemes y contra los que han tenido la osadía de pretender convertir a la Cámara de Diputados en lo que debe ser: un foro para la discusión, la disidencia y la pelea. Con buenos modales y hasta con delicadezas lingüísticas algunos de nuestros escritores más casposos piden el paredón para sus semejantes.
Hablo de esos forasteros con mal aliento que en alguna época se ufanaban en llamarle «Falucho» al insigne doctor Félix Luna, sin siquiera haberlo conocido, sin haber compartido un solo minuto con él, y a los (también forasteros) que utilizan los mismos medios gráficos de hace 45 años para «marcar» a los objetivos de la ultraderecha intolerante y violenta. Antes, el secreto consistía en etiquetar a los futuros muertos o desaparecidos como «subversivos» o «terroristas»; hoy basta con llamarlos «irresponsables», «alborotadores» o «chapeadores» para asegurarles una buena muerte civil, lenta y dolorosa. El nivel de agresividad verbal de hoy es muy parecido al que hace décadas propició una masacre contra una parte del pueblo, contra aquellos a los que arbitrariamente y por intereses también similares se los llamó enemigos de la religión y de la nacionalidad.
Responsables y víctimas
Por supuesto que en todo esto hay responsables, y víctimas.El primer responsable es el Gobernador de la Provincia, quien ante la complejidad del cuadro de comandos, que -hay que reconocerlo- lo ha desbordado completamente, ha optado por jugar sus fichas -y no de un modo especialmente inteligente- al tándem Calletti-Posadas, que es el que hoy controla prácticamente todos los resortes del Estado.
La pareja mantiene a la Legislatura cautiva, a la Administración férreamente sujeta y al Poder Judicial desactivado (especialmente a su vertiente catalanista) en lo que respecta a una de sus funciones esenciales: controlar la regularidad y legalidad de los actos de los demás poderes del Estado. Sus largos años al servicio de los delirios fascistoides de Urtubey afloran en cada una de sus decisiones.
La primera víctima es, paradójicamente, también el mismo Gobernador de la Provincia, que no ha podido o no ha sabido evadirse del abrazo mortal de la tenaza romerista-urtubeysta que viene corrompiendo el poder y sus aledaños morales sin remedio desde hace casi tres décadas. El activismo político-jurídico-administrativo de este equipo diabólico ha forzado a Sáenz a sacrificar a sus hombres y mujeres más leales y creativos como Nicolás Demitrópulos, Pablo Outes o Ricardo Villada, por solo citar a tres de los nombres más importantes, preteridos por el zarpazo de la ignorancia organizada sobre el poder.
Unos pocos días después de que el país entrara en estado de parálisis a causa de la amenaza sanitaria, desde estas mismas páginas hablábamos de la «impensada dimensión histórica» de Gustavo Sáenz, en alusión a la especial envergadura del desafío que el Gobernador de Salta debía enfrentar a la hora de restaurar la legalidad y las libertades avasalladas.
Hay que reconocer que el sesgo autoritario que ha adoptado su gobierno, ha hecho que las esperanzas depositadas en el nuevo Gobernador de Salta decaigan de un modo más bien preocupante. Hoy Sáenz es el líder de una gigantesca operación de malversación del caudal político que lo aupó al poder. Su credibilidad está cayendo al mismo ritmo con que se despliegan los policías hasta en los rincones más minúsculos de la geografía provincial. El último mazazo a su capital político han sido los 8 últimos contagios de COVID-19, producto del «acuerdo turístico» con el Gobernador de Jujuy, que aspiraba a hacer de Salta y Jujuy una especie de Benelux del subdesarrollo, propiciado precisamente por los Posadas.
Es deber de todos los ciudadanos, hombres y mujeres de bien de Salta, rescatar a Sáenz de la jaula romerista-urtubeysta en la que se encuentra atrapado; debemos ayudarle a rectificar, para que, junto con sus mejores colaboradores y en base a una política sincera de apertura democrática hacia la oposición y la disidencia, haga despegar a Salta y la libere de sus atávicas ataduras.
Calletti y Posadas encarnan -con mucha suerte- el procaz espíritu de la derrota. Saber redactar un decreto no significa saber gobernar, lo mismo que conocer las leyes no es lo mismo que saber Derecho. Para sacar a Salta del abismo hace falta coraje y honradez entre muchas otras virtudes que se encuentran bastante bien repartidas entre las diferentes fuerzas políticas y que con toda seguridad no adornan el carácter de quienes durante años se asociaron con el poder más personalista y venal que haya conocido Salta en su cuatricentenaria historia.