La repetición de este tipo de hechos en Salta en un breve periodo de tiempo no solamente pone en entredicho la eficacia de la Policía provincial, sino que también alerta de profundas grietas en el sistema judicial y de la complicidad de algunos medios de comunicación que contribuyen de forma irresponsable a señalar los objetivos de la ira popular con publicación de información sospechosamente sesgada e imprecisa.
Mientras los poderes públicos de Salta intentan echarle la culpa a las redes sociales y, cuando esto no es posible, acusan a los policías de lentos, ignorantes y poco expeditivos, comienza lentamente a abrirse paso la teoría de que las ejecuciones populares de los juicios sumarios son posibles en Salta gracias a que desde uno de los poderes del Estado -en concreto, desde el Ministerio Público Fiscal- se ha venido deslegitimando calculadamente la actuación tanto de policías como de jueces de garantías, a quienes la voracidad autoritaria de los fiscales acusa de poner obstáculos a la investigación de los delitos y al castigo de los culpables.
Es decir que si en Salta hay un alto nivel de criminalidad, se asesinan mujeres como si fuera un juego infantil o se trafica con estupefacientes con absoluta naturalidad, siempre es culpa de otros; jamás de los fiscales, que intentan instalar en la opinión pública la creencia de que son ellos los «gladiadores incomprendidos» a quienes una una mano negra no les permite perseguir a los delincuentes con la libertad completa que ellos quisieran.
Si los ciudadanos perciben que la Policía no actúa o no cumple correctamente con sus obligaciones y que los jueces de garantías protegen excesivamente a los que delinquen y contribuyen a la impunidad (argumentos que constituyen la base del reproche fiscal), evidentemente las reacciones espontáneas no se hacen esperar. Si los fiscales, ocupando espacios y tiempos a los que no tienen derecho, se muestran públicamente como adalides en la lucha contra el coronavirus y amenazan con ser inflexibles con aquellos que incumplan las normas de contención sanitaria, cualquier hijo de vecino se siente con la autoridad suficiente para hacer cumplir las normas ignoradas, sin esperar a que intervenga la autoridad.
En una sociedad en donde todos son controles, reprimendas y castigos, donde la obediencia se consigue en base a la amenaza y al miedo, parece lógico que aquellos que se consideran a sí mismos «ciudadanos ejemplares» se coloquen por encima de los demás y reivindiquen la impunidad propia. «Si los fiscales son ‘intocables’ nosotros también lo somos».
Nada hay peor para un sistema social precario como el nuestro que criar y fomentar una clase de magistrados blindada, relevada del deber de rendir cuentas a sus semejantes, encaramada a la cima del poder y con claras pretensiones de disciplinar al resto. Si ya es malo que los fiscales se coloquen por encima de los ciudadanos normales, mucho peor es que se sientan superiores a los diputados, aun cuando estos diputados puedan ser malvados torturadores. Mientras sean diputados, lo que prima es su condición de representantes electos del pueblo, y los fiscales tienen la obligación de respetar la inviolabilidad personal que rodea su derecho a la libertad de expresión.
Siempre se ha considerado que entre dos autoridades formalmente independientes entre sí tiene más poder aquella que puede cesar a la otra y no a la inversa. La Constitución de Salta dice que el Procurador General de la Provincia (el jefe absoluto del Ministerio Público Fiscal) puede ser destituido mediante juicio político, iniciado por los diputados provinciales y resuelto por los senadores. Es decir, los diputados tienen más autoridad.
Por este motivo, cuando los ciudadanos ven que un diputado es objeto de una investigación fiscal formal, por el tenor de sus opiniones como diputado, ven también que la autoridad está subvertida y que cualquiera puede meterse con cualquiera, porque saltarse las leyes y la Constitución no acarrea ninguna consecuencia negativa y, en algunos casos, reporta un importante nivel de popularidad.
La culpa de los juicios populares sumarios y de las turbas enfurecidas que arremeten contra sus semejantes a los que consideran indeseables por cualquier motivo no es de la Policía ni de la falta de cultura de las masas. Es producto de una malvada manipulación mediática que ha colocado en la mira a una institución con casi dos siglos de existencia y que ahora intenta presionar sobre los jueces de garantías.
Estos titulares ayudan
La noticia -verdadera o falsa- de que la Policía provincial castiga físicamente a los infractores o supuestos infractores de la cuarentena es uno de los combustibles de las reacciones populares que propugnan la venganza privada.
En efecto, cualquier ciudadano sabe o puede saber que en casos como el descrito en este titular la Policía actúa sin ningún tipo de derecho, pues no puede pegarle a nadie por participar de una fiesta, ni aun en los casos en que el infractor ofreciera resistencia, puesto que ante el ejercicio de la fuerza opuesto por el infractor, solo cabe su inmovilización y neutralización, y en casos graves, su detención.
«Si la Policía actúa sin derecho y los fiscales hacen tres cuartos de lo mismo, también podemos hacerlo nosotros», razona el justiciero popular. Frente a un indeseable («rata contagiosa») debemos reaccionar todos, pues así nos lo ha enseñado el patriótico Fiscal General, que busca infractores hasta en los supermercados.