En esta ciudad, una joven trabajadora que regresó del sur del país y que fue diagnosticada de COVID-19 (el quinto positivo desde que se implantó el cerrojo sanitario) ha sido objeto de un linchamiento presencial por parte de sus vecinos y la ambulancia que fue enviada para auxiliarla fue atacada a pedradas por una banda de orgullosos lugareños.
Esta reacción deberá ser analizada con detenimiento por psicólogos y sociólogos. Pero, hasta tanto la ciencia se pronuncie, todo indica que ninguno de estos lamentables hechos habría sido posible si el gobierno provincial no se hubiera manifestado «orgulloso» de la baja tasa de contagios en Salta, dando a entender que el verdadero «objetivo de Estado» no es atender de la mejor manera posible a los enfermos, sino evitar que los haya.
Si en un primer momento Salta se preparó para curar a un número inusualmente elevado de enfermos, como estos enfermos nunca llegaron a los hospitales, el gobierno puso todo su empeño en el cerrojo sanitario, que es una cuestión más policial que médica.
Automáticamente el enfermo -sea confirmado o en estudio- pasó a disfrutar de un estatus infame en el que sobresale el agresivo desprecio por parte de su prójimo. Si bien el fenómeno no es exclusivo de Salta, ha sido en nuestra provincia en donde se ha intentado señalar a los enfermos -haciendo conocer sus datos personales y su localización- para que los «sanos» pudieran hacerles objeto de toda su ira.
En este sentido, la responsabilidad del gobierno en los hechos de Rosario de Lerma es innegable. Si el gobierno hubiera «humanizado» la cuarentena y no hubiera hecho del encierro una bandera para el orgullo lugareño, es muy probable que los enfermos hubiesen recibido mucho mejor trato.
Mantener a cero el contador de muertos no es ningún mérito. Y si hay alguno, este seguramente no es del gobierno sino de los que se dispusieron a observar con obediencia y responsabilidad unas medidas de confinamiento que previamente se habían adoptado con éxito en otras partes del mundo. El mérito de una sociedad en circunstancias tan excepcionales como las que vivimos se mide por la calidad de la atención dispensada a los enfermos y a las personas necesitadas. Por ejemplo, a los pobres sanos que han visto agravadas sus condiciones de vida a causa del encierro obligatorio. En Salta, el gobierno no ha hecho nada por estas personas.
Los desgraciados sucesos de Rosario de Lerma, que vuelven a colocar a Salta en la primera plana de los medios de comunicación nacionales, no solo deben ser «repudiados» por el gobierno. Es preciso que los que dirigen la operación -los que se sientan en el Comité Operativo de Emergencia- hagan autocrítica y, sobre todo, que hagan esfuerzos por mejorar todavía más la capacidad de los hospitales y la preparación de nuestros médicos y enfermeros, antes que demostrar que somos buenos poniendo tranqueras, candados y rejas en cada hueco que encontremos abierto.
Porque para cerrar todo no hace falta una gran capacidad de gestión. Basta con tener la cantidad de policías adecuados y un Procurador General dispuesto a perseguir a los infractores incluso antes de que se conviertan en tales. Para lo que se necesita inteligencia y visión estratégica es para curar los enfermos que lleguen masivamente a nuestros hospitales; para que quienes necesitan la ayuda de los médicos y de los enfermeros, encuentren recursos en abundancia y personal bien preparado.
Para cortar una ruta solo se necesita un policía con un pito, un chaleco «refractario» y un tambor ardiendo.