El Gobernador de Salta se dio incluso el lujo de hablar de una «nueva normalidad», como si en Salta hubiese habido algo normal antes de echarle candado a la Provincia, tal como hacía el Intendente de Iruya en los años cuarenta del siglo pasado, cuando los vecinos del pueblo se iban a dormir.
El término «nueva normalidad» no ha nacido con el coronavirus sino con la grave crisis económica de 2007-2008, y no lo ha inventado el presidente Pedro Sánchez o su semicolega francés Emmanuel Macron.
«New Normal» es un término que se emplea con frecuencia en el campo de la economía para referirse a las condiciones financieras que han seguido a la gran crisis de 2007-2008 y a las secuelas de la recesión global del periodo 2008-2012.
La expresión ha sido usada desde entonces en una variedad de contextos para dar a entender que algo que era previamente considerado anormal se ha convertido en común.
En la conferencia Per Jacobsson de 2010, impartida por el jefe de PIMCO, Mohamed A. El-Erian, y que se tituló "Navegando la nueva normalidad en los países industriales", el conferencista dijo que «Nuestro uso del término fue un intento de llevar la discusión más allá de la noción de que la crisis fue una simple herida en la carne y de hacer ver que la crisis cortó hasta los huesos. Aquello fue el resultado inevitable de un periodo extraordinario de varios años en los que pasó casi de todo, pero cualquier cosa menos normal».
Ahora, cuando tres cuartas partes del mundo se debate entre seguir con el confinamiento y el cerrojo de la economía o regresar a la actividad, tras la previsible superación de la pandemia por el nuevo coronavirus, la expresión «nueva normalidad» está más referida a los cambios en el comportamiento humano que en los cambios en los sistemas de gobierno o en la relación entre gobernantes y gobernados.
La «nueva normalidad» se refiere así a cambios en la vida cotidiana para una mayoría de personas, que incluyen las limitaciones al contacto físico interpersonal, como los apretones de manos y los abrazos, y el mantenimiento de la distancias con otras personas. Cambios que afectarán previsiblemente la vida social y económica, las relaciones interhumanas, los hábitos de consumo y las formas de producción, pero que tendrán un impacto seguramente menor en las relaciones políticas.
Al mentar a la «nueva normalidad» el Gobernador de Salta no ha sido preciso. Es decir, no se sabe muy bien si con la expresión ha querido anticiparse a los cambios en la vida de relación de las personas, o si por el contrario ha presentado en sociedad un nuevo escenario político en el que el gobierno provincial de Salta, animado por los teóricos buenos resultados del cerrojo sanitario, avanzará sobre la legalidad vigente y los derechos de los ciudadanos. No se debe olvidar que en medio de la pandemia y cuando las medidas de combate contra la enfermedad eran especialmente duras, el Gobernador anunció su propósito de reformar la Constitución, a lo que se suma ahora un alocado proyecto de convertir a Salta en productora legal de un estupefaciente de venta prohibida como lo es la hoja de coca, y la conformación de una inconstitucional comisión de investigación a las expresiones de un legislador protegido por la inviolabilidad de opinión.
Probablemente la «nueva normalidad» para Sáenz consista en que su gobierno ejerza de árbitro entre los diferentes sectores de actividad económica que pugnan por regresar a la «vieja normalidad». Es decir, que su gobierno -una vez desactivado el Comité Operativo de Emergencia- se convierta en una suerte de juez de la miríada de «protocolos» que van a presentar desde las empanaderas y vendedores de gaznates a los fabricantes de colchones y estructuras metálicas para ver si el poder les deja por fin seguir viviendo de lo que vivían.
Con todas sus zonas grises y sus silencios atronadores, Sáenz representa como ninguno la quintaesencia de las contradicciones de la cuarentena. Para él, la «nueva normalidad» puede ser cualquier cosa, teniendo en cuenta de que Salta viene bajando la cuesta desde hace veinticinco años. Es momento de exigirle al gobierno definiciones y compromisos, para que los ciudadanos puedan tener mínimas garantías que dentro del concepto de «nueva normalidad» no se oculta un proyecto duradero de gobierno que apunte a la liquidación de las libertades públicas.