Si estas medidas fueron las adecuadas, o no lo fueron; si se adoptaron en el momento oportuno o si dieron buenos resultados, teniendo en cuenta los fines que se proponían, no son asuntos que se puedan conocer con exactitud ahora. Lo que sí se sabe -porque esta contabilidad es bastante más fácil de practicar- es la enorme extensión del daño a la economía productiva que las decisiones de los gobiernos han causado.
El daño es muy grande en España (donde se calcula una inédita caída de 9 puntos en el PIB y un drástico aumento del desempleo del 14 al 20 por cien), pero también es grande y grave en Salta, en proporción a su economía, lógicamente.
Lo mismo que ocurre con el gobierno español, el salteño está sufriendo en estos momentos las presiones (en algunos casos legítimas y en otros no tanto) de diferentes sectores de la economía que pretenden un regreso controlado aunque más bien inmediato de sus actividades, a la vista de que lo peor de la pandemia parece haber ya pasado.
Pero también encontramos diferencias. La primera que salta a la vista es que en España se habla en estos momentos de dos procesos diferentes: por un lado, lo que aquí llaman la «desescalada» (que comprende las decisiones del gobierno orientadas a la restauración paulatina de las libertades y actividades suspendidas, basadas fundamentalmente en criterios médicos-sanitarios); y, por el otro, la «reconstrucción», concepto en el que cabe el esfuerzo de los agentes económicos y sociales para reparar los daños provocados al sistema productivo y, si acaso, el objetivo de sentar las bases de una nueva economía.
En Salta, por el contrario, solo se habla de «flexibilización de la cuarentena», al tiempo que no se tienen muchos datos acerca de la caída de la producción económica o el aumento del desempleo, que -como muchos indicadores- se reemplazan aquí por «sensaciones térmicas» y por los cálculos del lechero.
Pero el dato más interesante -y al mismo tiempo preocupante- es que todo en Salta (y cuando digo «todo» me refiero a «todo») está en manos del gobierno (la flexibilización de la cuarentena, las medidas de desahogo financiero, los permisos para ejercer determinadas actividades y la reparación de los daños económicos).
Sucede así, no solo porque el gobierno ha acaparado el protagonismo de la crisis, sino porque en Salta no existe una sociedad civil fuerte y vertebrada, y los agentes económicos son -como los comerciantes, por ejemplo- meros clientes del gobierno y de él esperan las soluciones paternalistas de siempre, sin comprometerse a nada.
Ayer por la mañana, en el Congreso de los Diputados español quedó conformada la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que preside el diputado socialista Patxi López y cuya vicepresidenta es la antigua ministra de Fomento del Partido Popular, Ana Pastor. El objetivo de la comisión es el de debatir acuerdos y propuestas para luchar contra los efectos sociales y económicos del coronavirus y para acelerar la recuperación de España.
Para subrayar las diferencias con Salta, hay que decir que en España el esfuerzo de la reconstrucción, que compromete a toda la sociedad y a todos los poderes públicos, se concentra ahora mismo en el Congreso de los Diputados, que aquí, con una cifra extraordinaria de más de 26.000 muertos y con el país sumido en un inquietante estado de alarma, nunca ha dejado de funcionar, como sí lo ha hecho la Legislatura de Salta, que fue cerrada por WhatsApp.
En Salta la Legislatura poco y nada tiene que decir en lo que se refiere a la reconstrucción de la economía provincial. Podría intentarlo, pero carece visiblemente de los recursos necesarios para hacerlo, empezando por el peso político. Aun así, pocas dudas caben acerca de que todo aquello que tiene que ver con el futuro de nuestros procesos económicos y sociales no puede quedar en manos exclusivas del gobierno. Sin embargo, por afán de protagonismo de unos e impotencia de otros, es exactamente eso lo que está sucediendo en Salta en estos momentos.
En nuestra Provincia, mucha gente preparada (o téoricamente preparada) se llena la boca hablando de los grandes principios constitucionales y ponen el acento en que la nuestra es una «república representativa y federal». Pero, dejando a un lado lo del federalismo que no tiene entidad para erigirse en «principio», lo que mayoría de nuestros bien leídos ignora es que el denominado principio representativo no convierte al Gobernador de la Provincia, ni por asomo, en representante del pueblo.
El Gobernador de la Provincia ejerce solo la representación formal y exterior del Estado provincial, pero no es representante de los ciudadanos que habitan el territorio, ya que esta representación -que es la clave de la arquitectura republicana- solo la pueden ejercer quienes han sido electos para tal cometido: los diputados provinciales. Y no los senadores, que no lo son. Basta para llegar a esta elemental conclusión comparar la redacción de los artículos 94 y 100 de la Constitución provincial, que regulan la forma de elección de unos y de otros.
Por tanto, si al esfuerzo de reconstrucción de la economía de Salta han de contribuir todos (y no solo el gobierno, como algunos piensan y otros desean), la Cámara de Diputados de la Provincia (presidida actualmente por un señor cuya relación con la salud de sus semejantes no es la mejor que se puede esperar) debe ponerse a trabajar inmediatamente y reclamar al gobierno el espacio y las competencias que le viene cercenando desde el comienzo de la crisis.
Probablemente, un modelo de trabajo sea esta comisión creada en España, pero sin dudas hay otras formas institucionales posibles, y es conveniente en estos momentos ponerlos a todos sobre la mesa para facilitar la decisión.
Lo que no es posible -no es ni «republicano», ni «democrático», ni «representativo»- es sentarse a mirar como pasa delante de nuestros ojos el tren del autoritarismo gubernamental, dejando inermes en la estación a a un millón y medio de salteños y salteñas que se ven así resignados a someterse a la representación impropia de quien solo tiene un mandato temporal para administrar una cierta clase de asuntos públicos y que, por mucho poder que tenga o que reivindique, jamás tendrá el suficiente para acometer una tarea de semejante envergadura como es la de reconstruir a la Provincia después de la pandemia.