Ahora sucede lo que no ocurría antes: que hay un fiscal especializado en temas de importancia más bien relativa, como por ejemplo la suciedad doméstica, sorprendentemente perseguida como delito penal en Salta.
Pero el decidido avance de las fuerzas fiscales sobre la sociedad, que se puede constatar en la insistente subordinación de la Policía y en el control directo del CIF, no ha logrado convencer a la sociedad de que las instituciones del Estado están realmente preocupadas por acabar con el crimen en Salta.
Más bien parece todo lo contrario. Es decir, que a medida de que los fiscales van poniendo el pie en territorios antes no visitados y prometiendo maravillas de libertad y de justicia por donde quiera que vayan, el ciudadano común de Salta va desconfiando cada vez más de ellos.
Si el poder fiscal de Salta hubiese conseguido erigirse en verdadera autoridad fiscal; es decir, si hubiera conseguido pulir sus ancestrales torpezas y su falta de profesionalidad, esta es la hora de que una «turba enardecida», como escribe el diario El Tribuno, no le habría prendido fuego a la casa de una presunta joven criminal y obligado a su familia a abandonar su vivienda.
Hace muchos años que en la Argentina no existe la pena de destierro y el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos de establecer su domicilio en el lugar que deseen. Hace años que asaltar y quemar la vivienda de un individuo -así sea de uno que ha cometido el delito más horrendo- es una conducta salvaje y criminal que amerita que el autor de los hechos pague su instinto justiciero con la cárcel. Pero en Salta las cosas son muy diferentes. Una «pueblada» puede expulsar a una familia indeseable de un barrio, quemarle la casa, destruir sus pertenencias, y todo mientras los fiscales miran para otro lado.
Linchamientos como el que ha ocurrido hace pocas noches en Villa Mitre es una forma muy sutil, pero no por ello menos directa, de decirle a esos grandes señores y señoras de voz engolada y palabras altisonantes que imparten justicia en Salta: «Ustedes no sirven para nada».
Esa indómita triada compuesta por los fiscales penales, los policías de garganta profunda y los periodistas irresponsables, que en Salta funciona con más eficiencia que el propio cerrojo sanitario, se encarga de señalar el objetivo. Son ellos los que divulgan la identidad de los presuntos autores de un crimen, aun cuando las investigaciones formales ni siquiera de han iniciado, aun cuando la culpabilidad surge de pruebas absolutamente circunstanciales, aun cuando los perpetradores siguen teniendo, para la Constitución y para la Ley, la consideración de presuntos inocentes.
Es suficiente que un funcionario de fluido verbo, a la vista del cadáver, califique el hecho como «aberrante», para que ciertos sectores de la sociedad, que no creen en la ley ni en la eficiencia de los fiscales, salgan a la calle a pedir justicia o -como sucedió noches pasadas en Villa Mitre- a hacer justicia por su propia mano.
Es decir, gente normal y corriente se calza la estrella de sheriff, como en el salvaje Oeste norteamericano, celebra juicios populares y termina condenando a la horca al pobre infeliz que tienen en el calabozo. Pero eso sucedía en el siglo XIX en lugares en donde no había ni ley ni fiscales.
¡En cuántas películas habremos visto a granjeros puritanos acudir al establo de Parker con antorchas encendidas y prenderle fuego!
Así se comporta una parte de la sociedad salteña, gracias a la complicidad de aquellos que deberían garantizar que haya justicia para todos: culpables, inocentes y familiares de presuntos delincuentes.