Así por ejemplo, marchan a la cabeza aquellas sociedades en las que los juristas de más elevada nota cultivan el derecho de las telecomunicaciones o las disciplinas jurídicas relacionadas con la bioética, la aplicación de algoritmos e inteligencia artificial a complejas operaciones mercantiles y a la resolución de conflictos, y la protección de datos personales, en ese orden.
Si nos fijamos en lo que pasa en Salta, esas disciplinas son el derecho penal y el derecho procesal penal, también en ese orden. Algo no demasiado bueno está pasando entre nosotros.
A esta especie de primitivismo jurídico se añade el hecho de que nuestros grandes penalistas -muy a pesar de sus publicaciones, sus pergaminos y del prestigio que ellos consideran merecidamente ganado- son abogados (técnicos en derecho) bastante normales, cuya capacidad científica no guarda relación de proporción razonable con la enorme influencia que ejercen sobre numerosos asuntos de la vida cotidiana y sobre el denominado «espacio público».
Penalistas de supuestos altos vuelos son, por ejemplo, el actual presidente de la Corte de Justicia y el Procurador General de la Provincia de Salta.
A ellos, y algún otro más, debemos reconocer el indudable mérito de haber colocado al derecho penal en el centro de la vida de los salteños y el de haber convertido al castigo penal (y a algunas instituciones no punitivas como la prisión preventiva) en formidables y casi insustituibles herramientas de control político y social. Cosas como estas solo suceden en las sociedades menos avanzadas.
Como resultado de este complejo proceso, nuestros más grandes juristas (al menos ellos se creen así) son en realidad más canas que científicos del Derecho, y lo demuestran todos los días con dos actitudes policíacas que son muy evidentes y dignas de comentar: la primera consiste en su ciega confianza en que las soluciones a todos nuestros problemas sociales y políticos se encuentran en el Código Penal, al que utilizan con la misma contundencia con que un agente del orden blande su bastón de goma; la segunda es su invasión del «espacio público» con opiniones pretendidamente autoritativas (lo que digo yo es lo que vale, algo que es propio de la dialéctica policial más pobre en argumentos) y el consecuente rechazo a debatir con el resto de los protagonistas que se mueven en tal espacio.
En este último punto en particular me gustaría recordar la que yo consideré en su momento y sigo considerando la poco viril negativa del Procurador General de la Provincia de Salta a debatir conmigo de forma abierta y pública sobre asuntos de innegable interés general, en los mismos medios audiovisuales que este magistrado utiliza habitualmente para pasear su figura y opinar sobre los temas más variados. Tanto la invitación a debatir como la negativa y los débiles argumentos opuestos para justificarla constan debidamente documentados y los ofrezco a cualquiera que desee conocerlos en detalle.
Soy de los que piensan que estos penalistas de alto copete ignoran por propia conveniencia que el Código Penal en realidad soluciona muy pocas cosas. A los salteños, desde luego, casi ninguna.
Se hace preciso denunciar que frente a problemas tan graves como los que afrontamos (por ejemplo, la pobreza extrema o la violencia criminal contra las mujeres), estos señores son más partidarios de las medidas tranquilizantes que de las medidas efectivas.
Todos los días se esfuerzan por parecer que hacen algo por las mujeres desvalidas, cuando en realidad lo que hacen es fortalecer, un día sí y otro también, ese férreo sistema de control social que durante siglos ha negado el protagonismo de la mujer en los asuntos públicos de Salta. El sistema penal instaurado en Salta es una maquinaria tan eficiente a la hora de triturar pobres, como lo es de salvar a los más pudientes de las consecuencias de sus acciones más viles. Las mujeres siempre han sido víctimas y no heroínas de este sistema, como se pretende que creamos ahora. Más que de un defecto social, se trata de un «vicio de clase», pues ha sido la clase social históricamente dominante la que más obstáculos ha puesto y sigue poniendo al progreso de las mujeres y a la igualdad de estas con los hombres. Las mujeres deberían ser las primeras en desconfiar del sospechoso activismo de estos autoproclamados «protectores», casi todos ellos varones, para más inri.
Entre las medidas «tranquilizantes» debemos incluir las de (1) «cárcel para todos» (especialmente para los agresores de mujeres), (2) prisión preventiva como adelanto del castigo penal, (3) lucha contra la violencia machista en el campo de la pura represión legal (repárese en la alarmante cifra de consignas policiales personales, con las que algunos sueñan poder mantener a los agresores a raya), y (4) el fantasioso terreno de los gestos simbólicos y grandilocuentes.
Lo ha dejado bastante claro el Procurador General cuando hace pocos días impuso el nombre de una víctima mortal de violencia de género a un edificio del Ministerio Público Fiscal: de lo que se trata es de adoptar medidas sanadoras que tengan un efecto balsámico inmediato sobre nuestros inquietos espíritus; es decir, medidas que nos generan buena conciencia a nosotros pero que poco hacen por provocar mala conciencia a los criminales, que es en el fondo de lo que se trata.
Nunca se sabrá con el debido grado de certeza, por qué el Procurador General -una especie de sorprendente Cid Campeador de los derechos de las mujeres de Salta- ha elegido rendir homenaje a unas víctimas (generalmente aquellas cuyas familias le bailan a él el agua) y al mismo tiempo ha decidido despreciar a otras, de las que no se ha ocupado en absoluto pudiendo haberlo hecho, y de las que no se ocupa ni se ocupará sencillamente porque el esclarecimiento de sus crímenes y el hallazgo de la verdad le traerá problemas seguros y no la popularidad que él obsesivamente persigue y a la que dedica sus más finos razonamientos.
Pero esa actitud, entre fría y distante, que lo único que hace es levantar sólidos y durables monumentos a la impunidad y nos condena a convivir con una violencia machista en estado prácticamente puro, sin otra reacción que el castigo penal más riguroso, nos confirma sin lugar a muchas dudas de que el Derecho Penal en Salta no solo es la ciencia social dominante sino que también es el instrumento de control político por antonomasia, y que su ejercicio está confiado a personas que llevan prendida una placa metálica de comisario en aquel rincón del alma en donde otros, parecidos a ellos pero afortunadamente no iguales, hacen brillar con letras de oro la definición de justicia de Ulpiano y los célebres mandamientos de Couture.