A este equipo ha encomendado tener listo en la fecha prometida el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha anunciado que va a enviar a la Legislatura provincial con el objeto de declarar la necesidad de la «reforma parcial, política e institucional» (sic) de la Constitución de Salta.
Con algunas dificultades, pero no sin convicción, Sáenz ha logrado reunir en torno suyo a (1) un licenciado en comercialización (especialidad que se antoja imprescindible en todo este complicado proceso), (2) a una abogada antiabortista, por cierto pariente política del anterior; (3) a un ingeniero sin conocimientos jurídicos, (4) a un abogado que fue un pésimo estudiante durante su larguísima carrera en una universidad de la región y que siempre ha vivido de los presupuestos del Estado, (5) a otro abogado cuyas virtudes más conocidas son las de ser un hábil manipulador, un encantador de sotanas, portador de una inagotable ambición de poder y riqueza, y (6) a una abogada de sospechoso currículum, con muy serios compromisos con el régimen dictatorial anterior; el mismo que dejó a la Provincia de Salta en el estado calamitoso que Sáenz más de una vez ha lamentado pero que tantas veces se ha abstenido de condenar.
Al ver a esta buena gente reunida en torno a una mesa supuestamente convocada para tratar uno de los asuntos políticos más delicados que debe enfrentar la sociedad salteña en los próximos años, como es la reforma de la Constitución provincial, cualquier ciudadano se pregunta si Sáenz no podría haber escogido a mejor gente.
Desde luego que podría haberlo hecho. Sáenz los conoce, sabe dónde están. Lo que está muy claro es que no ha querido llamarlos.
Por supuesto que los señores y las señoras convocados por Sáenz para que le echen un pial con el tema de la reforma tienen que ser escuchados, como cualquier ciudadano, porque la Constitución nos interesa a todos y la reforma se debe debatir pausadamente y sin exclusiones.
Pero al conocer sus identidades, y, sobre todo, al ver sus caras (más de uno parece estar en la luna) es legítimo preguntarse si no constituye un acto de irresponsabilidad mayúscula confiarles a ellos la responsabilidad de liderar, desde el gobierno, una operación de semejante trascendencia para nuestras libertades y nuestro futuro como sociedad democrática.
Ninguno de los asistentes a la reunión -incluido Sáenz- superaría el más sencillo examen de filosofía política. Ninguno posee antecedentes serios, acreditados y respetables relacionados con la ciencia constitucional, una materia que excede en varios cuerpos el mero conocimiento del derecho constitucional y la práctica del derecho público. Ninguno de los convocados por Sáenz es, por decirlo de una forma suave pero al mismo tiempo descriptiva, una autoridad en la materia.
O en las próximas semanas el Gobernador eleva la puntería y echa mano de personas más y mejor preparadas o su proyecto de reforma de la Constitución nacerá con el marchamo de la mediocridad, algo que si bien puede contentar a muchos, a buen seguro provocará desasosiego y temor en una amplia franja de la población, que espera no solo participar activamente en el proceso de reformas sino también que su protagonismo no se vea opacado o relegado a un segundo plano por el activismo de operadores de tan baja estatura intelectual.