Quizá era hora de que algo así sucediera; es decir, que las lamentaciones por la pobreza cruel y extrema no se quedaran atrapadas en los círculos ilustrados (y también insolidarios) de Salta, sino que traspusieran nuestras fronteras y se proyectaran al mundo como lo que exactamente son: una vergüenza de escala global.
Por estas horas se habla de una especie de opción entre solucionar los problemas urgentes y perseguir a los culpables, pero se trata de una opción falsa, que solo favorece a quienes provocaron el desastre.
Inmediatamente los salteños deben abocarse a encontrar los culpables, porque esto no es más ni menos que el comienzo de cualquier solución. Solo podremos dar una respuesta sólida y consistente a la pobreza extrema, si (antes o durante, no después) descubrimos cuáles han sido los errores que se han cometido en el pasado y, especialmente, quiénes los han cometido.
No basta con llevar pelopinchos hinchadas de agua con lavandina a los lugaren en donde malviven los wichis. Hay que hacer que el agua fluya por cañerías sanas y que esta red de tubos llegue a baños y cocinas de unas viviendas medianamente decentes; es decir, no debemos contentarnos con repartir sachets a una pobre gente que se ve obligada a chuparlos, porque ni vasos tienen.
Si a casi todos nosotros, cuando abrimos un grifo, nos sale agua limpia y cristalina, lista para beber, con los wichi tiene que suceder exactamente lo mismo.
Los salteños han salido desesperados a apagar el incendio, pero en su ofuscación han escuchado con cierta indulgencia los argumentos del más irresponsable y cavernícola de todos los Gobernadores que hemos tenido hasta el momento, que ha salido a decir en aquellos medios de comunicación que siempre le han bailado el agua que la «inversión» efectuada por su gobierno ha sido cuantiosa pero, a la postre, «insuficiente».
Llamemos a las cosas por su nombre: Eso se llama error de cálculo y no puede ser salvado con una disculpa «light» sino con la asunción de una responsabilidad política y jurídica muy directa. Cuando un error de cálculo cuesta una decena de muertos, ese error se paga.
La responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Urtubey no solo emerge de su falta de acierto en los cálculos que le impidieron finalmente «hacer realidad la esperanza», como había prometido de forma reiterada. También es responsable nuestro gobernador africano por haber hecho una propaganda tan invasiva como indigna de los «logros» en materia de salud y saneamiento, cuando él ya sabía positivamente que todo su esfuerzo (por llamarlo de algún modo) había sido insuficiente. Esto no es algo que se descubra de la noche a la mañana.
Sin embargo, lo más indigno de todo es que han tenido que venir las organizaciones gubernamentales internacionales a descubrir que el gobierno de Salta venía escondiendo la miseria debajo de la alfombra desde hacía décadas. Si en la lesión a la integridad de los pueblos castigados por la falta de acierto no hay «intención» (por lo menos como la entiende el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define los elementos básicos del delito internacional de genocidio), en la ocultación hay, sí, una clara intención dolosa.
Desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales -y aquí el gobierno de Sáenz, con el señor San Millán a la cabeza, debería tomar buena nota- es malo y contraproducente que se avale y apoye la actividad privada (y pseudoacadémica) del exgobernador Juan Manuel Urtubey en el extranjero.
Rápidamente debe la Provincia de Salta ponerse en contacto con los gobiernos democráticos del mundo para tomar distancia de todo lo obrado (y dejado de obrar) por el anterior Gobernador de la Provincia, que solo merece el cada vez más piadoso calificativo de dictador.
Los gobernantes dañinos y despreciativos con sus pueblos, los que cargan en su conciencia con el peso de haber atentado contra la integridad física y mental de pueblos hermanos y los que han sometido a los indígenas del territorio a condiciones extremas de existencia que podrían ser aptas para su destrucción física, total o parcial, no son bienvenidos en Europa. Numerosas resoluciones del Parlamento Europeo así lo confirman. Citaré una sola: la resolución de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países (2013/2074(INI)).
Por supuesto, algunos dictadores con enorme fortuna y poca vergüenza se pueden dar el lujo de exiliarse en países democráticos y tirar manteca al techo en lujosas residencias. Pero las instituciones europeas, con las universidades más antiguas a la cabeza, son las primeras en rechazarlos; incluso cuando se trata de dictadores que disfrutan de algún tipo de tratamiento benevolente por parte de ciertos países, generalmente por motivos económicos o por el interés de Europa en frenar la inmigración de países pobres.
El gobierno de Salta debe admitir que el anterior Gobernador ha atentado contra los derechos humanos de su propio pueblo: sea por acción (intencionada o no), por omisión o por un admitido error de cálculo. En consecuencia, debe prohibir que el exgobernador asuma la representación de Salta en cualquier foro o escenario internacional y que hable en nombre de los salteños, cualquiera sea la materia de que se trate. Y debe advertir a las universidades extranjeras de la muy pobre relación entre el exgobernador y los derechos humanos.
Esta declaración, que se antoja imprescindible en estos momentos, no solo debe tener en mira la persona del exgobernador o su descrédito, sino especialmente, el prestigio del gobierno que acaba de tomar las riendas de Salta el pasado 10 de diciembre; un prestigio que debe cuidar, ya que de ningún modo puede ser considerado el sucesor o el continuador del gobierno que nos ha colocado en el mapa de las naciones civilizadas como uno de los lugares más pobres y más crueles de los que se tenga noticia.