El anuncio ha sido precedido por la aprobación, sin apenas discusión parlamentaria, de un defectuoso proyecto de ley que permite al poder político aumentar de siete a nueve el número de jueces con asiento en el tribunal.
Pero lo que ha provocado la irritación y el disgusto de buena parte de los operadores jurídicos de Salta no ha sido la velocidad con que la ley ha sido aprobada por las cámaras legislativas, ni sus inexistentes fundamentos, ni la prisa que se ha dado el Gobernador en anunciar los nombres de los elegidos por él para ocupar los dos nuevos cargos y el otro que se hallaba vacante.
La gota que ha colmado el vaso son las recientes declaraciones del Secretario General de la Gobernación, señor José Matías Posadas en el sentido de que, tras la decisión del gobernador Sáenz, Salta tendrá una «Corte judicial» y no una «Corte política».
Quienes conocen la sinuosa y nunca bien ponderada trayectoria del señor Posadas en la política salteña en los últimos diez años (un dibujo alocado que bien podría constituir el tema central de una tesis doctoral sobre psicopatología política), no pueden alegar ahora sorpresa frente a unas manifestaciones que, para decirlo con cierta suavidad, tienen toda la apariencia de ser producto de una supina ignorancia de las normas jurídicas que nos rigen.
En primer lugar, cabe preguntarse qué tipo de Corte de Justicia ha heredado entonces el gobernador Sáenz. Porque si nos dejamos llevar por el superficial juicio del señor Posadas, antes de su ampliación a nueve, la Corte de Justicia funcionaba como un «tribunal político»; es decir, como un tribunal espurio, colonizado por esporas de microorganismos relacionados por vía genética con el autoritarismo personalista del anterior Gobernador de la Provincia. ¿Es cierto que a partir de la decisión de Sáenz se ha producido un gigantesco salto cualitativo? ¿En qué nos basamos para afirmar una cosa como esta?
Pero probablemente no fue eso lo que ha querido reconocer el funcionario, toda vez que este rasgo «político» (malo), que en teoría afea y desnaturaliza a la Corte, ha sido dibujado a mano alzada y con paciencia por quien todavía es su jefe y mentor político: el exgobernador Juan Manuel Urtubey.
Sin embargo, lo más doloroso de todo es que un funcionario que tiene entre sus misiones legales la de refrendar los actos normativos del Gobernador de la Provincia ignore que la Corte de Justicia de Salta es, en esencia, un tribunal político y que, según la Constitución que nos rige, debe serlo.
Aunque probablemente aún más triste y doloroso sea que un Gobernador que ha ganado las elecciones con el 54% de los votos mantenga dentro de su gobierno y a sueldo de todos los salteños a muchos de los responsables reales y directos de la desgraciada situación político-administrativa-socio-sanitaria que vive Salta y que ha colocado a nuestra Provincia en la primera plana de los diarios del mundo, por los mismos motivos que en su día lo estuvieron Yemen o Somalia.
Pero volviendo a la Corte, conviene que nadie olvide que la forma de designación de los jueces que componen el tribunal es política; como políticas son varias de sus principales atribuciones: el control de constitucionalidad de las leyes y los actos normativos de los demás poderes públicos, la tutela en última instancia de los derechos y libertades fundamentales, la organización de las elecciones y el juzgamiento de su validez, la destitución de los jueces inferiores o el propio gobierno del Poder Judicial.
Todas ellas son facultades eminentemente políticas, que pueden distinguirse perfectamente de las facultades jurisdiccionales puras, pues esta últimas son solamente aquellas relacionadas con la composición de conflictos jurídicos entre partes a través de la declaración del derecho aplicable y la ejecución de las sentencias.
Para crear una «Corte judicial» (es decir, una Corte «no-política») sería preciso reformar la Constitución de Salta. No basta con una decisión graciosa del Gobernador de la Provincia, y menos con un ejercicio de ingenuo voluntarismo por parte de un ministro con escasa formación pero con una gran capacidad para tejer fantasías.
Una de estas ensoñaciones nos dice, con imperdonable ingenuidad, que la designación de dos mujeres más en la Corte hará que el tribunal adopte decisiones más cercanas al mundo femenino o más compatibles con sus intereses. Pero es más que obvio, que el sexo de los jueces no «garantiza» ni de lejos que las sentencias que pronuncie el tribunal estén adornadas por esa guirnalda políticamente correcta que se ha dado en llamar «perspectiva de género».
Las sentencias judiciales constituyen aproximadamente el 12% de la actividad decisional total de la Corte de Justicia. Es decir, se trata de una parte casi insignificante de todo su asombroso entramado de poder. Lograr que las sentencias estén atravesadas por la «perspectiva de género», mientras que las acordadas, las iniciativas legislativas, los actos de superintendencia, las decisiones de administración electoral, o las de selección y destitución de jueces no consiguen apartarse del machismo dominante (que es el lenguaje que habla el poder), es una tarea ardua, que no está asegurada por el solo hecho de haber aumentado el número de mujeres en el tribunal.
Al ministro/secretario Posadas se le han perdonar los titubeos. A él le cabe el mérito de haber hecho buena y presentable la sonora traición de Pablo Kosiner a su antiguo jefe Romero en 2008. Por lo menos, Kosiner tuvo en aquel momento la decencia de abandonar el romerismo a su suerte, lo que no ha hecho Posadas con Urtubey. Cualquiera con semejante peso moral en su conciencia puede balbucear y cometer errores. Hay que comprenderlo.
La confusión mental es una condición entre irregular y patológica que afecta con predilección a quienes practican activamente el deporte de las lealtades sucesivas. De alguien que ha sido alfonsinista, romerista, kirchnerista, antirromerista, urtubeísta, cristinista, nuevamente romerista, macrista y ahora saencista se puede esperar este tipo de derivas o inconsecuencias aún peores.
El fugaz proceso político que concluye con la ampliación a nueve de la Corte y que se cerrará previsiblemente con la designación de un juez de la más estrecha confianza de Urtubey, de una jueza de la confianza del presidente Catalano y de otra de la confianza del gobernador Sáenz es solo un ensayo a escala pequeña de lo que la falta de solidez intelectual, la ausencia de coherencia política y el extravío de la conciencia moral son capaces de hacer en perjuicio de los intereses del conjunto de los ciudadanos de Salta.