Ser juez de la Corte de Justicia de Salta exige estar en posesión de determinados valores que se encuentran en relación directa con la elevada misión institucional del tribunal. Tal vez no se necesita tanto que estos valores sean cultivados de una forma particularmente exquisita por los candidatos a ocupar un cargo. Lo que importa es que tales valores le sean reconocidos a la persona de una forma unánime e incontrovertible.
En cualquier sociedad decente (y por tal entendemos aquellas sociedades que aún conservan más o menos intacta su conciencia moral) los muertos son asunto muy serio.
Cualquier responsable político, cualquier funcionario o empleado público, que cargue con muertos sobre sus espaldas (por supuesto, no hablamos de aquellos que tengan las manos efectivamente manchadas de sangre) debe afrontar una realidad poco menos que ineluctable: la del final de su carrera como servidor público.
Cualquiera que haya mentido a los ciudadanos, cualquiera que haya utilizado argumentos falaces para defender una postura parcial, un interés de facción, contrarios por definición al interés general, debe seguir el mismo camino y dejar la vía expedita para que otros puedan progresar por ella.
Una carrera profesional marcada por la proximidad a la política
A la abogada Cintia Pamela Calletti, actual «consultora jurídica» del Gobernador de Salta, le persigue un sino fatal: su carrera como jurista se ha forjado al calor de la política. Es decir, no estamos en presencia de una experta en Derecho reconocida por su prestigio ni por su independencia de criterio, sino de una persona criada a la sombra del poder, con todo lo que ello significa para la consideración social y profesional de un individuo.No es, desde luego, la única persona en Salta que puede presumir de este más que dudoso honor, pero sí seguramente la que puede decir, con documentos en la mano, que su carrera ha sido siempre y en todo momento apuntalada por el don de la ubicuidad política.
El gris desempeño como letrada de Calletti ante tribunales internacionales (la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el International Centre for Settlement of Investment Disputes, más conocido por sus siglas en español [CIADI]) revelan sin mayor esfuerzo que estamos en frente de un talento jurídico normal, sin extraordinarias virtudes ni luces deslumbrantes. Abogados y abogadas con el mismo nivel de preparación que ella hay en Salta en cantidad, con la ventaja de que la mayoría de ellos ha construido su carrera profesional de un modo transparente, sin el patrocinio de padrinos políticos y sin el auxilio de los presupuestos públicos.
Pero a igualdad de capacidad jurídica, lo que debe decidir la promoción de una persona o de otra a las más altas responsabilidades judiciales es, sin lugar a dudas, su integridad moral, un concepto difuso que, en el caso de las personas que acreditan una cierta trayectoria en el servicio público, se relaciona inevitablemente con los antecedentes de tal persona en materia de observancia y cumplimiento de la ley, en materia de voluntad y de eficacia relacionadas con el respeto hacia los intereses generales de los ciudadanos y, sobre todo, en materia de responsabilidad política e inexistencia de daños, conscientes o involuntarios, a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.
No se trata, pues, de decir que una persona carece de integridad moral por las acciones de su vida privada (en este caso, la de la señora Calletti es digna del mayor respeto), sino de predicar su falta de integridad moral por el resultado de sus pasados servicios al Estado.
Puntos negros de una dilatada carrera
La abogada Calletti ha sido, entre diciembre de 2013 y finales de noviembre de 2017, ministra del gobierno provincial de Salta. Entre el 9 de diciembre de 2013 y el 14 de diciembre de 2015, dirigió la cartera de Justicia, y en los dos años siguientes fue ministra de Derechos Humanos y Justicia. Además, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019 fue Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, un cargo que debió abandonar a causa del cambio de gobierno.Desde su graduación como abogada -y de ello han transcurrido ya 19 años- la señora Calletti es una empleada regular del Estado o percibe un sueldo con cargo a los presupuestos generales. Todo ello, sin contar con una importante cantidad de cursos, ayudas, viajes, becas, dietas y desplazamientos al extranjero que también han corrido por cuenta del contribuyente salteño y de los que la comunicación pública del gobierno nunca ha dado información suficiente que permita el escrutinio ciudadano sobre la utilidad o pertinencia de tales actividades.
Su trayectoria pública, que abarca ya prácticamente dos décadas, se puede evaluar felizmente en ondas largas. Y se puede hacer desde diversas posiciones políticas o ideológicas. Pero en lo que se refiere a la integridad moral de la que hablamos, es inevitable tener en cuenta los principales sucesos que de un modo objetivo han jalonado el paso de una persona por las responsabilidades del poder.
En el caso de la señora Calletti, nos vamos a referir solo a cuatro; no porque no existan más, por supuesto, sino porque consideramos útil ceñirnos a aquellas que más descalifican a una persona para ocupar un alto cargo en la cúpula del Poder Judicial del Estado.
Son ellos:
1) La responsabilidad nunca asumida por la entonces Ministra de Derechos Humanos y Justicia en el caso del asesinato, en el interior de una celda de la prisión de Villa las Rosas, en la ciudad de Salta, de la joven Andrea Edith Neri, hecho ocurrido en enero de 2017. Neri, que solo había ido de visita a la cárcel, fue ultimada por un recluso que diez años antes había matado a otra mujer en similares circunstancias; es decir, en el interior de otra cárcel vigilada y regulada por el Estado provincial. Después de conocido el crimen y de haberse revelado al ciudadano las gravísimas debilidades de la organización penitenciaria, por cuyo buen funcionamiento debía velar, Calletti se las ingenió -con el apoyo del entonces Gobernador de la Provincia- para huir de su responsabilidad política echando la culpa del suceso al director de la cárcel, a la propia fallecida (en un gesto tan inédito como indigno) y a guardias de prisiones de muy baja graduación.
2) La responsabilidad nunca reconocida de la entonces Ministra de Derechos Humanos y Justicia -máxima responsable de ejecutar las políticas del Gobernador en materia de lucha contra la violencia de género- por la muerte de al menos 65 mujeres que fueron ultimadas por sus parejas o exparejas entre 2014 y 2017, según cifras oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la OCVM para la Provincia de Salta. Ni durante ni después de estos desgraciados sucesos, la ministra Calletti dio explicaciones del inusual número de crímenes machistas que se registraron durante su gestión, con el agravante que, desde el mes de septiembre de 2014 hasta la fecha (periodo que comprende toda su gestión al frente del Ministerio), rige en todo el territorio provincial de Salta el estado de emergencia social por violencia de género. Calletti no ha explicado jamás por qué motivo, a pesar de que el gobierno del que formaba parte tenía a su disposición herramientas políticas y presupuestarias excepcionales para hacer frente a esta patología social, los crímenes contra las mujeres se multiplicaron hasta alcanzar en el año 2017 la inusual cifra de 24 asesinatos.
3) La responsabilidad jamás ejecutada por haber intentado justificar con argumentos alejados de las normas jurídicas vigentes que, como Fiscal de Estado, estaba obligada a interponer recurso de apelación contra la sentencia de un Juez de Garantías de la ciudad de Salta que condenó al Estado provincial como responsable civil de la muerte de cuatro brigadistas que fueron enviados temerariamente a apagar un peligroso incendio forestal en Guachipas.
4) La actuación que cupo a la ministra en relación con la investigación, consecuencias jurídicas y repercusión internacional del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres violados y mutilados aparecieron en la Quebrada de San Lorenzo a finales del mes de julio de 2011. Contra toda evidencia, en abierta pugna con los principios de la justicia universal, la entonces ministra negó reiteradamente (y así lo hizo ante los familiares de las infortunadas visitantes, causándoles enorme perplejidad) que el Gobernador de Salta -como representante del Estado provincial en sus relaciones con otras provincias y otros países- tuviera facultades para instar la reanudación de la investigación del crimen, cuyo esclarecimiento todavía Salta adeuda al mundo.
No más pasos en falso
El gobierno provincial no puede correr el riesgo de perder, a menos de cien días de su instauración, la credibilidad que le han otorgado las urnas.Pero se enfrenta a un peligro de esta naturaleza si por compromisos políticos anteriores o por ataduras de cualquier naturaleza se anima a proponer el nombre de Calletti para ocupar un sillón en la Corte de Justicia de Salta. Pocos entenderían en Salta que a una persona cuya gestión pública se ha visto ensombrecida por una importante cantidad de muertos se le premiara con un cargo de este nivel.
Los antecedentes profesionales de Calletti sin dudas la avalan para el ejercicio de dicho cargo, pero son sus antecedentes políticos -y en especial la elusión controlada de sus responsabilidades- los que la descalifican absolutamente para aspirar a un cargo de esta naturaleza.
De los jueces de la Corte de Justicia no solo se espera ecuanimidad y versación jurídica, sino también un mínimo sentido del decoro. Y si ni la interesada ni el gobierno se preocupan por asegurar el imperio del decoro y de la transparencia, serán los ciudadanos los que tendrán que tomar la palabra.