El proyecto, que pasará a la historia por haber sido remitido a la legislatura sin fundamentación, sin antecedentes y sin exposición de motivos, se da de narices con el objetivo declarado por el funcionario, puesto que de su deficiente redacción se infiere que el gobierno intenta modificar el «número» pero no el «género»
Pero es que además, en su falaz planteamiento, se deja entrever que la modificación del «número» va a operar de forma inmediata -casi mágica- una alteración de la «ecuación de género», en un tribunal cuya composición constitucional (número impar de miembros) impide de forma absoluta la tan anhelada «paridad». Si no se reforma la Constitución, siempre habrá en Salta un número diferente de hombres y de mujeres en su más alto tribunal de justicia.
Aun en el supuesto de que «número» sea igual «género», ¿por qué no dejar que sea el Poder Legislativo el que decida cuántas mujeres y cuántos hombres se han de sentar en la Corte de Justicia? ¿Por qué lo tiene que decidir el Gobernador de la Provincia?
Lo que quiere el gobierno -mejor dicho, algunos funcionarios- es que el «campeón del género» sea el Poder Ejecutivo. Que sea esta autoridad la que se reserve la última palabra a la hora de decidir si los más altos cargos judiciales han de ser ocupados por mujeres o por hombres. Si la intención es aproximarlos en número, ¿por qué no dejar que lo haga la ley y no una graciosa decisión del Gobernador de la Provincia?
Si el engendro de proyecto prospera, el Gobernador de Salta tendrá a su disposición un doble poder de elección que no ha tenido ninguno de sus antecesores. Es decir, decidirá si la Corte tendrá siete o nueve miembros, y decidirá también si estos serán miembros o miembras.
Pero fijémonos en un pequeño detalle. Los ministros que con tal título asisten al Gobernador de la Provincia en su tarea son diez (nueve si excluimos al Secretario General de la Gobernación, que merecería ser excluido por su ignorancia supina del Derecho). De ese pequeño universo de selectos funcionarios, solo dos son mujeres. Y que conste que el gobierno no se constituyó en 1937, sino solo hace 60 días.
Con este elevado sentido de la paridad de género ¿quién puede imaginar que el gobierno persigue una intención noble al aumentar de siete a nueve el número de miembros de la Corte?