El título de «protagonista político» corresponde, por derecho propio, a un innovador profundo de nuestras más prístinas tradiciones jurídicas, a un creador infatigable (o, más bien, irrefragable) de nuevas y vesánicas palabras, al servidor público por antonomasia, pundonoroso como el coronel Cañones, y a quien ejerció -y todavía ejerce- de intendente versátil, de legislador omnisciente, de juez en las sombras del inframundo, de implacable persecutor de conductas desviadas y de gran transparentador de las verdades que se ocultan en las infectas cloacas del Estado.
Pocas personas pueden presumir, como el que aquí llamamos funcionario total (una especie de Johan Cruyff en versión institucional), de haber hecho, en tan poco tiempo, tantas cosas juntas... y no revueltas. ¡Y sin reclamar un aumento de sueldo!
Se podría decir incluso que nadie como él ha hecho todo lo anterior, y al mismo tiempo, se ha enfundado el traje del Chapulín Colorado para salir a defender la dignidad de las mujeres; hasta el punto de que un asunto tan crucial como este ha dejado de ser en Salta una batalla de las féminas vapuleadas para pasar a ser protagonizado por nuestro hombre-orquesta. Sin él de por medio, el feminismo y el #MeToo serían una birria.
Uno de los méritos indiscutibles del personaje es su capacidad para eludir los mandatos jurídicos ineludibles. De verdad hay que tener talento y coraje para escribir y firmar sentencias y luego decidir, sin apenas descomponer el gesto, que las mismas sentencias son de imposible cumplimiento, como sucedió hace relativamente poco tiempo con el enfático pronunciamiento de la Corte de Justicia, que anuló una parte de la tramitación de los primeros concursos de selección para jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Los memoriosos y no tan memoriosos recuerdan que, en fecha 27 de abril de 2018, el Consejo de la Magistratura de Salta dictó la resolución 1348, que resolvió desconocer y declarar de imposible cumplimiento -sin la intervención de ninguna autoridad judicial- la sentencia de la Corte de Justicia de fecha 20 de abril de 2017, pasada posteriormente por el cedazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al final, aquel Consejo tramitó los concursos como le vino en gana y no como dijo la sentencia que había que tramitarlos.
Durante su edad de oro, el protagonista político de la década ha opinado sobre cualquier asunto que se le viniera a la cabeza o que convocara su sobria y engolada presencia ante las cámaras de televisión. Hay que reconocer que sus abundantes apariciones televisivas, por su enjundioso empaque intelectual, solo admiten dos comparaciones provechosas: una con los documentales de Sir David Attenborough en la BBC, y otra con las vernáculas charlas culturales del doctor Abel Mónico Saravia en la década de los setenta del siglo pasado.
Pero, como los tiempos han cambiado, en vez de ataviarse al estilo Doctor Livingstone, o fumar peligrosas pipas como el barbado autor de La Cerrillana, nuestro personaje ha elegido el aristocrático detalle del pañuelito de seda al cuello, que es más propio de los dandys agropecuarios que de los magistrados del Estado, pero que al fin y al cabo ayuda a preservar las cuerdas vocales cuando llega el momento de desgranar discursos interminables.
Todo sea por opinar... sobre la alineación del Barça, sobre el mal estado del pavimento de las calles, sobre la reforma del sistema electoral, sobre el aborto, sobre la contaminación ambiental, sobre la salud mental, sobre la falta de jeringas en los hospitales, sobre la inmaculada concepción de Güemes, y un larguísimo etcétera.
Las suyas no son opiniones normales, puesto que no admiten contradicción. Cualquiera que desee invitar a nuestro personaje a un debate público, con luz y taquígrafos, recibirá probablemente el mismo mensaje que ha recibido el incauto redactor de estas líneas, que pensó que así como la opinión es libre, la verdad o el acierto de estas no viene sancionado por la posición que ocupan las personas en la estructura del Estado, sino que todos, como ciudadanos iguales que somos, nos encontramos en el mismo democrático escalón a la hora de confrontar ideas y pareceres sobre los asuntos más variopintos.
Un individuo con semejante magnetismo personal y con una rebeldía tan innata debe de tener, casi por definición, una relación complicada con la ley. Así lo ha demostrado al pedirle al Gobernador de Salta que «suspenda» la vigencia de una norma sancionada regularmente por la Legislatura provincial, como si el Gobernador estuviese en disposición de hacer algo como eso.
A pesar de las críticas que le han sido dirigidas, se debe tener en cuenta que nuestro protagonista, al lanzar al ruedo semejante iniciativa, solo tuvo en mira defender los sacrosantos intereses económicos de la Provincia (como si fuese el Fiscal de Estado, nada menos) y echarle un órdago devolutivo al gobierno federal diciéndole: si ustedes no nos mandan el dinero prometido, Salta dejará de juzgar a los «pichi» que trafican con pequeñas cantidades de droga, y así esto será una joda.
Ahora, lo que más ha conmovido la sensibilidad del ciudadano de a pie es la petición, recientemente dirigida al mismo Gobernador, de que elimine la cárcel de Villa Las Rosas de su actual emplazamiento, pero no para «velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías de los derechos humanos» en ella (es decir, para proteger a los que están adentro), sino para tutelar los derechos (o supuestos derechos) de los que están afuera, algo para lo cual la Constitución (Art. 166) no le otorga ninguna facultad.
El argumento del inquieto pensador es el de que la cárcel «se ha quedado obsoleta», pero solo de cara al entorno urbano del que forma parte. Pensada originalmente para convertirse en un bastión de las orillas, a solo unas cuantas cuadras del malhadado bajo salteño, ahora la cárcel de Villa Las Rosas, por mor del crecimiento de la ciudad, se ha quedado a unos tres minutos del centro más católico, y lo que debiera ser una preocupación municipal o del centro vecinal de Villa Las Rosas, se ha convertido en un asunto relacionado con el Derecho Penal.
Es un poco triste recordar el episodio, pero dentro de esta misma «cárcel obsoleta» cuyo traslado ahora se reclama, hace exactamente tres años, un preso mató a puñaladas a una jovencita que había ido a visitarlo a su propia celda. Entonces, la preocupación del ilustre «funcionario total» sobre los derechos humanos en las cárceles fue equivalente a cero. Es que incluso habría que agradecerle que ahora se preocupe por las molestias que la cárcel puede causarle a las personas inocentes.
Tocar todos los palos entraña sus riesgos. Uno de ellos es, sin dudas, el ridículo. La historia demuestra que -al menos en Salta- no se puede estar en la procesión y repicando al mismo tiempo. Aunque quién sabe si en este caso tan particular no estamos ante un nuevo Patoruzú; es decir, ante un superpoderoso tehuelche capaz de ir a cabecear el mismo córner que acaba de patear.