Quisiera comenzar este breve escrito diciendo que jamás he dudado de las buenas intenciones del Procurador General de la Provincia de Salta en relación con el esclarecimiento de los crímenes cometidos en nuestro territorio y que han tenido por víctimas a mujeres indefensas.
He discrepado -y todo indica que seguiré haciéndolo- del criterio selectivo que el bueno de don Abel Cornejo emplea para colgarle a uno y otro crimen su etiqueta favorita (la de «aberrante») y, sobre todo, de los métodos (por ejemplo el de los fiscales «fusibles» o las sibilinas campañas de su jefa de prensa) que se están poniendo en práctica para dar a entender de algún modo al gran público que en Salta existe una voluntad firme de acabar con la impunidad de los que matan mujeres como si fuese la cosa más natural del mundo.
Correspondería decir, para poner un poco de relieve esta actitud artificiosa e impostada, que mientras en el mundo la defensa de la vida y la integridad física de las mujeres pasa, en gran medida, por el desarrollo de espacios y de mecanismos de igualdad sustancial, y en menor medida por lo que se conoce como «empoderamiento» (o empowerment), nuestro distinguido Procurador General dedica sus mejores energías a empoderar a los fiscales (léase la nefasta ley que otorga a los fiscales el control del CIF) y, de paso, a empoderarse él mismo.
Hoy, cuando despunta el alba de la nueva década, animado quizá por las burbujas de Barón B (quién sabe si de otro aún más caro), nuestra principal espada en la lucha por la vida de las mujeres ha sacudido la pereza del primer día del año con la propuesta -formal, según parece- de «que diferentes sitios públicos lleven sus nombres» [el de las mujeres asesinadas] «como recuerdo permanente al dolor que debieron sufrir sus familiares y al propio holocausto personal de ellas mismas».
Si esta idea prospera, mañana mismo los motociclistas que circulan sin casco por la avenida Entre Ríos en dirección al estadio de Gimnasia y Tiro se pueden dejar la crisma en el cordón de la platabanda Jimena Salas, o los niños de Villa Lavalle columpiarse jovialmente en la plaza Houria Moumni.
Me parece una idea genial, de no ser por el pequeño detalle de que su impulsor (el Ministerio Público Fiscal de Salta) no tiene como misión la de proponer homenajes callejeros sino la de encontrar a los culpables de los crímenes y proponer su castigo en juicios justos, celebrados después de investigaciones rigurosas, conducidas con exquisito respeto de las garantías procesales y de algunos principios elementales recogidos en la Constitución como el de la presunción de inocencia. Es de esta forma que hay honrar a las víctimas y satisfacer las expectativas de justicia de sus familiares. Una placa más o una placa menos no hace la diferencia.
Demás está decir que así como el Ministerio Público Fiscal de Salta carece en absoluto de competencias para proponer homenajes cambiando el nombre de las calles y monumentos, tampoco las tiene -mal que le pese al señor Cornejo- para formular «políticas públicas» o «políticas de Estado», ni en materia criminal ni en materia de colección de figuritas. Es bueno recordar que el Procurador General no está para jugar a ser un fantasioso creador de soluciones a la carta para cuanto drama humano ande suelto, sino simplemente para observar y respetar la Ley y asegurarse de que quienes deben aplicarla lo hagan con el máximo rigor.
En otras palabras, que sería más bonito, para recordar el «dolor permanente» y achicar su «holocausto personal» que don Abel Cornejo encontrara sin demora a los asesinos de Jimena Salas; se pusiera a buscar inmediatamente y con ganas a los de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, y acelerara el castigo de los que, presuntamente, han ultimado sin razón a Sandra Palomo, antes de proponer que estas infortunadas mujeres tengan una plaza o una platabanda con su nombre.
Sorprendente, sin dudas, es que el Procurador General proponga que uno de estos nombres sea el de Rosana Alderete. Lo es no solamente porque el hoy jefe de los fiscales integró la Corte de Justicia que, a instancias del gobierno, rebajó sustancialmente la indemnización que debía percibir la única hija sobreviviente de la fallecida, sino también porque el mismo Gobernador que le designó primero juez de la Corte de Justicia y luego jefe de los fiscales se encargó, por activa y por pasiva, de oponer, hasta los límites del ridículo, reparos y chicanas para evitar que la joven Yapura Alderete cobrase la indemnización que le correspondía por la salvaje omisión de auxilio del Estado que acabó con la muerte a puñaladas de su madre y de sus pequeños hermanos. Proponer ahora su nombre para un parque, después de haber humillado públicamente a su hija, es sencillamente una canallada.
Ni se me ocurriría -simplemente por miedo- pensar en estos momentos la reacción de Jean-Michel Bouvier (el padre de Cassandre) si llegase a enterarse que el máximo responsable de la persecución pública de los delitos en Salta elige «hacerle un homenaje» a su hija antes que ordenar la reapertura de la investigación judicial del caso, que es por lo que él viene clamando desde hace años, ahora con el auxilio de Brigitte Macron y de otros importantes personajes de la política francesa.
Quiera Dios que con esta huelga que afecta a Francia por la terquedad de los sindicatos en aceptar la reforma de las pensiones se produzca un apagón de Internet en todo el Vº Arrondissement de la capital francesa, que es donde vive Bouvier y que el hombre no se entere de este despropósito, que al único que «empodera» es al señor Abel Cornejo.