Al menos esta es la impresión que transmite la insólita decisión de un fiscal de la Provincia de mandar una «consigna» policial (un agente armado) a la casa de una mujer gravemente amenazada por su expareja, que para más inri también es policía y anda armado.
Esta decisión fiscal se parece mucho a la de apagar un incendio echando sobre las llamas baldes llenos de nafta.
Frente a una situación como la que se produjo hace dos madrugadas en un barrio pobre de Cerrillos, lo primero que deben hacer los fiscales -antes de atizar el fuego- es intentar desescalar el conflicto, sustrayendo de la escena a uno de sus dos protagonistas.
Es decir, que si el fiscal no acierta a detener inmediatamente al potencial agresor, lo que debe hacer es retirar de la circulación con la máxima premura a la potencial víctima y destinataria de las amenazas.
Enviar un policía armado a que la cuide en su casa puede ser una decisión barata, pero frente a una persona enceguecida por los celos hasta extremos criminales, enviar a un «colega» armado equivale a calentar el conflicto más que a enfriarlo. «Gente armada no entiende razones», dice el dicho popular, que es más aplicable que nunca en casos como el sucedido en Cerrillos.
La «consigna», en este tipo de casos, no sirve más que como la interposición de un escudo humano entre la víctima y su potencial agresor. Es, por tanto, una decisión equivocada, inútil y contraproducente, de la que de ningún modo se puede responsabilizar al policía que recibió el encargo.
Siempre pagan el pato los policías o los guardiacárceles
En Salta, nadie se hace cargo de sus errores. Ni los fiscales, ni los funcionarios, ni los ministros lo hacen.Cuando suceden desgracias como la que sucedió hace dos días en Cerrillos, o la que ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas la víspera del día de Reyes de 2017, los que pagan los platos rotos son los policías de menor graduación o los agentes del servicio penitenciario, según el caso.
En Cerrillos, el error con desenlace fatal no lo comete el policía designado para proteger a la mujer amenazada sino el fiscal que ordenó esa medida. En la cárcel de Villa Las Rosas la culpa in vigilando de la entonces Ministra de Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial era tan clamorosa como indigno fue que esa señora haya podido eludir su responsabilidad política y penal en aquellos lamentables hechos.
Casi todos saben en Salta que hay una distancia social apreciable entre los funcionarios, los fiscales y los policías y guardiacárceles. Unos y otros pertenecen a diferentes órbitas sociales. Para los primeros es relativamente fácil cargar en las mochilas de los segundos sus propios errores, sobre todo cuando estos terminan con un velatorio. Los policías y guardiacárceles no pueden defenderse, porque cuando la maquinaria social se pone en marcha contra ellos, no hay quien la pare. Todo está diseñado para proteger al más poderoso y condenar de antemano al que menos. No hay sindicatos ni espíritu de cuerpo ni en la Policía ni en el Servicio Penitenciario, porque la ley salteña, a diferencia de lo que ocurre en otros países democráticos, lo prohíbe de forma tajante.
Por supuesto que los policías cometen errores, y más todavía en Salta en donde la fuerza es tan numerosa que lo último que se puede esperar de ella es una formación coherente y uniforme de sus recursos humanos. Pero aquí es donde tienen una tarea enorme por delante el nuevo Ministro de Seguridad del gobierno de Gustavo Sáenz y la nueva Jefa de la Policía. Uno de los dos, o los dos juntos, deben plantarse ante los fiscales y decirles que los agentes de la autoridad no están para hacerles el trabajo sucio o para pagar errores ajenos. La profesionalización de la Policía de Salta tiene como condición sine qua non el respeto de la dignidad del personal uniformado.
Los agentes de Policía no son los brazos ejecutores de los caprichos fiscales, y tampoco pueden estar en permanente estado de sospecha (de corrupción, de ineficiencia, etc.). La Policía de Salta no es un saco sin fondo en el que se pueda cargar todo lo que a uno se le ocurra. Para evitar que la arbitrariedad y el capricho tome el lugar de las medidas racionales, hacen falta mejores leyes y mejores garantías para el desempeño de las funciones policiales.
La Policía no es solo fuerza bruta, ni puede ser utilizada como tal por quienes deberían tener a la ley de su lado y sin embargo no tienen la fuerza suficiente para imponer sus decisiones. El mundo fiscal de Salta está visiblemente sobredimensionado, y la reforma del Código Procesal Penal de 2011 no ha hecho sino ahondar en este desproporcionado protagonismo. Son los jueces (por arriba) y los policías (por abajo) quienes deben velar por el cumplimiento estricto de la ley y asegurar que los fiscales no caigan en la arbitrariedad más pura, lo cual consiguen invariablemente cuando los acusadores públicos que responden al mando centralizado del defensor número uno de las mujeres de Salta no se hacen cargo de sus malas decisiones.