El desembarco de Morales en Salta representa un desafío mayúsculo para el nuevo gobierno de esta Provincia. No solamente en materia de seguridad, sino también y muy especialmente en materia política.
Si Morales decide instalarse finalmente en territorio salteño (se habla de que podría elegir la ciudad de Orán, próxima a la frontera con Bolivia) esta parte de la Argentina se convertiría inmediatamente en un hervidero político virtualmente incontrolable, algo que por el momento no le conviene al gobierno de Gustavo Sáenz, el Gobernador que ha jurado su cargo hace solo cuatro días y que busca afanosamente crear las condiciones para desarrollar su tarea en paz y con el menor número de conflictos posibles.
Los intercambios de Salta con Bolivia son diarios y abarcan un muy amplio y variado rango de actividades -no solo económicas- que se pondrían automáticamente en peligro si nuestra Provincia, obligada por la decisión del gobierno federal a reconocerle al expresidente boliviano la condición de refugiado político, se convierte en su lugar de residencia y en plataforma de despliegue de su estrategia para reconquistar el poder.
Gustavo Sáenz podría verse de repente atrapado entre la legalidad formal de la ley nacional 26.165 y la necesidad de mantener relaciones razonablemente cordiales con el nuevo gobierno boliviano.
A pesar de los deseos de la presidenta Jeanine Áñez, la República Argentina no podrá limitar la actividad política de Evo Morales mientras este permanezca en nuestro territorio, puesto que el estatus propio de la condición que pretende adquirir legitima la lucha del expresidente contra el régimen que él considera que lo ha apartado del poder sin derecho y de forma autoritaria. Sáenz tendría que tolerar que Salta se convirtiera algo así como en la sede cuasioficial del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en el exilio, con todo lo que ello significa.
Ya no solo es que Salta tenga poca experiencia y pocos servicios administrativos para atender a los refugiados. Se debe tener presente, además, que Evo Morales comparte nacionalidad -y probablemente también ideología- con una parte importante de los habitantes de la Provincia de Salta y esta circunstancia puede derivar en situaciones no deseadas por la democracia salteña, como la instauración de un Estado paralelo en su territorio o la proliferación de movilizaciones y actos que no necesariamente se intuyen ahora mismo como pacíficos.
La presencia de Morales en Salta, finalmente, puede dividir a los salteños y acentuar sus enfrentamientos. Ninguna de estas dos situaciones favorece los planes del gobernador Gustavo Sáenz, más allá de la simpatía o antipatía que su gobierno pueda experimentar ante la presencia de un huésped tan particular.