Se trata de un balance necesario que ni los ciudadanos responsables ni sus dirigentes políticos pueden eludir, y menos en nombre de la euforia postelectoral.
Ya no se trata solamente de exigir una rendición de cuentas que nunca llegará, sino de evaluar, reflexionar y calificar a un gobierno que ha estirado al máximo los plazos constitucionales, y que allá por 2007 prometió a los salteños hacer realidad una esperanza que la mayoría de nuestros conciudadanos se pregunta hoy dónde está.
Debemos preguntarnos, no en qué hemos retrocedido (puesto que los indicadores sociales nos dicen que lo hemos hecho casi en todo), sino muy especialmente en qué hemos sido capaces de avanzar. Esta sí que es una pregunta seria y muy difícil de responder.
Después de 12 años de un gobierno con una altísima concentración de poder en una sola persona, la única conclusión sensata a la que se puede llegar es a la de que durante la última década en Salta no se han producido avances sustantivos o destacables, y que hemos empleado muy mal los pocos recursos que tuvimos en algún momento disponibles para avanzar.
Desde luego no se advierten avances, sino más bien retrocesos, en materia política (anulación de la Legislatura, escasa o nula independencia de los jueces frente al poder político, falta de neutralidad electoral, voto electrónico, subrepresentación de las mujeres, etc.).
Lo mismo -si no peor- sucede en materia social, pues Urtubey se despide alegremente de su cargo dejando a Salta en las siguientes situaciones:
1) Emergencia económica (que es de larga data, pero cuyo gobierno debió superar y no lo ha conseguido);
2) Emergencia social en materia de violencia contra las mujeres; y
3) Emergencia alimentaria.
Al nuevo Gobernador electo no le van a alcanzar los gritos y vítores de sus seguidores para superar estas tres situaciones dolorosas. Se tiene que arremangar y animarse a meter las manos en el lodo.
Poco se ha avanzado -por no decir casi nada- en materia de racionalidad y eficiencia de la Administración del Estado. Cuesta decirlo, pero en el mismo tiempo que dispuso Urtubey para hacer su santa voluntad, el gobierno de Juan Carlos Romero hizo reformas más útiles en este campo. El indicador más fiable de este fracaso es el hecho de que Urtubey llegó al poder como uno de los líderes más activos y visibles de lo que en un momento fue la Escuela de Administración Pública, fundada para ser un think tank con gran capacidad de influencia sobre el pensamiento y la acción de gobierno, pero que -a pesar de haber sido elevada al rango de universidad- terminó impartiendo cursos de peluquería para desempleados.
El gobierno de Urtubey ha presumido y sigue presumiendo de haber equipado los hospitales de Salta con «tecnología de punta», pero la carencia de instrumental médico, así como de facultativos suficientemente preparados en especialidades críticas y de instalaciones físicas adecuadas, es algo que caracteriza al sistema sanitario estatal de Salta. Si durante la década que ahora concluye hasta las personas más humildes han podido sustituir en sus casas los viejos televisores de tubos de rayos catódicos por modernas pantallas LED, es impensable que en el mismo periodo un hospital no haya podido dotarse de nuevos ecógrafos, monitores cardiacos, máquinas de laboratorio o aparatos de diagnóstico. A veces el progreso llega porque llega y no porque nadie lo traiga.
Algo parecido sucede con las carreteras, que se construyen simplemente porque aumenta la cantidad de vehículos y no porque con ellas se pretenda cohesionar el territorio y facilitar la comunicación entre los salteños; y con las escuelas, que se han construido por la extraordinaria demanda que proviene de la peculiar demografía de nuestra Provincia y no porque el gobierno haya planificado de algún modo la mejora de la educación.
Urtubey se despide de su cargo con algo más de 7.000 policías incorporados por él a un servicio todavía deficitario (no en número de hombres sino en eficiencia y transparencia). Puede presumir de haber colocado cámaras en las calles, pero esta es una consecuencia del asombroso abaratamiento de los sistemas de vigilancia electrónica y de la evolución natural de las estrategias de tutela del orden público, más que de una decisión planificada con sentido de futuro. De hecho, las imágenes captadas por las miles de cámaras callejeras que opera la Policía de Salta son cedidas sin seriedad ni rigor a los medios de comunicación para que sus consumidores se deleiten mirando los choques en las esquinas. A pesar de todo este despliegue tecnológico y de lo que cuesta mantenerlo, el delito callejero sigue en auge en Salta. Las cifras de criminalidad no le dan la razón a Urtubey.
También se habla del «avance» que supuso la creación en la pasada década del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), un organismo público que ha alcanzado alguna notoriedad más por los problemas que ha causado, por la falta de preparación científica de sus investigadores, por los crímenes que en vez de esclarecer ha oscurecido, y por ser más parte del problema que de la solución.
La economía de Salta no es más desastrosa de lo que es porque algunos agentes económicos (especialmente los que no se juegan sus fichas a la ayuda providencial del gobierno) se han empeñado en no perder el ritmo del progreso y hacen esfuerzos por incorporar a sus negocios nuevas tecnologías de producción y de comercialización. De no ser por ellos, Salta probablemente sería la capital sudamericana de la burocracia estatal.
Problemas descontados
El principal problema es que el nuevo Gobernador y su equipo conocen esta debacle y la dan ya por descontada en sus cálculos de poder.Es realmente muy preocupante que solo por el empeño de conquistar un cargo se deje de lado la gravedad de unos problemas cuya sola persistencia complica ya de manera extraordinaria la labor del nuevo gobierno.
Y todavía más grave es el hecho, suficientemente comprobado, de que quienes asumirán la responsabilidad de gobernar Salta desde el próximo 10 de diciembre no se hayan dado cuenta ni digan una sola palabra acerca del tremendo déficit civilizatorio que deja Urtubey después de sus doce años de gobierno de concentración de poder.
En Salta ha fracasado la democracia, es cierto; pero también ha fracasado Urtubey. Por eso es que si no somos capaces de reconocerlo, y de exigir las responsabilidades que emergen de tal fracaso, nos arriesgamos a entrar con el pie equivocado en la nueva década.
No se puede rescatar ni mejorar nuestra democracia perseverando en los enfoques narcisistas y en la soberbia del que cree que se las sabe todas. No se puede soñar con tener éxito repitiendo fórmulas que solo conducen al desastre, así como tampoco se puede renovar la confianza en políticos de muy baja catadura intelectual y de moral deficiente. Sobre todo aquellos, que son los responsables de haberles concedido vidas extra a los «intendentes eternos» y de haber convertido a estos en auténticos «barones territoriales».
Para sacar a Salta adelante hace falta enterrar -políticamente hablando- a Urtubey y a su infeliz docenio. Y sin pelos en la lengua, reconocer de una vez por todas que el gobierno que ahora se va lo ha hecho casi todo mal. El tacto diplomático de hoy lo pagaremos a un precio muy alto mañana, cuando no quede más remedio que justificar los futuros fracasos en el peso nefasto de la «herencia recibida».
Gustavo Sáenz tiene delante de sí un desafío superior a sus fuerzas. Necesita claramente de la cooperación de los diferentes, pues no le alcanza con el entusiasmo de sus propios seguidores.
El nuevo Gobernador claudicará frente a este desafío si hace una lectura parcial y fragmentaria de la realidad, o si intenta maquillarla para que los que se van lo hagan sin mayores reproches. Pero acertará si es capaz de darse cuenta y proclamar que el gobierno anterior ha fracasado de forma estrepitosa en la tarea de procurar para los salteños la calidad de vida, la seguridad emocional y el equilibrio psicoafectivo que resultan imprescindibles para que nuestros comprovincianos tengan asegurada su continuidad generacional.
Es esta y no otra la cuesta que debe remontar Sáenz. Es la tarea que más tiempo, energía intelectual y sagacidad política le va a demandar, y la que -de ser resuelta en un plazo razonable- asegurará que el nuevo Gobernador entre en la historia, como no consiguió hacerlo el Gobernador que felizmente se va.