Es prácticamente imposible que personas tan informadas y comprometidas con la marcha de los asuntos públicos de Salta se hayan dado cuenta recién ahora de que las cosas no marchan bien en Salta. Es más razonable pensar que esta misma gente ha permanecido callada durante los últimos años porque a casi ninguno le interesaba o le convenía decirle al gobierno en su cara lo mal que lo estaba haciendo. Ahora que el gobierno se va y no queda más remedio de sacar sus miserias a la luz, algunos se han animado a hablar.
Pero lo hacen tarde.
Hace diez años al gobierno de Juan Manuel Urtubey se le ocurrió reformar el sistema de votación, sin que los ciudadanos lo demandaran y sin que los partidos políticos lo hubieran acordado de ningún modo. La democracia de Salta sufrió una espectacular degradación funcional con la llegada del voto electrónico, que hoy prácticamente un 80 por ciento de los partidos y candidatos critica pidiendo a gritos el regreso del voto de papel.
También pusimos en alerta a los ciudadanos y a los partidos políticos sobre el gran fiasco del Tribunal Electoral de Salta, un órgano autoritario, venal, ineficiente e incapaz de dar la talla que se requiere para organizar unas elecciones democráticas en las que vota un millón de personas. El régimen ha intentado hacer pasar a los empleados y funcionarios de este tribunal como «expertos», capaces de enseñar a los ciudadanos lo que los ciudadanos saber hacer mucho mejor y mucho antes que ellos. El marketing y los intereses egoístas del gobierno han obrado el prodigio de convertir a un hatajo de aficionados que apenas si son capaces de saber dónde están parados en un instrumento clave del sistema político de Salta que funciona, como otras instituciones del Estado, sin controles democráticos de ninguna naturaleza.
Desde hace ocho años venimos insistiendo en que el sistema de elecciones primarias conduce a la fragmentación de la oferta electoral y a la desaparición controlada de los partidos políticos mediante la anulación de su disenso interno. Nadie quiso escuchar en aquel momento. Hoy están pagando las consecuencias de aquella indiferencia.
Han pasado ya más de 20 años desde que por primera vez denunciamos que la ley de lemas primero y la ley de elecciones primarias después provocaban una incontrolable inflación del número de candidatos y la consecuente confusión de los electores. También dijimos que la actividad política se estaba convirtiendo en Salta en un sector económico más, al facilitar el desembarco en ella de personas sin empleo y sin talento que, sin embargo, encontraban en el sistema político una enorme cantidad de incentivos para huir del mercado y planificar su asalto a los puestos del Estado.
Denunciamos también durante mucho tiempo que las campañas pasionales tenían componentes violentos y un coste económico y medioambiental elevadísimo, inasumible para una provincia extremadamente pobre y amenazada de un inminente colapso ecológico.
Por qué tendríamos que olvidar ahora que con la mayor energía condenamos la eternización del Gobernador de la Provincia en su cargo; que fuimos unos de los pocos que se atrevió a poner entredicho la regularidad y licitud de la vergonzosa enmienda constitucional de 2003, ideada por Urtubey para favorecer a Romero primero y después a él mismo. Hoy casi todos reclaman una limitación de estos mandatos; es decir, quieren volver para atrás después de haberse dado cuenta que los gobiernos de 12 años seguidos del mismo Gobernador solo traen miseria e injusticia al por mayor.
Justo ahora -y no antes- los políticos de Salta se han dado cuenta que los dos últimos gobernadores manipularon la justicia a su antojo, y que hicieron de la ley un instrumento de dominación de los ciudadanos cuando debería ser un límite a sus propios apetitos. Lo hicieron de dos formas: una, domesticando a una Legislatura sorprendentemente dócil, poco activa y menos estudiosa; dos, adecuando la legalidad preexistente a sus propias necesidades e intereses mediante interpretaciones alocadas de las normas, a través de jueces encolumnados férreamente tras las directrices del régimen.
No era necesario ser -nunca lo fue- extremadamente inteligente o perspicaz para advertir que cosas como estas estaban sucediendo en Salta, en la mismas narices de los ciudadanos.
Sin embargo, la mayoría se encerró en un silencio cómplice del que ahora pretenden evadirse contándole a los ciudadanos una historia diferente, no con otra intención que justificar un nuevo asalto al poder, justificado en reglas enteramente nuevas que no serán formuladas para mejorar lo que los dos últimos Gobernadores dejaron como herencia, sino para establecer un conjunto de reglas que favorezca una nueva aventura de mando duradera y opaca a los controles ciudadanos.
Si llegar temprano a ciertas cosas trae aparejado sus problemas, llegar tarde como en este caso es mucho, mucho peor.