Primero fue el abortado proyecto de ley para declarar perennes a los actuales jueces de la Corte de Justicia (todos ellos designados por Urtubey). Tras retrocederlo y retirarlo de la Legislatura, el Gobernador se puso de perfil cuando una novel asociación de jueces, sin apoyos políticos de ninguna naturaleza, pretendió utilizar la vía procesal de la acción popular de inconstitucionalidad para lograr el mismo propósito; es decir, convertir a los actuales jueces de la Corte en empleados eternos e intocables, saltándose a la torera el procedimiento de reforma previsto en la Constitución provincial.
Un poco más cerca de la conclusión de su tercer gobierno consecutivo, Urtubey se esforzó para que los nuevos consejeros que ahora forman el Consejo de la Magistratura y cuyo mandato excederá en el tiempo al del Gobernador, respondan la mayoría de ellos a sus dictados.
Casi inmediatamente, y en contra de lo que manda la Constitución de la Provincia, llevó a cabo el famoso «enroque» entre Pablo López Viñals y Abel Cornejo, a los que designó por seis años en sus cargos intercambiados, cuando la suerte de ambos magistrados debía ser decidida por el próximo Gobernador de la Provincia en 2020. Felizmente, los decretos por los que se concretan ambas designaciones son nulos y fácilmente revocables por el próximo Gobernador.
En la misma época se supo del proyecto enviado a la Legislatura para crear un tribunal de apelaciones en la materia del contencioso-administrativo, proyecto que fue felizmente postergado por la Cámara de Diputados después de haberse anunciado como una iniciativa parlamentaria «express», por no decir «fulminante». Sin decirlo, los diputados han entendido que las extrañas prisas del gobierno por sancionarlo como ley no tenían nada que ver con la mayor eficiencia de los tribunales de este orden jurisdiccional, sino más bien con el deseo de Urtubey de que sus amigos se hicieran -antes de que él se marche del cargo- con algunas de las nuevas cinco plazas de jueces y fiscales cuya creación preveía el proyecto.
Ya en pleno invierno austral, Urtubey envió a la Legislatura diferentes proyectos de ley con el objeto de «reformar» el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), tachado de ineficiente y de precientífico, luego de años de andar diciendo todo lo contrario, y para crear nuevas plazas de fiscales.
Al mismo tiempo se conocía la noticia de que conspicuas feministas de su gobierno que después del 10 de diciembre se quedarán sin sustento presupuestario, y algún que otro exministro, presentaron sus candidaturas a los concursos públicos de fiscales y asesores de incapaces convocados por el Consejo de la Magistratura, cuyo calendario prevé que sea Urtubey quien deba finalmente rematarlos con su elección.
Ahora, cuando faltan pocos meses para que concluya el mandato y sin haberlo acordado con ninguna otra fuerza política, Urtubey, con el guiño bienhechor de los jueces de la Corte de Justicia, envía a la Legislatura un proyecto de ley para implantar el juicio por jurados en el sistema penal de la Provincia de Salta.
Si ponemos en fila y conectamos unas medidas con otras, se arriba fácilmente a la conclusión de que Urtubey, en el crepúsculo de su mandato, con su legitimidad reducida, tanto por la derrota electoral de 2017 como por el paupérrimo resultado de las PASO del 11 de agosto, parece obsesionado por practicar cirugía mayor en la justicia penal de su provincia y desesperado por hacerlo antes de que caiga el telón.
Los observadores han puesto más el acento en la «oportunidad» que en la pertinencia o necesidad de las medidas. Critican que Urtubey haya resuelto aprovechar su ascendiente, tanto sobre las cámaras de la Legislatura como sobre la Corte de Justicia, para imponer un nuevo sistema penal, diseñado a su medida, sin haberlo previamente acordado con ninguna fuerza política reconocida en la Provincia.
Critican también que todas o casi todas las iniciativas legislativas relacionadas con la organización y funcionamiento de los tribunales, así como las normas procesales, deban ser «visadas» por la Corte de Justicia, como si este tribunal o sus integrantes ostentaran una autoridad imbatible, también en materia legislativa. Recuerdan estos críticos que si bien la Corte tiene reconocida en la Constitución provincial un cierto grado de iniciativa para proponer leyes, en la práctica esta facultad funciona como exclusiva y no como concurrente, como lo establece el texto constitucional. El «avance» de la Corte en esta materia supone una clara ruptura con el principio de separación de los poderes, en tanto comporta una clara preferencia por la legislación «de expertos» sobre las normas elaboradas, debatidas y sancionadas por los legítimos representantes del pueblo.
Lo que es en cualquier caso innegable es que Urtubey, por razones que solo él conoce aunque los demás pueden llegar a intuir, ha elegido despedirse del poder metiendo mano en todo lo que se mueve alrededor de la justicia penal de Salta, sin que los interesados en que tal exceso mayestático se concrete hayan dicho nada sobre este ejercicio extremo del poder.